El 15 de marzo de 1999 comenzó a escribirse el peor periodo de la historia reciente de la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Ese día, en una larga entrevista que le concedió el paramilitar Carlos Castaño Gil al diario El Tiempo, anunció la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a esa zona fronteriza: “Este año va a haber fuerte confrontación con el ELN.

Nuestras tropas están avanzando en este momento hacia el norte, en Santander, y el mayor escenario de confrontación se va a establecer en las riberas del río Tarra, donde permanecen ‘Gabino’ y ‘Antonio’ cuando no están vacaneados en el extranjero. El país tendrá que entender lo que va a suceder allí”.

Lo que vino semanas después fue una despiadada incursión de facciones paramilitares que dejaron sangre y desolación en las veredas. Caminos, trochas y cunetas se comenzaron a llenar de muertos, la mayoría civiles, y el Estado, impasible, no hizo nada por defender a los campesinos; es más, algunos sectores fueron cómplices. Eso está probado ante la justicia.

Uno de los pocos funcionarios que se atrevió a quejarse de ese abandono fue Iván Villamizar, Defensor Regional del Pueblo, días después de un inútil consejo de seguridad realizado en Cúcuta y que encabezó el entonces presidente de la República, Andrés Pastrana Arango: “Es necesario que se le diga a la comunidad qué clase de medidas se adoptaron, si las que se tomaron no fueron aplicadas o resultaron insuficientes, o si los organismos militares y policiales no las cumplieron a cabalidad”.

La osadía de defender a las comunidades del Catatumbo, denunciar las atrocidades de los paramilitares y reclamar mayor presencia del Estado le costaría caro: Carlos Castaño Gil desató una persecución en su contra que terminó el 22 de febrero de 2001, cuando fue asesinado por sicarios momentos después de salir de la Universidad Libre de Cúcuta, donde trabajaba. El vocero político de las Auc lo acusó de “ser simpatizante de la guerrilla”.

Ese discurso que esgrimieron los paramilitares contra todos aquellos que rechazaron sus acciones y se mantuvieron cerca a las comunidades es muy parecido al que vienen propagando algunas autoridades cuando indican que la actual protesta campesina “está infiltrada por las Farc”. Cuánto peligro hay en esos señalamientos.

Lo que queda claro en el Catatumbo es el fracaso del Estado en gobernarlo y ejercer autoridad. Desde mediados de la década del noventa se sabe que ha sido territorio estratégico para los grupos armados organizados ilegales. Sus extensos cultivos de hoja de coca, su ubicación fronteriza y los corredores de movilidad la hacen apetecible. Y esa atracción ha sido fatal para miles de labriegos pobres que desde esas épocas no han tenido más oportunidad que dedicarse a la ilegalidad.

El año de 1999 es bien interesante por todo lo que se diagnosticó sobre el Catatumbo. El diario La Opinión, de Cúcuta, preocupado por la región, reclamaba mayor atención del Estado, en un editorial del 2 de junio: “El Catatumbo es una región con problemas por resolver y en vez de agravarlos se impone es trabajar para hacer posible soluciones efectivas, con las cuales se mejore el nivel de existencia de todos. Un sueño colectivo en el cual es preferible coincidir en vez de atizar hogueras de muerte”.

Asimismo, en una extensa entrevista que le hizo la agencia Colprensa y publicada por el diario El Colombiano el 22 de agosto, el entonces alcalde de Cúcuta, José Fernando Bautista, aseguró que “los gobiernos, todos sin excepción, se comprometen a cosas con la intención de cumplir. Luego, las realidades financieras y presupuestales hacen que no se realicen o se hagan a medias. El Catatumbo es una región deprimida y necesita de inversión”.

Por su parte, en un editorial del 27 de agosto de ese mismo año, el diario El Tiempo reflexionó sobre los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo y se preguntó: “¿Es ese otro de los signos demostrativos del fenómeno de un Estado ausente, que al no tomar iniciativas para el fomento del campo en los más diversos frentes ha dejado a la población que depende de la agricultura a disposición de distintas fuerzas para las que la tierra solo vale en la medida en que sea útil para incrementar un negocio sórdido?”.

Casi 14 años después, la situación parece detenida en el tiempo. El Estado nunca llegó y si lo hizo fue empleando medidas de fuerza, criminalizando a la población campesina y fustigándola con el manido argumento de sus “nexos con las guerrillas”, como lo hicieran en el pasado las fuerzas paramilitares. La región ha estado a merced de las guerrillas del Eln, las Farc y el Epl, así como de las Auc y, actualmente, de las llamadas ‘bandas criminales emergentes’.

Históricamente estos grupos armados ilegales han sido la autoridad y los gobiernos de los últimos 20 años tienen gran responsabilidad en ello. Nunca supieron cómo resolver los problemas. Hoy quieren llegar a la fuerza, tal como lo pidió el presidente de la República, Juan Manuel Santos: “la orden a las fuerzas militares es implantar el orden en la zona”. ¿Es así cómo se buscan soluciones a problemas estructurales que vienen de décadas atrás?

Sus pobladores han estado sometidos a todo tipo de presiones, desde la ilegalidad, pero también desde la legalidad. No reclaman nada nuevo, sus pedidos son los mismos de hace 20 años, que aún tienen sentido y son justos porque el Estado, en su inoperancia, no los encara de manera eficiente y concreta.

Las comunidades de esta región de Norte de Santander merecen mejor suerte. Son colombianos también, viven en la zozobra y quieren tener una mejor calidad de vida. Razón les asiste a los campesinos cuando dicen, en su pliego de peticiones, que “el problema de la coca debe tratarse como un problema económico, social y político y no como un problema criminal”. De mantenerse ese último tratamiento, el Catatumbo no le pondrá fin a su triste historia.