Los días 15, 16 y 17 de marzo se llevó a cabo la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular en Bogotá. Este encuentro recogió a las más representativas organizaciones sociales y políticas del país, quienes en un esfuerzo por debatir y llegar a acuerdos sobre los temas fundamentales que afectan el sector agrario, lograron concertar un pliego único de exigencias al gobierno colombiano y pusieron fecha para el inicio del segundo tiempo del paro agrario nacional.

La unidad a la que apunta la cumbre es y ha sido una apuesta recurrente para las organizaciones de izquierda en Colombia. En los años 60, Camilo Torres Restrepo y su Frente Unido encarnaron este sentimiento. Asímismo, la Unión Nacional de oposición (UNO) y la Unión Patriótica (UP) fueron intentos por enfrentar la maquinaria corrupta y darle alternativas al pueblo colombiano. En todos los casos, estas iniciativas han sido atacadas por las clases dominantes.

Los asesinatos, las judicializaciones, las desapariciones, la ausencia de garantías de participación y la cooptación de lideres son, entre otras, las estrategias que ha usado el establecimiento para impedir que se materialicen los esfuerzos de unidad. Muestra de esto fue el “golpe de Estado” que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Santos, le propinó a la ciudad de Bogotá al desconocer las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acabó de un plumazo con las garantías de participación, si algo quedaba de ellas.

Este acto demuestra, una vez más, que en Colombia existe una minoría burguesa aferrada al poder que no está dispuesta a permitir que otras ideas gobiernen. Ellos controlan los medios de comunicación, la contratación pública, la maquinaria electoral y el sistema financiero, todo untado hasta los huesos de los cuantiosos recursos del narcotráfico y la ilegalidad. Todo está diseñado para controlar y proteger un modelo que les es rentable en todo sentido.

Por eso, la Cumbre es un esfuerzo que demuestra que el movimiento social y político colombiano atraviesa por un estado de madurez que, por ahora, permite avanzar en el proyecto de país que anhelamos millones de colombianos. La apuesta es la movilización social como herramienta trasformadora de las realidades de las comunidades agrarias y populares.

Para muchos, es claro que el sistema antidemocrático se encuentra en crisis. El pueblo comenzó a despertar y a cansarse de vivir en estas condiciones. La indignación y poca credibilidad en quienes nos representan demuestra el agotamiento de ese modelo. En este escenario, las candidaturas electorales solo sirven para legitimar la camarilla que nos gobierna. La Unión Patriótica y el Polo Democrático sellaron una alianza con el fin de enfrentar la política tradicional, pero esta no deja de ser una alianza más electoral que programática. Los sectores populares son una vez más vagón de cola del proyecto.

La pregunta es: ¿qué puede esperarse de este sistema, en el hipotético caso de que se llegue a la presidencia? ¿Los intereses económicos y políticos que hay van a permitir un cambio de rumbo? Desde mí perspectiva esa alianza debe renunciar a sus intereses electorales, es momento de dar el paso al costado y permitir que sea la movilización social y la resistencia las que guíen la lucha en los actuales momentos. La consolidación del bloque histórico de poder del que hablara Gramsci que debe disputar el gobierno requiere de éste paso. Por eso nuestro esfuerzo debe estar dirigido a el fortalecimiento organizativo, el trabajo de base y la construcción real del movimiento de movimientos que desemboque en una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).