Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Una lucha que no cesa
Camilo Camacho Escamilla / Viernes 7 de diciembre de 2007
 

La historia política colombiana ha estado permeada, durante muchos años, por dos fuerzas ideológicas, diferentes entre sí, pero con un gran objetivo común: el poder. Para conseguirlo, no ha bastado la infinidad de formas de guerra sucia que ambos bandos han desatado contra su contrario. El partido Liberal y el Conservador, con mas de cien años de existencia, han protagonizado gran parte de la vida política colombiana de diferentes formas. Sin embargo, sobre ambos partidos recae parte de la responsabilidad por aquella ola de violencia iniciada antes de los años 50 y que aún azota nuestro país.

Esa ola de violencia, aunque también se desató en las grandes ciudades colombianas, se dio fundamentalmente en los sectores rurales. “Para los campesinos, incluso la movilización armada en apoyo de uno de los partidos ha representado una forma característica de incorporación masiva a la vida política nacional” [1]. La vinculación de los campesinos a la guerra bipartidista amplió el espectro de la misma gracias al desplazamiento campesino que no dio espera y a que las tierras de muchos de ellos pasaron a manos de grandes terratenientes, quienes tenían la posibilidad de mantenerse un largo tiempo con ellas. Gracias a la continuidad de aquella guerra bipartidista, aquellos campesinos jamás volvieron a sus hogares y, por el contrario, a medida que pasaba el tiempo, eran más y más los campesinos desplazados por causa de esa violencia.

Sin embargo, para muchos campesinos la lucha no acabaría allí. Muchos de ellos pelearían hasta el cansancio por la reivindicación de sus derechos y, sobre todo, por sus tierras. Algunas organizaciones de campesinos se comenzaron a gestar en los sectores rurales con tanta fuerza que el mismo gobierno colombiano intentó ajustar sus planes de desarrollo a reformas agrarias infructuosas con el fin de calmar al campesinado. Como era de esperarse, aquellos planes de desarrollo, aunque convenían perfectamente, no provenían del gobierno colombiano sino de algunas mentes extranjeras. “Las exigencias por parte del Banco Mundial y del gobierno norteamericano a los gobiernos de América Latina a través de la Alianza para el Progreso, en el sentido de adelantar procesos de reforma agraria para frenar la radicalización de las luchas campesinas y contrarrestar la influencia e impacto que en el sector rural comenzaba a tener el triunfo de la Revolución Cubana (1959), [se llevaron a cabo en el territorio colombiano, no obstante, esas políticas de freno a los movimientos campesinos] dieron lugar, de alguna manera, a un mayor volumen de respuestas organizadas de los campesinos para enfrentar dichas políticas, toda vez que las mismas buscaban distraer o contener el auge de las luchas campesinas pero de ninguna manera resolvían el problema principal de redistribución de la tierra” [2].

Así, para tratar de mantener los movimientos campesinos “pacificados”, los distintos gobiernos de turno enfatizaron en la posibilidad de una reforma agraria que supliera parte de las peticiones que las crecientes organizaciones campesinas pedían. Sin embargo, esa reforma agraria tan anhelada quedó en sólo eso: “anhelos”. Los políticos de turno utilizaban esa posibilidad de reforma para mantener los movimientos campesinos sosegados, cosa que les permitiera mantener una buena reputación en los sectores rurales y así captar algunos votos en esas partes del país y una vez que llegaran al poder que les da cierto puesto burocrático, pudieran estar tranquilos porque los campesinos no molestarían mucho.

Los nuevos procesos de globalización a los cuales el país se adhirió, también han representado para los campesinos, en un país agrario como el nuestro, una casi total exclusión, ya no sólo política, sino económica, “con lo que se agudizó la crisis del sistema rural, pasando de una economía exportadora y autosuficiente en alimentos agrícolas a una economía importadora de la mayoría de los alimentos que constituyen la dieta de los colombianos y colombianas” [3]. Aun así, los movimientos campesinos comenzaron a fortalecerse cada vez más: eran cada vez más las personas que le apostaban a una verdadera reforma agraria y a una inclusión para los campesinos en diferentes ámbitos de la vida nacional. Obviamente, dichas reivindicaciones no les convenían a algunos y por extrañas razones fueron desapareciendo líderes campesinos y sindicalistas en los sectores rurales. Movimientos políticos que propendían por la defensa de los derechos campesinos, fueron brutalmente asesinados.

