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Entrevista a Miguel Cifuentes, dirigente de la ACVC
Nos explicó el tema de las constituyentes y el papel del movimiento campesino en el proceso de paz.
Agencia Prensa Rural / Miércoles 22 de mayo de 2013
 

Miguel Cifuentes es miembro de la Junta directiva de la ACVC en la región del Magdalena Medio, perteneciente al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

¿Cómo llegó a Marcha Patriótica?

Llegué a Marcha Patriótica a través del proceso social y político en el que la ACVC decide ser parte y decide también fortalecer desde el Magdalena Medio. Y desde hace dos años, a partir del 20 de julio de 2010 que llegamos a Bogotá con una delegación del Magdalena Medio hemos venido participando en la construcción de todo el ejercicio de lo que significa el movimiento social y político Marcha Patriótica. En ese sentido, la ACVC destacó algunas personas desde su interior para hacer parte y contribuir a la dinamización regional y nacional del Movimiento Marcha Patriótica.

¿Cómo considera usted la situación del campesinado a nivel nacional y enfáticamente en la región del Magdalena Medio?

El Magdalena Medio no es ajeno a la política del gobierno y los “fenómenos” que se han realizado en el país de contra-reforma agraria. Sabemos que en este país hay casi cinco millones de desplazados, producto de los intereses del gran capital transnacional, del narcotráfico y que hace además parte de una estrategia de Estado en términos de desplazar grandes masas campesinas, indígenas, afros de grandes territorios, para entregar estos territorios a las multinacionales o a la inversión extranjera.

En el Magdalena Medio, tenemos la particularidad de que es una región estratégica, ubicada geopolíticamente porque está casi en el centro del país y además está el tema minero-energético; está la principal refinería del petróleo del país, los principales campos petroleros también se encuentran allí y el tema de la minería de oro en la Serranía de San Lucas; el tema del monocultivo de la palma africana en el Magdalena Medio, el tema del transporte de adaptar esta región a las exigencias del TLC con Estados Unidos, con Europa, el términos que allí tenemos vía férrea, vía acuática, aeropuerto, vía terrestre. Entonces hay todo un intercambio de materias primas que deben salir a los puertos en el occidente, en el Pacífico, en el Atlántico y también hacia la frontera con Venezuela y Panamá.

Entonces allí está el cruce de varios temas bien importantes para el desarrollo que el gobierno piensa. El tema de las tierras, en la medida que el gobierno tenga el control sobre la tierra puede entregárselas a las multinacionales. Esta región se ha caracterizado por ser de economía campesina, históricamente ha sido colonizada por todos los desplazados que produjo la violencia de los años cincuenta, de la violencia política liberal-conservadora y a partir de allí se empezó a colonizar todo este territorio. Esa misma lógica que se ha desarrollado en el Magdalena Medio, es la misma lógica que se ha desarrollado en el país donde llegan los colonos, civilizan la tierra y después llegan los grandes terratenientes, latifundistas, con grupos armados, desplazan la gente, se quedan con la tierra civilizada y hacen ganadería extensiva. Esa misma lógica es la que se ha aplicado en todo el territorio nacional.

Para el gobierno, para la política gubernamental nunca la economía campesina fue tenida en cuenta como un aspecto importante en el tema del desarrollo rural y siempre ha sido estigmatizada, nunca se ha fortalecido, nunca se le ha implementado, como se hace con la agricultura comercial a la cual tienen incentivos, tienen subsidios por parte del Estado todas las garantías y ese sector “puede” desarrollar la agricultura en Colombia. A la economía campesina han intentado desaparecerla y convertir a todo el campesinado en mano de obra barata de los emporios grandes de las empresas de palma africana o trabajadores de la minería, de lo que hoy necesita el gobierno en su locomotora minera.

Nosotros nos resistimos a que la economía campesina desaparezca porque es la que le da casi el cien por ciento la autonomía alimentaria a este país viene de la producción de la economía campesina; a pesar de que no tiene el respaldo del Estado, no tiene le respaldo del gobierno, tiene la capacidad de resistir, sobrevivir, en medio de todo el embate del modelo neoliberal, del modelo de desarrollo económico que se desarrolla en país y de la persecución porque al campesinado siempre se le ha tildado o estigmatizado que apoya a la insurgencia y en ese sentido se justifican permanente para judicializar, para ilegalizar las organizaciones, los líderes, los territorios precisamente con el objetivo de entregarlo, de una u otra manera. Se utilizó la estrategia paramilitar en un tiempo que fue bastante dura contra el campesinado, porque hubo masacres, desplazamientos, asesinatos, desapariciones de comunidades enteras y a pesar de esa arremetida paramilitar que hizo mucho daño, la gente pudo resistir, el campesinado pudo resistir en le Valle del Río Cimitarra y mantener la bandera, por ejemplo, de la Zona de Reserva Campesina que es la única figura jurídica en la legislación colombiana que de alguna manera reconoce al campesino como un sujeto social y político y que tiene derecho a planificar su territorio.

