El histórico Programa agrario de los guerrilleros de las FARC-EP, proclamado en 1964 , inicia saludando a los “compañeros campesinos”, seguidamente el texto identifica en su primer párrafo el carácter que tiene el grupo insurgente como eje central del movimiento revolucionario colombiano, indicando que “contra nosotros, campesinos del sur del Tolima, Huila y Cauca, desde 1948 se ha lanzado la fuerza del gran latifundio, de los grandes ganaderos, del gran comercio, de los gamonales de la política oficial y de los comerciantes de la violencia”. Desde este punto, se construye el documento sobre tres grandes soportes: (i) las FARC-EP, son una organización político-militar revolucionaria que lucha por la toma del poder y el cambio del régimen; (ii) su soporte y fundamento central son el campesinado; y (iii) los latifundistas son parte esencial de ese binomio gobierno-imperialismo que ostenta el poder.

En su parte programática el texto se divide en un primer componente que contiene los elementos de reforma agraria, tanto de redistribución y titulación de tierras, como de acompañamiento técnico, financiero y mejora en condiciones de vida de los campesinos; un segundo componente se centra en el llamamiento a la unidad de diferentes sectores sociales colombianos con el fin de lograr transformar el sistema político-económico e implementar el programa agrario revolucionario.

Cuarenta y ocho años después de la proclama del Programa agrario se da a conocer el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera , que señala el inicio de conversaciones directas e ininterrumpidas entre el Gobierno y las FARC-EP y presenta como primer punto de agenda el tema Política de desarrollo agrario integral, que tiene a su vez un total de seis subtemas.

En los planteamientos hechos por las FARC-EP sobre el primer punto, se tienen una serie de diez propuestas generales al país y nueve documentos temáticos, lo que da un total, según los voceros de paz del grupo, de cien planteamientos que constituyen la propuesta de desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social en Colombia (DDP, 2013, abr. 11).

Este texto aborda la propuesta agraria elaborada por las FARC-EP en el marco de las conversaciones con el gobierno colombiano, identificando en primer lugar, los planteamientos generales esbozados en las diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario con enfoque territorial; en un segundo momento, se consideran las exposiciones hechas en los documentos temáticos; y finalmente, se presentan algunas conclusiones preliminares. La intención fundamental con el artículo es exponer de manera condensada los diferentes elementos que frente al primer punto de la agenda de conversación presenta una de las partes, las FARC-EP, posteriormente –y una vez se tenga mayor claridad sobre ellos- se realizará el mismo ejercicio con la propuesta gubernamental.

Diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral con enfoque territorial

En la primera de las propuestas generales (DDP, 2013, ene. 15), se condensa lo que es el proyecto de reforma agraria para el grupo insurgente, que viene del Programa del año 64 y que puede ser leído como la segunda actualización de éste, puesto que contiene los elementos fundamentales de la parte programática del documento histórico, así como aspectos propios de la nueva realidad rural y global . Dentro de los componentes continuadores se tienen la reiteración de la existencia de condiciones que atacan al campesinado y obligan al surgimiento de la guerrilla, además de la necesidad de la transformación de la realidad rural, la redistribución de la tierra, el acceso a créditos, acompañamiento técnico y financiero, condiciones infraestructurales para la comercialización de la producción campesina, etc. De otra parte, se observa la incorporación de aspectos y preocupaciones propias de las nuevas dinámicas agrarias nacionales y globales como son la necesidad del reconocimiento de los derechos de los campesinos, la prohibición o limitación a la extranjerización de la tierra, el discurso de lo territorial (para referir a los territorios de pueblos afros, indígenas y raizales, así como para solicitar la estipulación de los territorios campesinos), la consideración de las agriculturas campesinas y capitalistas como modelos que pueden coexistir y articularse, las afectaciones agroalimentarias que trae el libre comercio, el reparar las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo, y finalmente, la incorporación del discurso del buen vivir y del paradigma de la soberanía alimentaria dentro de la apuesta reivindicativa.

Como se observa estos nuevos temas se adecuan a los diferentes cambios que se han gestado al interior del movimiento campesino colombiano y global, así como a las nuevas realidades político-sociales imperantes. Particularmente se destaca cómo en la guerrilla de las FARC-EP se ha presentado una construcción discursiva amplia de reforma agraria que puede leerse más en clave de soberanía alimentaria, la cual se entiende como plataforma política del campesinado mundial que recoge los desarrollos de la reforma agraria y de la lucha contra el neoliberalismo, y los potencia hasta generar una apuesta campesina contradictora del capital global. La reforma agraria propuesta por organizaciones campesinas hoy en día, afirma Silvia Pérez-Vitoria, reivindica una visión global que tiene en cuenta las condiciones de producción y de consumo, no sólo el título de propiedad acompañado de créditos, formación y materiales, se trata ante todo de una refundación de los sistemas agrícolas para favorecer la producción campesina y los circuitos cortos de comercialización de alimentos (Pérez-Vitoria, 2010).