Hoy en día, la lucha campesina ha estado un poco relegada de la política nacional en parte por la basta violencia que aún azota nuestro país, sobre todo en los sectores rurales, y en parte por el poco reconocimiento que tienen los movimientos campesinos para algunos colombianos. Esto acompañado, como se dijo anteriormente, de la poca importancia que le dan los partidos políticos a estos movimientos de campesinos, salvo la necesidad de captar votos en aquellos sectores y la tranquilidad que les brinda al estar en el poder tener tranquilos dichos movimientos.

El punto sobre el cual se ponen de acuerdo los diversos sectores políticos de nuestro país, es en el afán de hacer una reforma agraria que acabe por fin con ese problema de los campesinos, como si esto fuera la única razón de la lucha campesina. Podría pensarse, más bien, en que estas propuestas son una continuación de aquella forma de control que han pensado siempre los políticos de turno para los movimientos campesinos. Podría pensarse también que con los movimientos campesinos se está jugando desde hace muchos años y es hora de que eso no suceda más.

Aunque algunos políticos se mofen de ofrecer a los movimientos campesinos la posibilidad de una reforma agraria, con algunas condiciones, esta no satisface ni la mitad de las necesidades que los movimientos campesinos defienden. Muchas de esas políticas hacen énfasis en fortalecer únicamente algunos de los intereses de los grandes terratenientes de nuestro país. Por ejemplo, la utilidad que se le está dando a aquellas grandes cantidades de tierra expropiadas a los campesinos, es en pro de fortalecer la inversión de empresas extranjeras y no, como debería ser, del fortalecimiento de las empresas nacionales y mejor aún, de los sectores campesinos que realmente necesitan el apoyo del gobierno para poder crecer. Por consiguiente, aun peor es ver que aquellos planes que se están implementando hacia el sector rural no cumplen con lo establecido por la constitución política de nuestro país cuando considera en sus artículos 64 y 65 que “es deber del estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Y además, “la producción de alimentos gozará de especial protección del estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, […] así como también la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras [negrilla fuera del texto citado].

Como vemos, si por parte de los sectores políticos que gobiernan nuestro país no existe siquiera un respeto por la Constitución, mucho menos lo habrá por los movimientos campesinos. Sin embargo, la lucha debe seguir fortaleciéndose cada día más, pues los derechos deben exigirse y no mendigarse tal y como están acostumbrados algunos políticos de turno a que se haga.

En suma, no hay una política seria que reivindique la lucha de los movimientos campesinos. Por el contrario, las políticas que se llevan acabo son relativas a mantener a los campesinos pacificados sin que se tomen de manera seria sus peticiones. Debería esperarse un mayor compromiso de parte de los actores políticos frente a los movimientos campesinos que propenda realmente, entre muchas otras cosas, por la reivindicación de los derechos campesinos, su inclusión social, económica, política, cultural, etc., dentro del desarrollo nacional.

Quizá, lo que resulta más sorprendente de todo lo comentado anteriormente, es lo poco que la gente conoce de esos hechos que, en mayor o en menor proporción, nos afectan a todos los colombianos. Comúnmente se dice que Colombia es un país sin memoria, y no es para menos. El auge de gobiernos autoritarios en nuestro país, aunque no declarados como tales, ha ayudado a establecer una cultura política en donde no se cuestionan desapariciones, asesinatos, desplazamientos, etc., y donde además hay un poco conocimiento y reconocimiento de aquellas reivindicaciones, pues ya parece que esos hechos son más comunes de lo que se pudiera pensar. La cultura política en la cual gran parte de los campesinos están inmersos, casi hace consecuente su decisión de optar por las armas para obtener el cambio que han pedido de buenas maneras. Sin embargo, un gobierno debe ser capaz de atender las peticiones de los movimientos campesinos a expensas de saber lo que ha ocasionado el caso omiso que se le ha hecho a esas peticiones: más y más violencia.

El clientelismo, la corrupción, la politiquería, y en suma, todos aquellos vicios que nuestra cultura política se ha encargado de legitimar, hunden aún más los movimientos campesinos y contribuye a la limitación del ejercicio ciudadano frente a la política. Quizá esto último resulte supremamente conveniente para los políticos de turno. Sin embargo, considero que sería aún más apropiado considerar que la satisfacción de las necesidades por las que han luchado los movimientos campesinos por muchos años, puede constituir una posible vía de solución política al conflicto social y armado que vive Colombia hace más de 50 años.

[1Sánchez, Gonzalo y Meertens, Donny. “Bandoleros gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia”. Bogotá. Punto de lectura. 2006. Pp. 57.

[2Tolosa, Ángel. “Las organizaciones campesinas hoy”. En: “El campo: una carta por jugar. Perspectivas de la agricultura colombiana”. Textos de Aquí y Ahora. Bogotá, Colombia, 2005. pp. 100.

[3Ibíd., pp. 108.