En el día de hoy efectivos del ejército nacional permanecen en la vereda Morro Frío, corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibú, realizando labores de protección a los erradicadores que están destruyendo las matas de coca de las fincas aledañas.

En el lugar se encuentra uno de los 4 asentamientos que se resisten a perder el único medio de sustento que tienen en la zona, debido al abandono del estado. Un grupo de 200 campesinos y campesinas, donde también se encuentran niños y ancianos,se encuentran ubicados dentro de las fincas en proceso de erradicación.

La Fuerza Pública, en lo que se ha convertido en una repudiable costumbre, nuevamente ha disparado fuego real contra los campesinos y campesinas con la intención de generar zozobra y levantar el asentamiento por la fuerza. Hasta el momento no lo lograron y el grupo continúa en la zona, evitando la labor de erradicación. No se reportan heridos hasta el momento pero algunos proyectiles han sido disparados a muy corta distancia de los manifestantes.

Campesinos y campesinas manifiestan que algunos soldados portan machetes y están provocando a los campesinos para pelear con esa herramienta de trabajo, en violación absoluta al Derecho Internacional Humanitario, utilizando armas no convencionales en tareas represivas, como viene siendo habitual en el Catatumbo.

Por otro lado, la comunicadora Verónica Luna, de la Agencia Prensa Rural, que se encuentra en la zona informando sobre esa situación, fue hostigada en varias ocasiones por soldados del ejército que pretenden que no haya constancia de los abusos que cometen. Como ya sucediera durante el paro del Catatumbo, nuevamente miembros de los medios de comunicación alternativos son violentados y agredidos por la Fuerza Pública.

Exigimos al estado Colombiano que acabe con la estrategia de erradicación forzada y no concertada y deje de desconocer la mesa de diálogo que se adelanta en la ciudad de Cúcuta.

Recordamos que el campesinado del Catatumbo está generando propuestas en Cúcuta en la marco de la superación de la crisis humanitaria que viene sufriendo el Catatumbo y que generó la chispa que provocó las protestas que se alargaron por 53 dias. El primer punto de la agenda es la compensación a los campesinos por la erradicación forzada, violenta y no concertada de los cultivos de uso ilícito, que se viene produciendo en los últimos meses.

Exigimos que el estamento militar del estado colombiano se mantenga en sus competencias constitucionales y pedimos que el poder civil no se deje usurpar campos de decisión, gestión y administración.

No es coherente ni admisible para la Asociación Campesina del Catatumbo, que mientras se negocian salidas pacíficas a la crisis y mientras el campesinado ha levantado la protesta y las vías de hecho, el estado Colombiano continúe por la vía violenta y desconozca su contraparte en la mesa, provocando una situación que podría llevar a nuevas protestas masivas, de las cuales deberá hacerse responsable el propio Estado.

Exigimos que se respete la libertad de prensa y comunicación y se abandone la estrategia de intimidación, agresión y hostigamiento contra el periodismo alternativo.

Responsabilizamos al estado colombiano por cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad e integridad de nuestros campesinos y campesinas y advertimos que cualquier situación de este tipo dificultará gravemente las negociaciones.

Pedimos que se llegue a un acuerdo aceptable por todas las partes, de manera inmediata, para superar el primer escollo en las conversaciones y que se aborden los otros 10 puntos que tienen que ver con la constitución de la Zona de Reserva Campesina y el desarrollo rural del la región.

Solicitamos a la comunidad internacional y a las organizaciones de Derechos Humanos que estén atentos a la esta situación y trasladen sus preocupaciones al estado colombiano frente a esta grave situación.