De igual forma, la adopción de lo territorial, indica que la subversión ha avanzado en planteamientos identificando en toda lucha campesina por la tierra una lucha por un modelo de territorio, el territorio campesino.

Otros documentos han desarrollado buena parte de las exposiciones de la primera propuesta. Tal fue el caso de las propuestas II, III, IV y V que abordan además temas como el comercio de proximidad, la necesidad de regular y limitar la gran minería así como de acompañar la pequeña minería, la constitución de un Fondo de Tierras para dotar a campesinos y mujeres que carezcan de tierras y la revisión de la política de tributación como instrumento de desconcentración. Llama la atención el planteamiento de una nueva ruralidad, contemplada en la propuesta tres, que no hace relación a la “nueva ruralidad” que busca por medio de la pluriactividad planificada por sectores externos al agro (básicamente tecnocracia) la pérdida del control por parte de los campesinos de sus actividades y de los medios de producción, particularmente de la tierra (Pérez-Vitoria, 2010, 164). La propuesta de las FARC se aparta de la definición común para caracterizarla como aquella “basada en la democratización de las relaciones urbano-rurales, y en el principio de la justicia territorial, que supere visiones extractivistas y utilitaristas del mundo rural y reconozca en él sus potencialidades políticas y culturales para el desarrollo del país y el buen vivir de su población” (DDP, 2013, ene. 21). De igual forma, los insurgentes proponen una unidad de propiedad, la Unidad Agrícola Campesina, en contraposición a la actual UAF, lo que denota su distanciamiento con la figura que poco eficiente ha sido a la hora de garantizar el mínimo vital y el acceso a condiciones de vida digna a las familias campesinas. La identificación como “campesina” a la unidad agrícola de tenencia, resalta nuevamente la centralidad del sujeto y de lo campesino en sí para las FARC, que en cierta forma era desconocida en la actual unidad al hacerse relación a lo “familiar”.

En las propuestas 6 y 7, se aborda el tema territorial, en las cuales se hace un reconocimiento a las diferentes territorialidades existentes (afros, indígenas, raizales y palenqueras), además de estipularse dos tipos no reconocidos jurídicamente hoy. El primero, los territorios interétnicos, definidos como “territorios de coexistencia de las diferentes formas culturales de vivir de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, con regulaciones colectivas propias y atendiendo principios de autonomía y autogestión” (DDP, 2013, ene. 24) y el segundo, los territorios campesinos, que tendrían los mismos alcances que los territorios indígenas y afros establecidos normativamente. De estas nuevas figuras territoriales, es importante afirmar que plantean reconocimiento legal a realidades de la ruralidad nacional que jurídicamente no están reguladas. El anterior es el caso de la construcción interétnica de territorios, la cual particularmente se dio masivamente con el aumento del desplazamiento forzado de zona rural a zona rural; igual ocurre con los territorios campesinos, orientados a considerar las configuraciones socio-espaciales determinadas por los campesinos especialmente en las zonas de colonización y en las áreas alejadas de los centros urbanos, y específicamente a valorar el papel desarrollado por las Juntas de Acción Comunal y para el caso de las zonas de reserva campesina, por las organizaciones impulsoras o representativas de los intereses de los colonos. Por otra parte, el solicitar la adopción interna de la Declaración de derechos de los campesinos de la ONU y el Acuerdo 141 de la OIT, es interesante en cuanto abre la puerta a una discusión no manifestada directamente en los puntos anteriores: el desconocimiento y ausencia en la carta constitucional del campesinado colombiano, sus derechos particulares y mecanismos de protección reforzada a éstos.

