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"De nuevo la rebelión de las ruanas, ponchos y bastones"
El país aún recuerda a miles de campesinos y campesinas que en el 2013 salieron a las carreteras colombianas a exigirle al gobierno solución a sus críticos problemas. Esos mismos miles de campesinos y campesinas retornan a las carreteras denunciando el incumplimiento de los acuerdos pactados el año pasado y proponiendo refundar la política agropecuaria del país.
Ingrid Penagos / Viernes 2 de mayo de 2014
 

El paro agrario que se extendió por más de 40 días en el país es, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más destacados del 2013. Su contundencia y capacidad de despliegue político, social, organizativo y de opinión provocó, por parte del gobierno nacional, respuestas insatisfactorias a las demandas del movimiento, así como un elevado respaldo ciudadano que logró develar la endémica política agropecuaria y, por consiguiente, permitió conocer la realidad de la pobreza rural como consecuencia de un modelo agropecuario insuficiente y favorecedor de los grandes empresarios del campo.

Nuevamente, los protagonistas del paro del 2013 se reafirman en sus exigencias y consolidan, junto a otros sectores del mundo rural, un nuevo ejercicio de coordinación y unidad a través de la Cumbre agraria, étnica y popular; proceso que viene articulando propuestas e iniciativas para refundar la política agraria en Colombia. Estos procesos han manifestado la inevitabilidad del llamamiento a un nuevo paro agrario para este mes de mayo, eso sí, bajo nuevas condiciones: la consolidación de un pliego único que consigna las peticiones de todos los sectores movilizados, para el caso de la Cumbre, y un pliego de 5 puntos de las Dignidades.

Las breves reflexiones que expongo a continuación proponen explicar el alcance de un nuevo ejercicio de movilización que podría malograrle la reelección a Santos, así como fortalecer los lazos de unidad entre sectores populares, cuyo horizonte debería ser la consolidación de un nuevo proyecto de nación.

La crisis del campo colombiano

Uno de los efectos destacables del paro agrario fue hacer evidente ante el país la existencia de una inobjetable crisis del sector agropecuario, tema que hasta antes del paro había estado reservado para algunos académicos e intelectuales interesados en el tema. Después de los acontecimientos la ciudadanía reconoce que en el campo colombiano las cosas van muy mal.

La crisis es de tales proporciones que en la actualidad el 77% de la tierra está en manos de sólo el 13% de los propietarios. Las cifras son igualmente dramáticas en materia de tierras despojadas: 6.6 millones de hectáreas fueron usurpadas violentamente a sus propietarios o poseedores, familias campesinas dedicadas a la agricultura. Esas mismas tierras hoy en su mayoría están dedicadas al cultivo de biocombustibles, a la ganadería extensiva o comprometidas en proyectos mineros.

El modelo para el campo colombiano, impuesto por los dos gobiernos de Uribe y que continúa bajo el gobierno Santos (guardando algunos matices), destruye la economía campesina y afecta la soberanía alimentaria. Para el 2011 el país importó 7.1 millones de toneladas de alimentos, cifra que se elevó en el 2013 a 9 millones. Se trata de alimentos que pueden producirse en el país, dado que las principales importaciones son de arroz, cárnicos y lácteos.

El artículo 64 de la Constitución del 91 consagró el derecho de los campesinos al acceso progresivo a la propiedad rural como un deber del Estado, y la Ley 160 estableció en el artículo 65 que la adjudicación de baldíos sería para familias y cooperativas campesinas. Por eso, son bochornosos los casos de entrega de grandes extensiones de baldíos a ricos y poderosos empresarios, nacionales y extranjeros, quienes han cometido actos criminales que compromete a funcionarios públicos, políticos y empresarios. Más desconcertante es aún que la existencia de las pruebas y evidencias no surtan investigaciones ni mucho menos sanciones a Riopaila Castilla SA, Luis Carlos Sarmiento, Poligrow, Mónica Semillas, Cargill, entre otros, que se han apropiado fraudulentamente de parte de las tierras que deben dirigirse a la reforma agraria.

Los problemas mencionados son apenas algunos de los múltiples que enfrenta el sector en Colombia que, además, afronta grandes amenazas como la minería, la ganadería extensiva, los proyectos agroforestales, la política del libre comercio y el conflicto armado que convierte al campesinado en un sujeto vulnerable y desprovisto de la salvaguarda suficiente que lo protejan de tales escenarios.

El gobierno, en su afán por gestionar el mercado de tierras, les otorgó privilegios a los grandes inversionistas del agro y despojó a los campesinos por vía de proyectos de ley y por las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo. Es claro que si los planes del gobierno continúan su marcha, tal y como están establecidos, estaríamos asistiendo a la desaparición del campesinado Colombiano, situación a la cual no sólo los campesinos y campesinas deben responder, sino todos quienes reconocemos la centralidad de la labor de esta población en la sociedad.

El paro existió y regresa

La frase de Santos, refiriéndose a la contundente movilización campesina, “el tal paro agrario no existe”, desató la indignación de los campesinos apostados en las vías y de la ciudadanía que se expresó mediante cacerolazos y movilizaciones en diferentes centros urbanos rechazando tal descalificación, así como el tratamiento violento que el presidente le daba a las justas exigencias del vital movimiento campesino.

