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Reportaje
Campesinos antioqueños plantean su Mandato Agrominero en Barbosa
 

Del 8 al 10 de septiembre se realizó el ejercicio de constituyente en el campamento de refugio humanitario de Barbosa (Antioquia). El resultado fue socializado en asamblea general con el lanzamiento de la constituyente regional construida con el grueso de las delegaciones que habitamos el complejo deportivo.

Hacia las nueve de la mañana se dio inicio al evento con una homilía por la paz con justicia social a cargo de un pastor campesino que también se ha estado desempeñando como asistente en el punto de salud. Luego se procedió con un homenaje a las delegaciones que cumplen hoy 24 días en resistencia pacífica en el paro nacional agrario minero y popular en Antioquia.

Las comunidades del nordeste antioqueño, el noroccidente y el Magdalena Medio se recogieron en el mandato agrominero realizado por ellas mismas, donde se expresa que la paz tiene que ver con el respeto a las culturas propias, la autonomía y el territorio, el derecho a la vida y el trato digno como seres humanos.

Los artículos del mandato hablan de la exigencia porque se reconozca al campesinado como actor político en el territorio colombiano, como sujeto de derechos, de las garantías que el Estado debe brindarle a este para el ejercicio político y su manifestación sin ser objeto de persecución, empadronamiento o represión alguna, señalamiento, deslegitimación o criminalización desde los medios de comunicación oficiales; de la necesidad de que se cumplan sus exigencias y del derecho al voto manteniendo la transparencia en el sufragio; de la posibilidad de crear gobiernos autónomos para el beneficio nacional y capacidad de decisión en los territorios.

Entre los 63 artículos que constituyen el mandato se contemplan también las garantías económicas y formativas para las juntas de acción comunal, prioritariamente para las veredales, su fortalecimiento y protección tanto física como psicológicamente contra las pretensiones manipuladoras de las multinacionales.

Se hace énfasis en la aplicabilidad de las Zonas de Reserva Campesina como figura jurídica para garantizar la tenencia de la tierra y el respeto a los territorios, de las regalías que deben generar las multinacionales para con las ZRC mientras salen de ellas, de la devolución de territorios perdidos por el conflicto social y armado; además de garantías para los planes y proyectos que se desarrollen en las ZRC con asistencia técnica, autonomía y adecuación de vías que posibiliten la comercialización de productos a precios justos, indemnización por fumigaciones indiscriminadas con glifosato y otros, sin dejar de lado la exigencia de reconocimiento y respeto de las ZRC existentes y su no militarización por ser territorios donde se propende por la paz con justicia social.

En cuanto a la minería el mandato demanda la titulación autónoma, subsidios para barequeros y pequeños mineros, precios justos en combustibles usados para la minería, no venta de territorios a multinacionales, e iniciar el traspaso a pequeños y medianos mineros de los títulos que poseen estas, la no validez de introspección aérea ni terrestre y el reconocimiento de la pequeña y mediana minería como patrimonio histórico nacional.

En varios puntos el mandato deja por sentado que toda propuesta, plan o proyecto debe ser realizado o en su defecto consensuado y aprobado por las comunidades, quienes tendrán potestad de reconocer y decidir sobre cualquier intervención en sus territorios. Finaliza instando a la indemnización de las familias afectadas por megaproyectos, multinacionales y transnacionales.

El diálogo con la Administración regional

Pasado el mediodía los líderes de las delegaciones se reunieron con varios funcionarios de la gobernación departamental en el centro administrativo La Alpujarra en Medellín para la preinstalación de la mesa de interlocución.

De los primeros puntos en la agenda fueron las garantías de seguridad para la permanencia del refugio humanitario, los líderes y para el retorno de las delegaciones a sus territorios tras los acuerdos, siendo esto último la principal exigencia de la Administración para dar inicio a las conversaciones, a la vez que manifestó su preocupación por la llegada de más delegaciones a las instalaciones ocupadas por el campamento de refugio humanitario en Barbosa.

Los líderes ratificaron la determinación de las delegaciones de permanecer en concentración como apoyo al paro nacional agrario minero y popular hasta obtener respuestas serias y consecuentes con las exigencias planteadas en el mandato agrominero: que pasen del papel a lo tangible.

Se solicitó la presencia de varios entes como la ONU y la Defensoría del Pueblo que sirvan de garantes de la mesa de interlocución, sin obviar la presencia de los alcaldes de los ocho municipios a los cuales pertenecen las delegaciones en resistencia y por supuesto del gobernador de Antioquia.

Se propuso un subsidio para la reparación de las familias que están en apoyo al paro dadas las pérdidas de cosechas y demás, a lo que los representantes de la Administración respondieron no contar con presupuesto. De parte de los lideres delegados se planteó entonces la posibilidad de apoyar a las familias con insumos, proyectos productivos que den inicio al desarrollo de los acuerdos o cualquier otro tipo de incentivo.

Una vez más se hizo necesario poner sobre el tapete las denuncias a los constantes intentos de sabotaje y criminalización de parte de las administraciones y los organismos de represión como el soborno a delegaciones, detenciones arbitrarias sin el cumplimiento del debido proceso como el caso del compañero Húber Ballesteros, entre otros líderes sociales y campesinos, la publicación por parte de la Administración de Barbosa de comunicados que pretenden individualizar y satanizar el proceso que llevan las comunidades en el refugio humanitario, la puesta en conocimiento público por parte de la Policía Nacional de un cartel similar al de Bogotá con rostros de campesinos que en su mayoría se ven ajenos a actos vandálicos además de inidentificables y el papel de desinformación asumido por los medios de comunicación oficial, actos todos asumidos como elementos de distracción que solo buscan empantanar el proceso de concertación.

Se solicitó también se inicien acciones judiciales por las agresiones de la Fuerza Pública, el Esmad, los civiles azuzados a agredir manifestantes con el apoyo y encubrimiento de agentes del Estado y el uso de fondos por parte de funcionarios de la Administración barboseña para sobornar a campesinos.

La reunión en La Alpujarra dejó como fecha tentativa para la instalación de la mesa de interlocución el día 24 de septiembre.

Rumbo a Bogotá

En horas de la noche representantes de las delegaciones en concentración en el refugio humanitario viajaron a la ciudad de Bogotá para participar del lanzamiento de la Cumbre Agraria y Popular, donde se presentará una mirada común de los aspectos positivos y logros del paro agrario y popular, en un análisis de las apuestas de unidad y de las iniciativas de tipo político que se desarrollarán en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina y Popular.

Igualmente se avanzará en la consolidación de un pliego unitario que proyecte la lucha agraria a un escenario que contribuya a la transformación de la realidad política y social que vive Colombia.