Por analogía, debiera haber una ley así como la tienen las comunidades afrodescendientes y la comunidad indígena. El campesinado tiene una figura dentro de un capítulo, dentro de una ley y no somos reconocidos ni en la Constitución Nacional cuando nos dan la categoría de trabajador agrario. Pero al menos esa figura de Zona de Reserva Campesina permite hacer un ordenamiento del territorio y plantearnos la visión de desarrollo que nosotros consideramos que se debe plantear desde el campesinado y no la visión de desarrollo impuesta desde el establecimiento y en ese sentido esa es la bandera y es la que estamos hoy desarrollando en la región del Valle del Río Cimitarra.

En la medida que esa figura, para nosotros, es un mecanismo de prevención al desplazamiento, es un mecanismo que protege la tierra para el campesino, protege el territorio, permite que la cultura, las tradiciones que han caracterizado a la economía campesina se mantengan, o sea que podemos preservar una forma de ver el mundo y una visión del desarrollo ya que el campesinado colombiano nunca se ha pensado en que es una economía para el enriquecimiento. No se trata de enriquecerse en una finca de unas pocas hectáreas, con unos cultivos de pancoger, con unas especies menores: unas vacas para la leche. La filosofía de la economía campesina es una filosofía de la producción y reproducción de la familia, lo importante allí en ese pedazo de tierra es reproducir un hogar, es la prioridad; no llenarse de plata o la renta a través de lo que plantea el desarrollo convencional, en el marco de la agricultura comercial que es apoyada por el gobierno.

¿Por qué toda esa lucha campesina no está representada en la mesa de diálogos de paz en la Habana? ¿La mesa está coja?

Primero, porque si vemos la composición de la mesa, el establecimiento está bien representado: están los gremios, el gobierno, los militares, los policías y eso está bien desde el punto de vista del establecimiento. Desde el punto de vista de la insurgencia, ellos se representan con toda su filosofía, toda su concepción del mundo, con todos sus planteamientos que los llevaron a que existiera el conflicto armado y también es un avance que las voluntades por parte del establecimiento y la insurgencia se acerquen a dialogar.

Consideramos que el movimiento popular no está representado, ni por gobierno, ni por la insurgencia y en ese sentido sí es importante que el movimiento popular, no solamente el campesinado sino también los afrodescendientes, los indígenas, los desempleados, los obreros, las amas de cama, la comunicación alternativa, los trabajadores de la cultura… en síntesis: las víctimas del modelo de desarrollo económico tenemos que estar en esa mesa porque no somos otra cosa sino las víctimas del modelo de desarrollo. ¿Dónde se refleja la representación del modelo de desarrollo? En la comisión que ha destacado el gobierno y ¿quién está en contra? La insurgencia.

Pero las víctimas del modelo, no aparecemos por ningún lado: los campesinos, los afros, los indígenas que luchan por la tierra, el Estado se la está quitando a través del modelo, de la locomotora minera. Los obreros que luchan por sus reivindicaciones laborales, cada vez hay más flexibilización laboral, más temas que ponen en riesgo la posibilidad real de la pensión, por ejemplo. El tema de la salud, el tema de la vivienda, en fin. Hay una cantidad de víctimas con muchos matices, pero que a la larga todos somos del conjunto: víctimas del modelo de desarrollo rural.

Entonces ese movimiento popular, tiene que estar representado por personas que tengan la legitimidad. El gobierno ha planteado la idea del Consejo Nacional de Paz pero en Marcha consideramos que el Consejo Nacional de Paz, primero, de los veinte años que lleva ha sido totalmente inoperante y segundo, no es el escenario que no representa. Allí pueden haber personas muy válidas que pueden representar sus intereses pero a la larga es un escenario controlado por le gobierno y por lo tanto está intermediando la participación del movimiento social y popular y nosotros consideramos que nuestra participación en esa mesa de diálogo no puede ser intermediada por el gobierno, porque estaría sesgada a unos intereses y en ese sentido, sí consideramos que hablamos de una tercera pata a esa mesa, y esa tercera pata es el movimiento social y popular.

¿Qué propuestas de paz por parte del campesinado existen desde el movimiento popular?

