Alrededor de 800 personas marcharon en Cúcuta durante la gran movilización por los derechos de las víctimas el 30 de agosto, Día Internacional contra la Desaparición Forzada, al tiempo que en Ocaña se movilizaron al menos 500.

A lo largo de su recorrido la marcha hizo plantones frente a las instituciones responsables de su atención para exigir el cumplimiento de sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. El Departamento de la Prosperidad Social, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (Uariv), la Unidad de Atención a Víctimas, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta fueron los sitios de concentración donde las víctimas hicieron graves denuncias, arengaron y leyeron los 16 puntos de un pliego de peticiones que presentarán en los próximos días, mediante derecho de petición respaldado por las firmas de los manifestantes.

Las víctimas, que se movilizaron de manera pacífica, esperan que a más tardar en 15 días se esté conformando una mesa de interlocución con las autoridades competentes. De lo contrario iniciarán acciones legales y de hecho hasta lograr que sus peticiones sean escuchadas y atendidas. Los voceros de la marcha manifestaron que desde junio de 2011 hasta la fecha la ley 1440 sólo ha sido un engaño publicitario que se vende por los medios masivos de comunicación para hacer quedar bien a Santos y que, tal como ocurrió con la ley de “justicia y paz” 975/2005, solo ha generado corrupción, burocracia e impunidad y solo ha beneficiado a los victimarios.

Luis Arturo Ferrer, coordinador de la Uariv, se vio obligado a poner la cara, y en segundos se encontró rodeado de víctimas que le hacían un sinnúmero de reclamos y denuncias respecto del maltrato que reciben por parte de sus funcionarios, la desatención y el incumplimiento de que son objeto a diario toda vez que se acercan para ser atendidas.

Las puertas de la Gobernación cerradas y la indiferencia de la Administración departamental y municipal en pleno, pese a que se les había informado de la actividad, evidenciaron la revictimización y el desprecio de los funcionarios hacia las víctimas.

Entre los puntos del pliego de peticiones se destacan la solicitud de no despilfarrar 1.057.000 millones de pesos en una casa de atención integral en Atalaya, cuando aún las víctimas ni siquiera ha tenido el beneficio de proyectos de vivienda, generación de ingreso y mucho menos acceso a la salud y a la educación superior para sus hijos.