La soberanía alimentaria, la investigación y el desarrollo científico-tecnológico, y la revisión de los acuerdos y tratados supranacionales de regulación comercial, de inversión y propiedad intelectual son los temas que abordan las propuestas VIII, IX y X. El punto ocho, desarrolla lo que para las FARC es un elemento conexo con la soberanía alimentaria: el comercio justo y de proximidad. No obstante, además de la economía campesina y su relacionamiento en condición de justeza con el consumidor, la organización guerrillera reconoce otras modalidades de producción de alimentos, como la agroindustria para mercados externos, que pueden ir de la mano con la producción familiar mediante los polémicos “encadenamientos”. Por otra parte, se enuncia en el punto nueve la realización de un Censo Rural y Agrario, el cual es definido y desarrollado en un documento posterior por la Delegación de paz, y finalmente en la décima propuesta, en el tema del comercio internacional se rechazan una serie de implicaciones que sobre lo agroalimentario ha tenido el capitalismo neoliberal globalizado, como son el acaparamiento de tierras, el uso de alimentos como commodities, los organismos genéticamente modificados y los monopolios de los insumos para la producción agrícola.

En el último comunicado, indica la organización guerrillera que “Las diez propuestas aquí presentadas, demandan la conformación de una nueva institucionalidad estatal y social de la economía y la sociedad rural colombiana” (DDP, 2013, ene. 25), en lo que sería una exigencia de sustitución de las principales instituciones relacionadas con el agro actualmente existentes, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el INCODER.

Documentos temáticos sobre el punto agrario

Posterior a las diez propuestas las FARC han venido presentando una serie de documentos temáticos donde desarrollan buena parte de los postulados esbozados en las propuestas anteriores, de éstos se destacan algunos aspectos, con relación a la tierra, al territorio y los derechos de los campesinos: (a) en el primer texto titulado Ocho propuestas mínimas para el reordenamiento y uso territorial (DDP, 2013, feb, 08), se presenta la construcción de una territorialidad rural a partir de la democratización de la agricultura y la alimentación, es decir, a partir de la soberanía alimentaria, entendiéndose esta como principio director del ordenamiento territorial rural, lo cual da cuenta de la apropiación hecha por las FARC del concepto y sus potencialidades, además el documento indica la necesidad de aumentar el área nacional para agricultura a 20 millones de hectáreas, las cuales tendrían origen en las tierras dedicadas al latifundio ganadero; (b) se presenta la producción de alimentos como la finalidad principal de la ruralidad nacional, por lo cual la extracción de recursos minero-energéticos debe ser limitada, controlada y, llegado el caso, prohibida; (c) el reconocimiento de un catálogo de derechos para los campesinos, incluyendo el derecho a la tierra y al territorio sigue siendo un aspecto central, proponiéndose la creación de las zonas de producción campesina de alimentos, como una figura territorial con rango constitucional que abarcaría un mínimo de 7 millones de hectáreas; de igual forma se contempla la destinación de 9 millones de hectáreas para zonas de reserva campesina .

Tanto las zonas de reserva campesina como las zonas de producción campesina de alimentos constituirán las dos figuras principales de territorios campesinos los cuales “gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación” (DDP, 2013, feb, 11), los recursos para los territorios campesinos tendrán origen constitucional; y (d) se reconoce que el campesinado no es un factor de deterioro ambiental y que perfectamente la presencia campesina se puede dar en zonas de conservación ambiental (DDP, 2013, feb, 11).

Por otra parte, en el tema alimentario, los insurgentes señalan que debe dársele carácter de fundamental al derecho a la alimentación adecuada y la constitucionalización de la soberanía alimentaria, contemplan también la estipulación de una política prioritaria de Estado orientada a la erradicación del hambre y la desnutrición, titulada Programa Especial de Hambre Cero con un presupuesto equivalente al 1% del PIB, el cual tendría origen en el actual gasto en seguridad y defensa, así como la conformación de un Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (DDP, 2013, feb. 19). Otra de las propuestas generadas por las FARC es la necesidad de elaborar un Catastro al servicio de la soberanía, los desplazados y los desposeídos del campo, como forma de actualizar la información sobre la realidad de la propiedad rural, que vaya más allá de cuantificar información sobre los predios y propietarios y de cuenta de aspectos fundamentales sobre lo rural y lo territorial en los campos colombianos, enfatizándose en la necesidad de constituir un “Fondo de tierras para la transformación rural integral en función de la paz” (DDP, 2013, feb. 25), el modelo apunta a la superación de la reforma agraria asistida por el mercado impulsada en los 90 por el Banco Mundial (market-assisted land reform) propuesta en la Ley 160 de 1994 y en las diferentes convocatorias para dotación de tierras a población víctima de desplazamiento forzado, apuesta clave, si se considera que la reformas agrarias de mercado al permitir que los campesinos pobres paguen por la tierra, producen la institucionalización y no la corrección de la injusticia social (Pérez-Vitoria, 2010, 33).