Fue así como aquellos hombres y mujeres de las zonas rurales acudieron de nuevo a los símbolos de lucha y resistencia que los acompañaron en los gloriosos años 70s, cuando el campesinado avanzaba en tomas de tierra y crecimiento organizativo: los ponchos, las ruanas y los bastones fueron los protagonistas de uno de los episodios que dejaron al presidente en una situación de ilegitimidad por su incapacidad de resolver las justas reivindicaciones.

Tras la instalación de mesas de negociación, las acostumbradas dilaciones y mesas de trabajo, que conducen al desgaste y no a la resolución de los problemas, el movimiento agrario de nuevo pone en jaque al presidente Santos con la determinación de la hora cero para que los ponchos, ruanas y bastones se tomen nuevamente las calles y carreteras colombianas a escasos 25 días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales.

El presidente candidato, pese a contar con el control del Estado y repartir de manera generosa entre sus amigos y aliados la mermelada, no logra ser una figura popular y bien recibida por la ciudadanía. Para Santos, enfrentarse a una nueva situación de parálisis podría estropear sus aspiraciones reeleccionistas. En efecto, tras la radicación del pliego de peticiones, Santos preocupado se comunicó con los voceros del paro en un intento de contener lo incontenible. Fue así como a la Casa de Nariño asistieron los voceros designados por el movimiento a dialogar con el presidente, quien se hizo acompañar de varios de sus más destacados ministros con la pretensión de neutralizar la decisión ya tomada. En medio de un intercambio similar al de un juego de cartas, en el que los jugadores no las muestran todas, los campesinos, acudiendo a su inteligencia, le notificaron al presidente que por sus incumplimientos reiterados y por la política agraria desacertada irían de nuevo a la movilización, como mecanismo para hacer valer sus puntos de vista y por ende sus derechos. Por su parte, el presidente, haciendo gala de su diplomacia, les informaba sobre sus logros en la materia y les insinuaba que el pliego era demasiado “político” y que era necesario examinar la convocatoria a un paro.

Existen peticiones elevadas por las dignidades agropecuarias en el marco de las movilizaciones campesinas relacionadas con los precios de sustentación, alternativas para la disminución del costo de los agroinsumos, situación financiera y crediticia de los productores, la primacía de la minería sobre las actividades agropecuarias y la quiebra a la que están siendo sometidos con la política de libre comercio. Estas fueron parte de las demandas de este movimiento en 2013 que exige se cumplan en 2014.

Si el paro toma fuerza es posible que se desacelere aún más la candidatura presidencial, lo cual implica hilar muy fino acerca de quienes pretenden aprovechar cualquier situación de anormalidad, como ocurrió en el paro cafetero, cuando Uribe expresó públicamente su respaldo a los caficultores. En esta ocasión el senador electo Álvaro Uribe pretende, con sus tres alfiles (Peñalosa, Zuluaga y Ramírez) reposicionarse en la presidencia en cuerpo ajeno, porque esa es su obsesión. No hay que olvidar que Uribe buscó reelegirse por segunda vez y la Corte Constitucional no admitió tal aspiración.

En mi opinión, se configura una oportunidad para que las fuerzas democráticas y alternativas en la contienda presidencial, con Clara López y Aida Avella, reposicionen sus propuestas de cara a un nuevo modelo de desarrollo para el campo en el país, pues dado el momento en el que se llevará a cabo el paro, va a ser casi inevitable no asociarlo con el tema presidencial.

Unidad para avanzar

La consigna, aspiración o quizás obligación para los sectores populares, es la de tejer canales de comunicación y articulación que les permitan desplegar una lucha más contundente y eficaz. Esto ha venido siendo leído por parte de sectores indígenas, campesinos y afros que hacen parte de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, proceso que se consolidó como resultado del paro agrario del 2013 y que concluyó en la elaboración de un pliego único de peticiones que fue radicado ante la Presidencia de la República.

La ocurrencia de avances en la construcción del pliego que aborda, entre otras temáticas, tierras y territorios, economía campesina, rechazo a los TLCs, oposición a la gran minería y la exigencia de garantías al ejercicio de la protesta social, son parte del repertorio por el que han coincidido los más heterogéneos sectores que habitan las áreas rurales y urbanas.

Es importante destacar que en la realización del reciente Foro Social Urbano Alternativo y Popular se aprobó la participación en el paro y se insistió en construir un movimiento urbano como referencia para las luchas populares que se llevan a cabo en las ciudades.

Es así como estamos en la antesala de experimentos de unidad más sólidos entre los sectores populares, que podrían configurar ejercicios posteriores de mayor alcance. La cumbre agraria es, si se quiere, ese vehículo esperanzador para quienes han insistido históricamente en la unidad como condición para alcanzar victorias del movimiento social.

No podría concluir este texto, sin honrar la memoria de Gilma Benítez y Jorge Caballero, ambos consagrados luchadores por los derechos del movimiento campesino e indígena respectivamente. Gilma, quien con su lucidez logró sembrar la semilla de la resistencia campesina, y Jorge, caminando la palabra junto a los pueblos indígenas del Cauca, enraizó con su alegría y su espiritualidad la lucha por los derechos al territorio y a la tierra. Gilma y Jorge son un patrimonio de la lucha popular en Colombia y serán pocos los reconocimientos para el inconmensurable legado que dejan en el movimiento social colombiano y, por qué no decirlo, acompañan desde donde estén el paro agrario.