El llamado conflicto gobierno - campo, considerado “el paro patronal más extenso y salvaje en la historia argentina”, ha servido para demostrar, una vez más, que cuando se trata de problemas que afectan los intereses burgueses, los medios de comunicación más que informar, desinforman. Ocultan elementos esenciales de las cuestiones en pugna, para que el pueblo no identifique los aspectos que le competen, que le afectarían negativamente, y por tanto éste no puede definir su solidaridad y el bando en el cual actuar para que el problema se resuelva en beneficio de la mayoría de la población y no en beneficio del empresariado.

En el conflicto que nos ocupa, la prensa del país rioplatense calla cuidadosamente el hecho de que dos de los periódicos de mayor circulación, El Clarín y La Nación tienen intereses en el negocio de la soya, núcleo de la confrontación entre los capitalistas agrarios, muchos de los cuales son inversionistas extranjeros, y el gobierno. La disputa tiene múltiples causas. En apariencia, lo que está en juego es un determinado monto de un impuesto denominado “retenciones”. Pero detrás hay otras cuestiones vitales para los capitalistas y aun para algunos terratenientes y para la población en general.

Uno de los componentes del actual problema de Argentina está relacionado con las multinacionales, especialmente la norteamericana Monsanto, empresa que obtiene grandes utilidades con la imposición del cultivo de la soya transgénica y todas sus secuelas negativas para el suelo y el hombre del Río de la Plata.

La multinacional vende una semilla que exige otros insumos que ofrece la misma empresa a precios tan elevados que elimina a gran parte de los pequeños agricultores, y aun algunos medianos productores. La aplicación de la nueva tecnología debido a sus costos acelera la concentración del capital y el aumento de las utilidades.

Las estadísticas oficiales muestran que el año pasado el 20% de los cultivadores de la soya se apropió del 80% de las utilidades generadas en esa actividad. Las utilidades obtenidas son las más elevadas del país debido a que los impuestos apenas representan el 4% de las ganancias, frente a la industria que paga el 35%.

Los grandes cultivadores de la soya, donde se hallan fusionados el capital financiero, pagan los más bajos salarios, dado que el 70% de la mano de obra trabaja en condiciones de informalidad.

El cultivo de la soya transgénica, que los asalariados agrícolas llaman la agricultura sin agricultores, aumenta el desempleo y el desplazamiento hacia las zonas urbanas. Consecuentemente se dinamiza la llamada descomposición del campesinado: en los últimos años han desaparecido 400 mil pequeños propietarios.

La presencia de las multinacionales en el agro argentino es de tal naturaleza que está cambiando el perfil económico del país: lo está convirtiendo en monoproductor y monoexportador. Ya la soya representa el 70% del producto interno bruto del campo. En esta situación se pone en peligro la seguridad alimentaria, se dispara la inflación, la cual llega ya a más del 25% en lo corrido del año, se pauperiza la población y aumenta el descontento social.

La soya es apenas uno de los detonantes del conflicto. El gobierno del país austral para tratar de contener la inflación, estimular otros cultivos y participar del incremento de las utilidades de la soya, dado el aumento de los precios internacionales de la leguminosa, decidió incrementar las retenciones móviles, una especie de impuesto a las exportaciones de ese producto. Contra esa disposición, el empresariado se lanzó al paro patronal, especialmente dirigido a cambiar el carácter móvil, pues el impuesto es progresivo: aumenta en proporción mayor al incremento de las exportaciones. Se trata de la defensa de la renta futura del capital agrícola nacional y el de las multinacionales norteamericanas.

Tiene el conflicto un importante componente político: el intento de la derecha de convertirlo en una especie de pulso para medir fuerzas con los sectores progresistas que apoyan al gobierno, porque ha implementado algunas acciones que benefician a los sectores más pobres: rescató aspectos positivos de normas sobre la jubilación, creó rentas para pobres, los mayores de 70 años. El resultado de la confrontación debilita o fortalece a los sectores de la derecha rural incluidos capitalistas y terratenientes. Esta semana el parlamento austral define la cuestión o a favor del gobierno o a favor de las fuerzas reaccionarias y de las multinacionales extranjeras. Eso es lo que se juega en Argentina.