En las Ocho propuestas mínimas para el reconocimiento del derecho a la tierra y el territorio de las comunidades, las FARC afirman que las comunidades construyen territorios desde lógicas ajenas a la lógica mercantil impuesta por el capitalismo global, lo cual ha sido un planteamiento poco desarrollado en nuestro país en el escenario jurídico. La diferenciación de las lógicas indígenas, afros, raizales y palenqueras de las lógicas del capital fue abordada por la Corte Constitucional que señaló la existencia en el país diversos modelos económicos, como es “el caso de las economías de subsistencia de las comunidades indígenas que habitan el bosque húmedo tropical colombiano, en contraste con la economía capitalista” (Corte Constitucional, 1993). Este mismo texto apunta a indicar que en la construcción histórica del territorio se ha dado la convergencia de diversas formas culturales de vida y de producción por lo cual se deben reconocer constitucionalmente los territorios interétnicos e interculturales, así mismo se presentan los elementos orientadores de su funcionamiento y estipulación legal (DDP, 2013, mar. 12).

Otro punto abordado en los documentos temáticos es el del trabajo en el campo, identificando la vulnerabilidad y proponiendo medidas especiales de protección para los habitantes de la ruralidad sin tierra y los trabajadores agrarios, especialmente mujeres y jóvenes, lo cual va en línea con los diagnósticos y avances en protección presentados en el derecho internacional de los derechos humanos. Las FARC plantean la implementación de medidas de protección laboral y seguridad social para los trabajadores agrarios y de otras actividades rurales, así como políticas de empleo para el campo, como aportes para la superación de la desigualdad y la pobreza rural (DDP, 2013, mar. 14). En la misma línea de reducción de la brecha existente entre campo y ciudad proponen los insurgentes la implementación de una serie de mecanismos macroeconómicos que permitan superar los niveles de pobreza y pobreza extrema existentes en el campo, mecanismos dentro de los que se encuentran la destinación durante los próximos 10 años del 5% del PIB para un Fondo extraordinario para la justicia social territorial (DDP, 2013, mar. 20), así como la necesidad de implementar políticas de compra pública de productos de la economía campesina y la protección frente a afectaciones originadas en el modelo económico y el comercio exterior. Ligado a lo anterior, se identifica la desmilitarización de las zonas rurales, la sociedad y el Estado como una necesidad para la democratización de las relaciones urbano – rurales (DDP, 2013, mar. 20).

Finalmente en las dos últimas propuestas se abordan elementos relacionados con la protección ante el capital global transnacional y la reforma de la institucionalidad rural. En el primer sentido, se hace énfasis en el rechazo al libre comercio, especialmente de los TLC, TBI y mecanismos de solución de controversias; por otra parte, proponen las FARC prohibiciones a la extranjerización de tierras, el acaparamiento y el uso de transgénicos; la protección de la propiedad intelectual de las comunidades rurales; y el fomento a la integración regional. En lo correspondiente a la reforma institucional, esta parte de la necesidad de una reforma estatal puesto que “las políticas y medidas […] formuladas (Cien propuestas), sólo serán posibles si se emprende un proceso de reforma y reestructuración del Estado que garantice contenidos y diseños de política pública en función de los intereses de la sociedad, en general, y de la población del campo en particular. Ello implica, desneoliberalizar y desprivatizar el Estado para ponerlo al servicio de la soberanía nacional y de la transformación democrática y del desarrollo del campo; recuperar su capacidad de liderazgo; y promover su acción planificada. Además de su función productiva y de provisión de infraestructura, se requiere un Estado profundamente comprometido con la superación de la desigualdad y la pobreza y el buen vivir de la población” (DDP, 2013, abr. 24). Sumado a la reforma estatal se expone por parte de los insurgentes el requerimiento de una reforma institucional y una nueva regla fiscal, lo cual se debería posibilitar vía asamblea constituyente.

Conclusiones preliminares

Las propuestas presentadas en el marco de las negociaciones entre Gobierno Nacional y FARC-EP, compiladas en las diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral con enfoque territorial y los documentos temáticos dan cuenta que efectivamente se está ante un movimiento guerrillero cuyo soporte y fundamento es el campesinado. Lejos de estar ante una guerrilla “anquilosada” ideológica y políticamente, se está, en el caso del abordaje de lo agroalimentario, ante una organización que hace lecturas sobre realidades campesinas no sólo en clave local o nacional (difícilmente se podría afirmar que se piensa el agro mirándose a sí mismas en “sus retaguardias”), sino que dialoga con la actualidad y realidad político-social del campesinado colombiano y global, así como analiza y propone considerando la principal amenaza que se cierne sobre el campesinado: el capitalismo global.

