El paramilitarismo responde al desarrollo de una estrategia estatal que va mucho más allá de una política contrainsurgente, de una respuesta puramente militar. Tal estrategia tiene profundos alcances de orden político, económico y social. El paramilitarismo ha sido funcional a los grandes capitales, a las multinacionales, al despojo violento de propiedades y al narcotráfico.

Este fenómeno creado en Colombia, responde, tal como lo señala el portal de Centros de Medios Independientes, a un modelo de estado y de sociedad definidos. Para ello, ha contado con el irrestricto apoyo del poder económico y político. Sus acciones en lo fundamental han tenido como blanco a la población civil, especialmente son sus víctimas las comunidades y personas que asumen una actitud crítica o de oposición frente a las políticas del Establecimiento.

Para conseguir sus objetivos han acudido a la comisión de masacres, de etnocidios, de genocidios, de magnicidios, de asesinatos, de desapariciones forzadas, de torturas, de desplazamientos forzados, en fin, de una cadena interminable de crímenes contra la humanidad.

“Esa enorme cantidad de crímenes, sin embargo, ha sido cobijada por una impunidad que también obedece a una política dirigida a amparar a los victimarios y desconocer los derechos de la sociedad y las víctimas a conocer la verdad, a obtener justicia y reparación integral. El estado no ha adelantado acciones concretas y eficaces para superar la impunidad, tal como reiteradamente se lo han recomendado organismos internacionales”, señala el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en la página digital del Centro de Medios Independientes.

De acuerdo con un trabajo publicado en www.derechos.org, denominado “Paramilitarismo y conflicto armado en Colombia”, desde comienzos de la década de los años 60 la fuerza pública y los organismos de seguridad del estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de la “seguridad nacional” y la aplicación de los fundamentos del conflicto de baja intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la eliminación del supuesto ’enemigo interno’, representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia.

Así, en el marco de dicha estrategia, a comienzos de la misma década se recomienda por parte de asesores militares estadounidenses la conformación de organizaciones de “tipo antiterrorista” y para la “lucha anticomunista”. En desarrollo de tal propósito es aprobado el decreto 3398 de 1965, el cual fue convertido posteriormente en legislación permanente a través de la ley 48 de 1968, por medio de los cuales se dio el fundamento legal para la organización de la “defensa nacional”, la “defensa civil” y la promoción en la organización de las “autodefensas”.

Bajo el amparo de dicha norma, funcionarios de la fuerza pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron a habitantes en zonas de conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente.

Lo anterior muestra la crueldad de un estado que, lejos de pretender la paz, desea y defiende y promueve la violencia a cualquier precio, sin importar las consecuencias y poniendo como carne de cañón al pueblo colombiano.

Como propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos aparece el amedrentamiento a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad social.

Hasta la presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petróleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.

Promotores del terror

Los grupos paramilitares no han tenido un sólo modelo o método de acción, pero sí ha predominado uno en especial: el terror.

La intimidación a la población mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte, ha sido la principal herramienta de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Tal como lo señala el portal Derechos, estos grupos han sido justificados como ’autodefensas’, donde se afirma que las patrullas de ’campesinos organizados’ están protegidas por el ejército y se promueve la participación de estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.

Respecto de su relación con la fuerza pública, las AUC llevan a cabo patrullajes conjuntos, se ha utilizado a la población civil para que les acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas estructuras criminales.

El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una serie de impuestos ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos.

Paramilitarismo y narcotráfico

Para la conformación de estos grupos ha sido importante la participación de sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la fuerza pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas zonas.

Desde el año 1983, el entonces Procurador General de la Nación señaló la participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de estos grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex integrantes de estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de agentes del estado en su promoción y protección.

Estos grupos han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras.

Su tipología de acción ha estado enmarcada en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello.

Pese a que frente a reconocidos dirigentes paramilitares como Fidel Castaño, alias ’Rambo’, han sido expedidas órdenes de captura, es claro el desinterés de las autoridades para hacerlas efectivas.

Paramilitarismo y capitalismo

Camilo Rueda Navarro, redactor de la Agencia Prensa Rural, sostiene que en el contexto de la apertura económica de la década de 1990, todo había quedado a merced del capital y el recurso de las armas no fue ajeno a este hecho.

“Por esa razón, las tradicionales fuerzas con capacidad militar también fueron puestas a disposición de la privatización, apareciendo expresiones militares desde un ámbito privado y sin la anterior motivación política que se tenía.