Desafortunadamente son las figuras institucionales las que permiten de alguna manera que el Estado se vincule “obligatoriamente”. Nosotros tenemos muchas propuestas desde el movimiento popular: la propuesta de ley alternativa de tierras, por ejemplo, que recoge la visión del movimiento campesino, indígena, afro de este país donde hay varias plataformas que respaldamos esa ley alternativa. Pero esa ley no va atener posibilidades en el Congreso debido a que no hay una correlación de fuerza que permita que se apruebe esa ley.

Tenemos propuestas que están recogidas dentro de la ley alternativa que son los territorios inter-étnicos y eso se observa mucho en el Cauca, en el Valle del Cauca donde tenemos indígenas, afrodescendientes, campesinos compartiendo un mismo territorio. Así que no se puede hegemonizar ninguna de las figuras institucionales en el momento, como los resguardos, como las comunidades afros o las zonas de reserva campesina. Habría que pensarse una figura jurídica que contemple esa diversidad étnica y que pueda responder a esa realidad, esa es la propuesta: que se desarrolle desde la legislación una figura acorde a la realidad de estas regiones y desde luego, eso tiene que ser vinculante con el Estado y eso se resuelve a través del Congreso. Entonces, siempre y cuando no haya una correlación de fuerzas que permitan en el legislativo, avanzar, pues difícilmente.

Ahora la idea es romper esquemas porque hoy, por ejemplo, hay un código minero que está planteando la minería en el país y está llevándose por delante la minería artesanal, la minería que llevaba siglos en este país desarrollándose y que las comunidades llevan décadas beneficiándose, sobreviviendo de una forma de extraer un metal como el oro y que hoy una multinacional llega y lo puede sacar en dos, tres, cuatro, cinco años, mientras que las comunidades podrían continuar extrayéndolo durante otro siglo u otros dos siglos de una manera sostenible e realidad, sin impactar negativamente el medio. Nosotros estamos por un código minero alternativo, pero no tenemos el poder para que se desarrolle, se resuelva y se regule y, en ese sentido, lo que busca Marcha es poner en los diversos temas álgidos del país, propuestas para discutir, para desarrollar con la gente y que esperemos en la medida que este proceso avance poder hacer incidencia política y que puedan tener cabida desde las realidades cotidianas en el legislativo para que se puedan cumplir.

¿Cómo es la propuesta de Constituyentes por la Paz y cómo se contrasta con las Mesas Regionales de Paz?

En el 2011 hicimos un Encuentro por la Tierra y la Paz de Colombia en Barrancabermeja donde asistieron más de treinta mil personas y en su manifiesto, uno de sus puntos gruesos, además de que el gobierno se sentara a dialogar, que de hecho está sentado, era convocar al constituyente primario que discuta sobre el tema de la paz y en esa propuesta quedó consignada que se deben hacer constituyentes municipales, departamentales y llegar a una gran constituyente nacional para exigirle a las partes del conflicto que se sienten a dialogar pero que se entienda que la paz es un derecho y es un deber del Estado garantizarla.

Es la propuesta de Marcha Patriótica de constituyentes el escenario donde vamos a exigir nuestra participación como movimiento popular, como parte de esa tercera pata sin la intermediación del gobierno, directamente reclamamos nuestra participación. Las Constituyentes por la paz son una iniciativa de Marcha, con otros sectores que se vienen adelantando y no es una propuesta organizativa si no es una propuesta para que haya discusión sobre los diversas temas que generan conflicto en los municipios y que se plantee la resolución de los mismo; con todas las fuerzas vivas, los gremios, las instituciones que existan en este municipio o departamento.

Pero también hay otras iniciativas, como el Congreso de Paz que está adelantando el Congreso de los Pueblos, que es bien importante; que también reclama la participación directa. Hoy el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica y COMOSOC tenemos una propuesta conjunta que se llama La Ruta Común Social para la Paz y es donde estamos incorporando las Constituyentes, el Congreso de Paz… todas las iniciativas del movimiento popular en la exigencia de participar directamente en esa mesa de diálogo.

Como ya mencionábamos, está la propuesta del gobierno que son los Consejos Regionales de Paz y que nos queda muy difícil permitir que una de las partes del conflicto intermedie nuestra participación ante la mesa de diálogo porque va a estar muy sesgada y va a estar controlada y esta parte, que en este caso es el gobierno, va a definir de acuerdo a sus intereses qué conclusiones se resuelven en los Consejos Regionales de Paz. No tiene sentido entonces que nosotros nos dejemos intermediar por una de las partes del conflicto; es como si fuera la insurgencia que planteaba también algo similar.