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La democracia en el patíbulo
Álvaro Julián Díaz Charry / Viernes 13 de diciembre de 2013
 

Por estos días asistimos los Bogotanos y los colombianos todos al advenimiento de una crisis, crisis esta desatada por la decisión del Procurador Alejandro Ordoñez de destituir e inhabilitar por 15 años al Alcalde Gustavo Petro, decisión que ha desatado la rabia y la indignación de personas de distintas vertientes ideológicas, políticas y sociales, por una sencilla razón. Aquí es la democracia la que está en juego.

Y es que este fallo en particular no ha sido más que la gota que derramo el vaso del pueblo colombiano, pero que por tratarse de un cargo de la importancia de la alcaldía de Bogotá y de la persona sobre la que recayó, más bien ha sido un chorro que lo desbordo completamente. Todo esto debido al evidente sesgo ideológico de las actuaciones del procurador, que ponen en cuestión no solo a este funcionario sino a la institucionalidad misma del país.
Aquellos que sienten animadversión por Petro, no han visto o no han querido ver el peligro que encierra el que un funcionario como Ordoñez pueda producir fallos basados en conceptos y elucubraciones construidas no en pocos casos de manera artificiosa, con un alto componente discrecional, buscando obtener un resultado deseado sea este la absolución de políticos condenados por vínculos con los mayores masacradores del país, o como en este caso el de la salida del alcalde mayor de Bogotá. Este peligro no es ni más ni menos que el del fin de las garantías democráticas para aquellos con una forma de pensar y de proceder distinta a la de la cúpula que tradicionalmente ha detentado el poder en este país, y más grave aún ala de la rancia ultraderecha colombiana y la consolidación de su proyecto de dominio total de Colombia, ultraderecha esta de la cual Ordoñez es uno de sus más fieles gendarmes.

Y justamente por esa discrecionalidad y vaguedad en las atribuciones legales del procurador hay quienes dicen que todas sus actuaciones, incluida esta contra Petro, están ajustadas a derecho, pero ni siquiera esto es cierto, puesto que la ilegalidad de las acciones de Petro según la procuraduría se basan en la violación del principio de libre empresa consignado en la constitución, que si analizamos el fallo es la columna vertebral del mismo, ya que todo lo otro son fallas administrativas no penales ni disciplinarias, y en ese punto el de la violación del principio de libre empresa debemos decir que nada más débil y alejado de la realidad jurídica, puesto que ese principio lo debe garantizar el estado entre particulares y sus negocios, pero ello no significa de ninguna manera que el estado tenga la obligación de darle la prestación de los servicios que son de su resorte a las empresas privadas, por el contrario, el estado puede optar en cualquier momento por el control de los servicios públicos por que por eso son públicos y existen para suplir las necesidades ciudadanas no para lucrar a unos cuantos, es por esto que la legislación al respecto dice que el estado “podrá” dar la prestación de los servicios a empresas privadas en ningún momento dice “deberá” ni mucho menos consigna sanciones si el estado asume la prestación de los mismos. Pero como la tradición del lucro privado a través de los servicios públicos en Colombia ha estado tan arraigada en las últimas décadas, a instituciones como la procuraduría, les parece pecaminoso que el estado prive a los empresarios privados de las jugosas ganancias que obtienen a costillas del erario público.

En lo referente a fallas administrativas y disciplinarias bastaría también con el testimonio de Emilio tapia sobre como el caos en la recolección de basura que se vivió por dos días en Bogotá fue un complot orquestado por los empresarios privados y algunos políticos interesados en sacar a Petro del camino, como prueba suficiente que lo exonerara, esto claro si fuera investigado por un ente que actuara con justeza y no impulsado por el odio ideológico.

En esto debemos decir, que hay un principio constitucional que está muy por encima del de libre empresa y este no es otro que el de soberanía y esta reside, como lo dijeron pensadores de antaño y como lo proclama la misma constitución, en el pueblo, porque fueron esas mayorías populares las que pusieron a Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá y hoy son aún más las que se dan cuenta de la injusticia de esta acción contra él alcalde, contra la ciudad y contra la democracia, puesto que deberían ser esas mayorías las únicas capaces de decidir su salida o permanencia en el cargo.

Así pues ante la crisis hay una sola alternativa, la acción, y aunque los medios tradicionales ya estén perfilando candidatos para suceder a Petro como si ese fuera el núcleo de la discusión, nosotros los ciudadanos a los que nos duele este país, debemos saber y entender que el núcleo es otro, o alzamos nuestra voz para defender la soberanía y la democracia, o dejamos que estas desciendan calladamente hacia el patíbulo. Por eso cuando nos pregunten que hacemos en la Plaza de Bolívar responderemos como Plazas Vega mientras producían el genocidio del palacio de justicia, pero esta vez con un sentido positivo y verdadero. “Defendiendo la democracia maestro”.