’El paramilitarismo como estrategia militar de las Fuerzas Armadas de Colombia se ha venido convirtiendo en un instrumento de fuerza, de carácter privado y que no puede estar al servicio más que de quien lo financia”, refiere Navarro.

Asegura que la lucha contrainsurgente ya no es la motivación ni política, ni estratégica del paramilitarismo. Su comportamiento está dado por los intereses locales y estratégicos del capital que los patrocina, sirviendo para el mantenimiento de un orden socioeconómico latifundizador.

“El paramilitarismo no podría adquirir una dimensión de la envergadura que ha demostrado sino en la medida en que esté asociado a procesos de acumulación de capital de gran magnitud como la explotación minera y el narcotráfico”, sostiene Navarro.

Agrega: “De esta manera podemos seguir el paramilitarismo de los últimos años como una ampliación del control del capital privado legal e ilegal sobre el territorio y los recursos naturales que controla. Estrechamente ligado a los intereses mineros sobre las esmeraldas, el petróleo y el oro, los grupos paramilitares pasaron de ser operadores de la estrategia antisubversiva del estado, para convertirse en sujetos con intereses y expectativas de crecimiento propias”.

Uribe Vélez y sus vínculos con el paramilitarismo

Desde el inicio del proceso de paz de Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares –proceso que los beneficiará al reducir la penas probables de hasta 60 años de cárcel a máximo ocho de reclusión en condiciones especiales de favorabilidad– el presidente colombiano y sus partidarios se han negado a reconocer el paramilitarismo como la peor de las actividades criminales, porque ella es, por definición, ejecutada con la participación directa de dirigentes del estado.

A través de su portal web, el Polo Democrático Alternativo (PDA) refiere que se trata de una toma del poder del estado de grandes proporciones, puesto que tiene bastante que ver con el desplazamiento de cerca de tres millones de colombianos (865 mil entre 2002 y 2005).

Igualmente, con decenas de miles de asesinatos (incluidos los de tres candidatos a la Presidencia de la República, ocho congresistas y centenares de alcaldes, diputados de los departamentos y concejales de los municipios), entre 2,6 y 6,8 millones de hectáreas de tierras rurales arrebatadas a campesinos y empresarios, enormes negocios de narcotráfico y la acumulación de descomunales fortunas por parte de los jefes de esas organizaciones paramilitares.

“En el caso de la persecución a los sindicalistas colombianos, entre 1991 y 2006 van 1.113 asesinados, 70 desaparecidos y 896 desplazados, para un total, contando otros delitos, de 3.388 víctimas, cifras que han convertido los derechos laborales de los trabajadores colombianos en una ficción, mediante el brutal expediente de haber hecho del país el más peligroso en el mundo para ejercer las actividades sindicales”, registra el PDA.

Los lazos de Uribe Vélez con el paramilitarismo son muy evidentes. El pasado 22 de abril la Fiscalía colombiana ordenó la detención del ex senador Mario Uribe Escobar, primo del mandatario y uno de sus más cercanos aliados, por sus supuestos vínculos con los escuadrones paramilitares. Poco después, Uribe Escobar solicitó asilo político a Costa Rica a través de su embajada en Bogotá.

La Fiscalía explicó en esa oportunidad en un comunicado que Uribe Escobar es investigado debido a las reuniones que mantuvo con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias “Pitirri”, en noviembre de 1998. La detención del primo del presidente es sin derecho a fianza, de acuerdo con la Fiscalía.

Uribe Escobar es uno de los 63 congresistas vinculados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el llamado escándalo de la parapolítica, de nexos de legisladores y políticos con las AUC, y de ellos 32 están detenidos.

La mayoría de los investigados, 54, pertenecen a formaciones de la coalición del gobierno en el Congreso, y todas ellas respaldaron la reelección de Uribe Vélez en los comicios de 2006.

En el momento del inicio de la causa, Uribe Escobar ocupaba un escaño en el Senado, al que renunció a comienzos de octubre del año pasado para que su caso quedara en manos de la Fiscalía General y no de la CSJ, que asume los casos de funcionarios con fuero.

Resulta irónico que Uribe Vélez insista en reiteradas oportunidades en que la lucha de su gobierno, apoyado por Estados Unidos, va dirigida a acabar con el “terrorismo”, cuando el principal promotor de ese fenómeno es él mismo.

A Uribe Vélez no le conviene la paz. Los paramilitares son la principal herramienta del gobierno para mantener la violencia, son los padres del terrorismo.