No obstante lo detallado de los documentos presentados por las FARC, se encuentra que existe disparidad en el abordaje de los temas. Por ejemplo, algo tan fundamental como la necesidad del cambio institucional no presenta mayores desarrollos, igual ocurre con el tema de infraestructura para la economía campesina.

Por otra parte, algunos temas no son trabajados, como es el caso de la ganadería, que además de ser una amenaza para el campesinado (en su versión extensiva) tal como señalan los documentos y representar actualmente un modelo retrógrado de ruralidad, se proyecta como una actividad que continuará presente en la realidad nacional y difícilmente podría en un periodo de diez años perder el poder político; adicionalmente plantea incorporar nuevos territorios nacionales, así como la implementación de monocultivos agroindustriales y tecnologías funcionales a la producción ganadera (especialmente en la Altillanura). Sumado a lo anterior, FEDEGAN se presenta como el principal opositor al actual proceso de negociación y se muestra como un fuerte contradictor en el escenario precandidatura presidencial por parte del Uribismo.

La propuesta de las FARC recoge las principales demandas del campesinado tanto las históricas como las surgidas a partir de conflictos recientes, lo que representa un logro para los campesinos (al ser consideradas por una de las partes en la mesa) y evidencia lo transcendental y central del tema agrario y campesino para el proceso de paz, como lo señala Cesar Jeréz, de ANZORC, las propuestas son: “fundamentales para el debate y para la solución de los problemas de la tierra, la cuestión agraria y el desarrollo rural en Colombia. El decálogo y las cien propuestas que lo desglosan son un punto de partida determinante para el futuro del proceso de paz, el establecimiento de acuerdos y el logro de una paz estable y duradera para Colombia”.

Notas:

1. “Programa agrario de los guerrilleros de las FARC-EP”. Proclamado el 20 de julio de 1964 en el fragor de la lucha armada de Marquetalia, corregido y ampliado en la Octava Conferencia Nacional de las FARC-EP, Abril 2 de 1993. La versión que se revisó para el presente artículo es la que figura en el texto: Corporación Observatorio para la Paz (1999).

2. Entre uno y otro documento existen, evidentemente, diferentes pronunciamientos, discursos y artículos de integrantes del Secretariado que por razones de espacio no serán abordados en este ensayo, pero que efectivamente representan una continuidad sobre las lecturas fundamentales en materia agraria, así como un abordaje de temas actuales y de contexto.

3. Nuevos aspectos que serían resultado de planteamientos de los insurgentes, así como de las propuestas allegadas por participantes de los diferentes espacios y medios estipulados en el marco de las negociaciones: “Las FARC-EP han estudiado con atención las propuestas que el pueblo presentó en eventos como las Mesas Regionales de Paz impulsadas por las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, el encuentro internacional Pueblos Construyendo Paz, el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral (enfoque territorial), las propuestas enviadas a la página Web dispuesta por la Mesa de Conversaciones, entre otras iniciativas que deben motivar la máxima participación y la presencia directa de la ciudadanía en el proceso de paz […] Del estudio de tales propuestas y reflexiones, hemos tomado las conclusiones centrales para esbozar una posición preliminar referida al primer punto del Acuerdo General” (DDP, 2013, ene. 15). En el mismo sentido señaló la Delegación de Paz en el Saludo al Tercer Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina: “con las propuestas de nuestros compatriotas del campo, entre las que se encuentran las de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, hemos organizado y presentado para la discusión con el gobierno, gran parte de nuestros planteamientos” (DDP, 2013, mar. 24).

FUENTES

CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ (1999), Las verdaderas intenciones de las FARC, Bogotá, Intermedio editores. pp. 24-31.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA (1993), Sentencia T-380 de 1993. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP (2013, ene. 21), Comunicado. Desarrollo Rural para la paz: Propuestas dos y tres. Las FARC siguen alimentando la agenda de paz y proponen una "nueva ruralidad". Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162558

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP (2013, ene. 15), Comunicado: PRIMERA PROPUESTA AL PAÍS. Las FARC instan al Gobierno a avanzar en el diálogo y proponen una reforma agraria integral. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162252

PÉREZ-VITORIA, Silvia (2010), El retorno de los campesinos. Una oportunidad para nuestra supervivencia, Barcelona, Icaria.