Asociación Campesina de Arauca
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Desconocidos asesinan a dos jóvenes en zona rural de Tame (Arauca)
Agencia Prensa Rural / Jueves 17 de abril de 2008
 

En la mañana del pasado domingo 13 de abril del presente año, la Asociación Campesina de Arauca (ACA) informó que hombres vestidos de camuflado, de un grupo armado no identificado, asesinaron a los jóvenes campesinos Alexander Herrera Gutiérrez, quien se desempeñaba además como comerciante, y a Landerson Novoa Riso, un menor de edad de tan sólo 17 años. El hecho ocurrió en la vereda Caño Claro, cercana a la vereda Filipinas, zona rural del municipio de Tame (Arauca) en donde los jóvenes eran conocidos habitantes.

Los jóvenes habían sido detenidos en el caserío de la vereda Filipinas, en donde fue reunida la comunidad para proferirle amenazas, además de hurtarle los teléfonos celulares.

En momentos en que ocurrían estos hechos, a escasos dos kilómetros del lugar, las comunidades se encontraban reunidas con una comisión de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, adelantando un taller de capacitación.

Desde el 12 de abril, el mismo grupo armado, que se identificó como ELN, viene adelantando retenes entre las veredas La Arenosa y Santo Domingo, del municipio de Tame.

Es inquietante que tales sucesos hubieran tenido lugar en una de las principales áreas de la región donde la Brigada Móvil No. 5 realiza constantemente labores de patrullaje, pues en ningún momento se alertó a la población sobre la presencia en la zona de los individuos que cometieron el crímen, y no se brindó ningún tipo de ayuda a las víctimas cuando este se estaba perpetrando.

Campesinos del sector denuncian también que los militares vienen coordinando acciones encubiertas contra el movimiento agrario y comunitario.

Las comunidades de Pueblo Nuevo, Arenosa y Filipinas, del municipio de Tame, hacen un llamado a la opinión pública nacional e internacional para que exijan a las Fuerzas Militares, y especialmente a la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional, que cumplan con su función, establecida por la legislación colombiana, de proteger y velar por la seguridad de los ciudadanos, en lugar de hostigar a las comunidades y cometer atropellos contra sus habitantes, como ya se ha denunciado en reiteradas ocasiones.