La Asociación de Víctimas del Magdalena Medio (Asorvim) manifiesta su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de extraditar a los Estados Unidos a los jefes paramilitares comprometidos con crímenes de lesa humanidad, y exigimos que la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas no quede sepultada bajo una maniobra política.

Las victimas del Magdalena Medio creímos en la posibilidad de saber la verdad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las estructuras paramilitares bajo el mando de los 14 comandantes paramilitares. Ahora el pueblo colombiano no podrá saber quiénes fueron los actores intelectuales que los financiaron y patrocinaron.

Con esta acción del presidente Uribe, deja ver que su finalidad y estrategia es seguir dejando en la impunidad toda acción paramilitar y callar el tema de la parapolítica, así los paramilitares no seguirán hablando y él se lavará las manos como Poncio Pilatos.

Los crímenes de lesa humanidad seguirán en la impunidad total, así la olla podrida de la parapolítica sigue tapada para exterminar el pueblo colombiano. Esto es una muestra latente de que en Colombia no existe la justicia.

Estos victimarios cometieron sus crímenes fue en Colombia, no en los Estados Unidos, por lo que deben pagar sus tantas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) en donde cometieron los crímenes y responder a las victimas por nuestros familiares asesinados, desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente, torturados, amenazados, masacrados y por todas las victimas del desplazamiento forzado, las cuales son vidas que exterminaron. La vida no tiene precio.

Es claro que la decisión de la extradición se está convirtiendo en un nuevo mecanismo de impunidad jurídica y política que asegura la ausencia de esclarecimiento pleno y de la individualización de los artífices, cómplices o beneficiarios políticos, militares y económicos, algunos de los cuales están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia. A Uribe no le interesa que en Colombia se aclaren los procesos de la parapolítica ya que los mayores implicados son los de la bancada uribista.

¿Qué pasará ahora con las personas desaparecidas en Colombia? ¿Qué pasará con las fosas comunes ubicadas en diferentes lugares del país, donde estos jefes paramilitares actuaron? ¿Qué pasara con los cuerpos encontrados en las fosas comunes? ¿Qué pasara con las tantas masacres ocurridas en Colombia?

¿Qué pasara con los cuerpos de miles de personas que fueron arrojados a los ríos, ciénagas y caños, los cuales son las fosas más grandes de Colombia? ¿Qué pasará ahora con las casi ocho millones de hectáreas apropiadas de manera ilegal en desarrollo de sus crímenes?

¿Qué pasará ahora con la verdad sobre los vínculos entre políticos y grupos paramilitares, empresarios, autoridades civiles, judiciales y la fuerza pública? ¿Qué pasará ahora con las investigaciones de la llamada parapolítica, en los departamentos como Antioquia? ¿Qué pasará ahora con los derechos y dignidad de las víctimas de estos crímenes?

¿Por qué no se actuó en Derecho y se sacó del marco de la Ley 975 a los 14 paramilitares y pasarlos a la justicia ordinaria? ¿Por qué no se actúa a favor de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué la Fiscalía no defendió la posibilidad de que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral se pudieran favorecer?

¿Por qué no se les dio el trato que se les da a los terroristas? ¿Por qué se les dieron tantos beneficios siendo ellos los más grandes terroristas que puedan haber existido en la historia de la humanidad? ¿Por qué nunca se nos escuchó a las víctimas de crímenes de estado? ¿Por qué nunca se reconoció por Uribe el delito de desaparición forzada perpetuado por el paramilitarismo?

¿Por qué Uribe no reconoce como terrorismo las violaciones a los Derechos Humanos y DIH cometidos por el paramilitarismo? ¿Será porque él es uno de los padres creadores y patrocinador del paramilitarismo en Colombia?

Como movimiento regional de víctimas de crímenes de estado exigimos que los victimarios y terroristas respondan por los crímenes de violación de los derechos humanos y DIH, que sean juzgados en el país donde cometieron sus actos terroríficos, en este caso Colombia.

Solicitamos a los defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales que se haga seguimiento al proceso de extradición de estos 14 jefes paramilitares que bañaron en sangre nuestro territorio colombiano.

Exigimos verdad, justicia, reparación integral y no repetición de crímenes que atenten contra la vida humana.