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Se devela la estrategia paramilitar del ejército en Viotá (Cundinamarca)
Agencia Prensa Rural / Martes 24 de junio de 2008
 

El coronel del Ejército Nacional Rodrigo González Medina, quien comandó el Batallón de Infantería No. 28 Colombia, y hoy en día está prófugo de la justicia, fue el responsable operativo de la estrategia paramilitar implementada en Viotá y la región del Tequendama (Cundinamarca) desde el año 2003. González coordinaba con paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare. Dos altos mandos de su batallón fueron condenados por homicidio y concierto para delinquir. Las investigaciones judiciales y las denuncias de las víctimas han venido develando cómo funcionó.

El municipio de Viotá, ubicado a dos horas por carretera de Bogotá, hace parte de la provincia del Tequendama, al occidente del central departamento de Cundinamarca. Allí se ubicó, desde el primer semestre de 2003, el epicentro de la operación Libertad Uno, iniciativa de las Fuerzas Militares que fue presentada como el laboratorio experimental y prototipo del Plan Patriota, diseñado y aplicado posteriormente para combatir a la guerrilla de las FARC en el sur del país.

Más que una ofensiva militar gubernamental, la operación evidenció pronto que el componente paramilitar era la esencia de la estrategia contrainsurgente denominada como la política de “seguridad democrática”, bandera del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Como lo señalaba en su momento la revista Semanaestas operaciones del ejército y de la Policía coinciden con una fuerte expansión paramilitar en esas zonas”, tal como lo denunciaban los organismos de derechos humanos.

La actitud de omisión, connivencia y coordinación de la fuerza pública con los grupos paramilitares no es nueva, pero con la llegada de Uribe a la Presidencia se hizo más abierta y generalizada, en especial en las zonas donde se desarrollan operativos militares de gran envergadura. En varias regiones del país se registraron incursiones y posicionamiento de los paramilitares en donde previamente se habían desarrollado operativos contrainsurgentes del ejército. Viotá es una de las más claras muestras de ello.

Al tiempo que se adelantaba la operación Libertad Uno, al Tequendama arribaban paramilitares de las Autodefensas Unidas del Casanare (ACC), estructura comandada por alias “Martín Llanos”. En esta región tiene jurisdicción militar el Batallón de infantería No. 28 Colombia del Ejército Nacional, con sede en el municipio de La Mesa, comandado en ese momento por el coronel Rodrigo González.

Ubicación del municipio de Viotá (sombreado) en el departamento de Cundinamarca.

La tenebrosa llegada de los paras

La primera incursión abierta de los paramilitares a Viotá ocurrió en marzo de 2003, cuando arribaron a las afueras del casco urbano varios vehículos con unos 300 hombres armados, que pasaron por retenes y controles militares sin ningún problema. Inmediatamente, y temiendo por sus vidas, las comunidades de varias veredas de la zona se movilizaron a la cabecera municipal a denunciar el hecho. Pese a que los militares no tomaron ninguna acción ofensiva contra ellos, la constante denuncia impidió que los paras se quedaran en el lugar donde al parecer pretendían implantar una base de operaciones.

Con el arribo de los paramilitares a Viotá, empezaron los asesinatos de campesinos, las desapariciones y las amenazas. “No es persona grata en esta región. Tiene 24 horas para irse”, anunciaban en panfletos a sus víctimas. Sus principales objetivos fueron líderes campesinos y comunales, como Benedicto Caballero, dirigente agrario asesinado en la noche del 21 de julio de 2004, en la vereda Alto de la Mula, de Mesitas del Colegio (Cundinamarca). Cuatro sicarios en moto lo abalearon cuando salía de la sede de la Cooperativa Agraria del Tequendama (Coagrotema), de la que era gerente. Caballero era además el vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (Fenacoa).

De los abusos tampoco escaparon los menores de edad. En la entrada a Puerto Brasil, jurisdicción de Viotá, un niño de 12 años, hijo de un campesino, fue desaparecido el 27 de agosto de 2006, y apareció tres días después en el municipio de Cambao (Cundinamarca). Según relató, fue raptado por tropas del ejército para servir como guía en la búsqueda de guerrilleros.

Con el asesinato y desplazamiento de campesinos y líderes sociales, empezó a darse también un repoblamiento de la región, con la llegada de nuevos propietarios, fenómeno que busca generar un cambio en la base social y la ruptura del tejido social comunitario y organizativo de Viotá, una de las cunas del movimiento campesino del país.

Panorámica de Viotá. Foto: Prensa Rural.

El 5 de enero de 2007, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía profirió resolución de acusación y medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple agravado, desplazamiento forzado, secuestro agravado, desaparición forzada, terrorismo y concierto para delinquir agravado, contra el teniente coronel Rodrigo Alfonso González Medina, el mayor Alexander Lizarazo Parra y el mayor Alejandro Robayo Rodríguez, del Batallón Colombia, por sus crímenes durante el 2003.

Igualmente, la Fiscalía expidió resolución para que se investigue al capitán Mauricio Arbeláez por los crímenes de desaparición forzada, tortura, homicidios y desplazamientos forzados, y acusó dentro del mismo radicado a John Jairo Sánchez Roa, Oscar Andrés Huertas Sarmiento, Jair Madrigal Quintero y Agapo Gamboa Daza, integrantes de las ACC.

