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Dos años de la masacre de Caño Seco, Arauca
Camilo Rueda Navarro / Sábado 5 de agosto de 2006
 

Hace dos años, el 5 de agosto de 2004, en la vereda Caño Seco, del municipio de Saravena, Arauca, tres reconocidos dirigentes sociales fueron asesinados por el Ejército oficial. Un auténtico crimen de guerra que fue tratado de ocultar, pretendiendo hacer creer que se trató de muertes en combate.

Héctor Alirio Martínez se desempeñó como presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos. Leonel Goyeneche era directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, seccional Arauca, y estaba vinculado al magisterio del departamento. Jorge Eduardo Prieto pertenecía a la junta directiva de la seccional Arauca de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia. Estos tres líderes, que habían sufrido el seguimiento y la persecución militar, fueron criminalizados y presentados como delincuentes que habían perdido la vida en combate, como lo afirmó el propio vicepresidente, Francisco Santos, y como lo repitieron el entonces ministro de defensa Jorge Alberto Uribe y los mandos militares.

Pero los verdaderos hechos habían sido otros, y se trataban de ocultar con la “verdad oficial”, replicada por los medios tradicionales, la que poco a poco se fue develando y derrumbándose, hasta conocerse la verdad real. Según informa el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “se han practicado pruebas técnicas que permiten concluir que la versión dada por los miembros del batallón presentes en Caño Seco el 5 de agosto de 2004 no obedece a la realidad. En el proceso penal se han observado innumerables contradicciones entre la versión de los miembros del Ejercito Nacional y las pruebas técnicas practicadas”, las cuales concluyen que la escena del crimen fue alterada por los militares y que los tres líderes sociales fueron colocados en situación de indefensión, y fusilados por la espalda, a quemarropa. Actualmente se desarrolla una investigación penal por parte de la Fiscalía en contra de los soldados y el comandante de la unidad militar responsable del hecho.

El gobierno, que sostuvo la tesis de los militares de que se trató de un combate, justificó la masacre por el hecho de que Héctor Alirio, Leonel y Jorge Eduardo tenían orden de captura por el delito de “rebelión”. Pero lo que se concluye de este hecho es que, para el régimen, primero, ser líder social, sindicalista o dirigente campesino equivale a incurrir en rebelión y ser delincuente; y segundo, esto se paga con la vida, valiéndose de las Fuerzas Militares y recurriendo a los montajes si es necesario. Así como en Caño Seco. Así como en Cajamarca, Tolima, donde el asesinato de cinco campesinos, entre ellos un niño de seis meses, fue justificado como un “error militar”. Y así como en muchos otros lugares del país. Esta es la verdadera aplicación de la “seguridad democrática” uribista.