El viernes 8 de febrero de 2008 el Defensor Nacional del Pueblo, Wolman Pérez, visitó la ciudad de Barrancabermeja, epicentro regional del Magdalena Medio. Durante su visita se reunió con las organizaciones sociales de la ciudad, quienes le dieron a conocer la situación que en materia de Derechos Humanos se presenta en ésta región del nororiente colombiano. El encuentro estuvo presidido por la secretaria del Espacio de Trabajadoras/es de Derechos Humanos de Barrancabermeja, y estuvieron presentes distintas organizaciones sociales de la ciudad, el director del Sistema de Alertas Tempranas, el defensor del pueblo de Santander y del Magdalena Medio, entre otros.

En el evento se dio lectura al documento central elaborado por el Espacio de Trabajadores/as de Derechos Humanos en el que se explicaba la situación que actualmente enfrenta la ciudad en materia humanitaria, y posteriormente se permitió la intervención de las organizaciones sociales. Intervención especial hicieron la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y la Organización Femenina Popular, quienes contaron con un espacio para profundizar en la persecución paramilitar y estatal que hay contra ellas y sus integrantes.

Entre los principales problemas mencionados por las organizaciones sociales, se encuentran:

* En el marco del desarrollo de la ley 975 del 2005, la mal llamada “ley de justicia y paz”, se han venido presentando una doble victimización de quienes han sido objeto de las acciones paramilitares, pues las víctimas no son incluidos en las comisión de búsqueda de desaparecidos, son irrespetadas en las instancias judiciales y, cuando se acercan a solicitar información, son encaminadas hacia ONG’s de reinsertados.

* El programa presidencial de Derechos Humanos ha incumplido los compromisos adquiridos con las organizaciones sociales: mantener una interlocución permanente y hacer seguimiento para impedir la impunidad en las violaciones a los Derechos Humanos.

* Continua la presencia paramilitar en la ciudad, ahora con el agravante de estar aún más fortalecidas por dineros del narcotráfico. Las organizaciones sociales insisten en que el desarme de las estructuras paramilitares nunca se dio en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio.

* La Fuerza Pública continúa actuando de manera contraria al respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional es uno de las situaciones más preocupantes de la región.

* En las calles de Barrancabermeja la Fuerza Pública está reclutando forzadamente a los jóvenes. Se han presentado casos de reclutamiento de menores de edad e irrupciones del Ejército en los espacios de esparcimiento de los jóvenes y hasta en las propias casas, para obligarlos a acudir a definir su situación militar. Frente a esto las organizaciones juveniles manifestaron su inconformidad por cuanto consideran que es obligación de cada persona definir su situación y no que ésta sea definida por terceros, en este caso la Fuerza Pública.

* Los préstamos denominados “gota a gota” son controlados por los paramilitares, lo que genera un clima de incertidumbre e inseguridad debido al uso de las armas para obligar a los contrayentes de estas deudas a cumplir con las obligaciones crediticias adquiridas. Las organizaciones sociales consideran que el aumento de asesinatos en la ciudad está relacionado con este hecho.

* Creación de asociaciones de desplazados paralelas a las existentes por parte de las estructuras paramilitares. Incluso se han presentado casos de paramilitares que se hacen pasar por víctimas del desplazamiento para recibir los beneficios que el Gobierno destina a esta población.

* Persecución a los medios de comunicación local, los cuales han recibido amenazas para impedirla labor de denuncia que vienen adelantando en la ciudad.

* Persecución estatal contra la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra: el actual proceso de judicialización está encaminada a entorpecer la labor de la ACVC en el restablecimiento de la Zona de Reserva Campesina y a eliminar la denuncia que ésta hace constantemente sobre los atropellos de la Fuerza Pública contra el campesinado.

Llama la atención las respuestas casi protocolarias del Defensor Nacional frente a estos graves hechos denunciados: “estaré atento a las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales contra la población civil en las que presuntamente se encuentra involucrada la Fuerza Pública”, “tomo atenta nota”, ”quedo preocupado”, “transmitiré las inquietudes”… Además de esto, se limitó a citar las estadísticas de casos atendidos por la Defensoría Pública y a ofrecer lo servicios de esta dependencia del ministerio público, en especial los que se enmarcan en la ley 975/05, aún cuando las organizaciones sociales ya habían manifestado su desacuerdo con dicha ley.

Sin embargo, no todo fue protocolo institucional. La propuesta de las organizaciones sociales de adelantar una Audiencia Defensorial en la ciudad para tratar las denuncias presentadas, fue bien recibida por parte del Defensor Nacional, quien se comprometió con la realización de tan importante actividad. Ante este espacio tendrían que comparecer los cuerpos de investigación del Estado, las ONG’s defensoras de los Derechos Humanos, representantes de la Fuerza Pública, la comisión de búsqueda de los desaparecidos, y la sociedad civil en general.

Frente a la situación actual de judicialización que enfrenta la ACVC, el Defensor Nacional ofreció a ésta el servicio de Defensoria Pública. Hecho que aunque se encuentre dentro del deber del Ministerio Público, no deja de ser contradictorio: es el mismo Estado quien ha emprendido acciones tendientes a desarticular a la ACVC; ya es suficiente con que sea él quien la acuse y quien la juzgue, como para que también la defensa esté a su cargo.