El terror continuó

No obstante las denuncias y las investigaciones judiciales, el terror paramilitar continuó. El 1 de julio de 2007 se presentó una nueva masacre paramilitar. Ese día, cerca de ocho encapuchados arribaron en la madrugada hasta el establecimiento público El Tigre donde se encontraban unas 70 personas celebrando una fiesta, y acribillaron a cinco de ellas. Las víctimas fueron Florián Rodríguez, Jairo Alarcón, José Rodríguez, Néstor Espitia Sánchez y un joven de 14 años. Otro niño de 10 años resultó gravemente herido y fue remitido al hospital de La Mesa.

Los sicarios se movilizaban en una camioneta, armados, vestidos de camuflado con chaquetas negras, pasamontañas y a sangre fría cometieron el múltiple crimen delante de quienes se encontraban allí.

Desde principios del 2003 hasta el momento se ha denunciado la sistemática ocurrencia de crímenes de lesa humanidad contra los habitantes de Viotá, como desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, a partir de la clara connivencia entre las ACC y las tropas del Batallón Colombia, bajo el mando del teniente coronel Rodrigo González Medina, hoy en día prófugo de la justicia. (Ver informe especial de Juan Esteban Mejía Upegui).

Se devela la estrategia

Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), hasta el momento se ha avanzado en el esclarecimiento de algunos de los hechos y el juzgamiento y sanción penal de algunos de los responsables, la mayoría de ellos, de menor rango en sus respectivas estructuras. Por parte de las ACC, han sido condenados Maer Isidro Arévalo, José Arnulfo Cortés Bustos y Claudia Patricia Amaya; y se habían sometido a sentencia anticipada por algunos de los delitos Rafael Antonio Chaparro, Luis Fernando Gómez Flórez, Ángel Rodrigo Daza Ávila y Agapo Gamboa.

Por parte de los miembros del Batallón Colombia, fue condenado en octubre de 2006 el capitán Edgar Mauricio Arbeláez Sánchez a 34 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Arbeláez fue el responsable de uno de los casos de “falsos positivos” más célebres: la muerte, el 26 de junio de 2003, de dos personas a las que hizo pasar como paramilitares muertos en combate, con el fin de mostrar resultados y además despejar sospechas sobre su relación con los paras. Las víctimas fueron Alonso Rincón León y José Alfredo Castañeda. En la misma sentencia se condenó al cabo primero Eduardo Enrique Márquez Martínez a 15 años de prisión por concierto para delinquir y como cómplice de los homicidios.

Así mismo, en abril de 2007 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Arbeláez por incurrir en graves infracciones al derecho internacional humanitario por no proteger a la población civil no combatiente y no llevar a cabo acciones efectivas para combatir a los paramilitares, que efectuaron homicidios, amenazas y otras violaciones al DIH, lo que generó el desplazamiento masivo de campesinos.

A su vez, el 31 de marzo pasado, el sargento Harold William Pejendino Madroñedo fue condenado a 40 años por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, desplazamiento forzado y secuestro simple. Al parecer Pejendino era el encargado de las labores de inteligencia para detectar a supuestos ayudantes de la guerrilla y entregarles la información a los paramilitares.

Y en abril se iniciaron las sesiones de audiencia pública contra los miembros de las ACC John Jairo Sánchez Roa, Oscar Andrés Huertas Sarmiento y Jair Madrigal Quintero; y contra los soldados del Batallón Colombia, teniente coronel González Medina y los mayores Alexánder Lizarazo Parra y Alejandro Robayo Rodríguez. Este último fue señalado en medio de la audiencia como uno de los participantes en la reunión de coordinación logística entre los miembros del Batallón Colombia y los paras.

En una nota de prensa sobre el caso, el Cajar denuncia también que en las audiencias salieron a la luz las órdenes de batalla que eran entregadas por miembros del ejército a los paramilitares con los nombres y fotografías a color de los ciudadanos de Viotá que debían ser asesinados, torturados o desaparecidos. También se ventilaron los mecanismos de coordinación para que los retenes del ejército instalados en plena operación Libertad Uno, fueran levantados al paso de los paramilitares; la presencia de miembros de las ACC en instalaciones de la Policía de Viotá y del Batallón Colombia en el municipio de La Mesa, con carnets que los acreditaban como oficiales del ejército; el relato del propio capitán Arbeláez de la utilización de encapuchados que señalaban a los habitantes como auxiliadores de las FARC y muchas otras circunstancias que emergen al conocimiento de la opinión pública después de cinco años.

El Cajar concluye: “Los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Viotá obedecieron a una impresionante coordinación entre las ACC y los más altos miembros del Batallón Colombia y otros oficiales y suboficiales”. Es apenas una muestra más de la implementación del paramilitarismo como política contrainsurgente del estado.

Desde el 2003, y durante todo ese año, se cometieron múltiples crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Viotá y sus alrededores, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado y torturas. Sólo en el 2003 se presentaron al menos 20 ejecuciones extrajudiciales, unas 9 desapariciones forzadas, 3 casos de tortura, 3 “falsos positivos”, 16 personas fueron amenazadas y unas 2.000 personas fueron desplazadas forzadamente. En un informe de la Fiscalía General de la Nación, entre el 2006 y el 2007 se encontraron en Viotá cuatro fosas con igual número de restos de personas, aunque sin duda deben haber muchas más. Las víctimas fueron en su mayoría miembros de organizaciones campesinas o comunales. Otros laboraban en corporaciones públicas municipales. Esta es la impronta que ha dejado en Viotá el paso de la “seguridad democrática”.