La Fiscalía General de la Nación reconoció que las heridas que presentaban tres de los campesinos que fueron asesinados durante las protestas en Ocaña corresponden a las que deja un fusil de largo alcance de munición de “alta velocidad”, que podría ser automático o semiautomático.

El cuerto asesinado tuvo que ser exhumado para poder dar a conocer la naturaleza de sus heridas dada la precaria necropsia que se habría practicado en Ocaña. Sin mucho lugar a la duda serán las mismas causas.

De esta manera se puede calificar, ya de manera oficial, como masacre los hechos acontecidos durante la represión en la vía Ocaña-Convención.

Paralelamente, la fiscalía anuncia capturas e imputaciones por los “desordenes públicos” durante la quema de la sede del ente investigador en Tibú y anuncia que abrirá investigaciones y realizará capturas con los cargos de terrorismo, obstrucción de vías y daño en bien ajeno, además de cargos por violencia contra servidor público.

Todas estas imputaciones pretenden dar a la protesta una apariencia criminal después de los continuos señalamientos por parte del gobierno y las fuerzas armadas que afirman, sin ninguna prueba, que la protesta se encuentra infiltrada y está instigada por la insurgencia. De la misma manera pretenden asociar la revuelta en el casco urbano de Tibú, con las protestas que se encuentran fuera, en la vía, y además pretenden diluir la responsabilidad estatal en un supuesto contexto donde no había otra salida para disolver a los manifestantes que dispararles, con más razón si se trata de miembros de grupos guerrilleros, extremo rechazado frontalmente por ASCAMCAT.

La Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno colombiano la investigación de los hechos que produjeron el asesinato de 4 manifestantes durante los enfrentamientos de ejército, policía y ESMAD contra el campesinado en protesta la semana pasada, después de visitar el lugar de los sucesos y señalar que era evidente el uso desproporcionado de la violencia por parte de las fuerzas armadas. Ese extremo ya lo confirmaron las diferentes comisiones de verificación que se realizaron tanto en Tibú como en Ocaña, compuestas por organizaciones sociales nacionales, con acompañamiento internacional humanitario.

La fiscalía no confirma, pero aún así, se entiende que habrían evidencias de la responsabilidad entre los diferentes cuerpos represivos y podrían haber imputados.

Efectivamente, miembros de la policía contraguerrilla y del ejército Nacional estaban apostados en las lomas y estaban disparando contra la manifestación con armas que podrían coincidir con las descritas por la fiscalía, como muestran las imágenes de TeleSur y de la Agencia Prensa Rural.

De la misma manera, mientras en los diferentes noticieros se criminaliza la protesta social y se muestran imágenes donde se presumen ilegalidades y desordenes, la nota sobre la confirmación que llevaría a la evidencia de los asesinatos a manos del Estado, se limita a unos pocos segundos o un pequeño párrafo.