La Mesa de la Justicia de Norte de Santander llama la atención a las diferentes autoridades y a la opinión publica en general sobre el agravamiento de la difícil situación que están viviendo los internos e internas del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano, consistente en:

1. Hacinamiento: según las cifras, éste esta por encima del 105%, situación que se agrava por el recibimiento de más internos de otras cárceles del país.

2. Salud: Las condiciones de los internos a este derecho fundamental no son las mejores, ya que la EPS Caprecom no presta el servicio adecuadamente en relación con los médicos, especialistas, enfermeras, y profesionales, entre otros, ni mucho menos con la asistencia en medicamentos adecuados, hechos que han generado 34 casos de sida, 23 de tuberculosis, 5 de dengue, 1 de meningitis y sin confirmar los casos de cáncer en sus diferentes manifestaciones, ni las enfermedades mediáticas como gripa, diarreas, entre otros , que han originado un sin numero de muertes por falta de asistencia medica, así mismo por la demora e inoportunidad en la entrega de solicitudes que realizan los internos por parte del área encargada de salud del Complejo Penitenciario.

3. Violación a los DDHH: son frecuentes las quejas y denuncias que recibimos las organizaciones de derechos humanos, de los castigos, torturas y maltratos ordenados por la directora del complejo penitenciario contra los presos y sus familiares, cada vez que estos reclaman sus derechos y manifiestan sus inconformidades frente al manejo arbitrario y despótico que se da por parte de la autoridad de este centro, castigos, torturas y maltratos consistentes en traslados a otras cárceles del país, aislamientos, prohibición de visitas, recreación, etc.

4. Alimentos: Estas siguen suministrándose sin el nivel de nutrición requerido y en muchos casos se dan en mal estado, generando enfermedades de diarreas, vómitos, fiebres e infecciones, situación que agrava de hecho la salud de los internos.

5. Oficina jurídica: no presta los servicios adecuados en los términos de oportunidades a las solicitudes que realizan los internos respecto a la expediciones de certificados por trabajo realizados, estudios efectuados, entre otros, que permiten redimir penas y en muchos casos permiten otorgar libertad por cumplimiento de penas o beneficios para trabajo extramural, 72 horas, entre otros que otorga la Ley, vulnerando el debido proceso, aumentando el hacinamiento.

6. El Consejo Superior de la Judicatura no cuenta con el servicio suficiente de jueces de control de ejecución de penas y medidas de seguridad que puedan atender los casi 10.500 sentenciados que se tramitan y están para su vigilancia. Además no cumple con tener juzgados con sitios para mantener juez de control en la cárcel, violando la Ley 1709 de 2014.

Frente a los hechos anteriores, la actitud de los responsables: Ministro de Justicia y Derecho, Ministerio de Hacienda, Director Nacional y Regional Bucaramanga del INPEC, Alcalde de la Ciudad de Cúcuta y Gobernador del Departamento Norte de Santander, y en especial de la Dra. Claudia Liliana Duarte, Directora del Complejo Penitenciario, que por su incapacidad lo que hace es esconder estas realidades y no resolver estos gravísimos problemas.

Por lo anterior la mesa de justicia de Norte de Santander solicita:

1. Que se declare la emergencia social carcelaria y de salubridad en el complejo penitenciario y carcelario de Cúcuta, pues éste supera el 20% de hacinamiento en todos los establecimientos carcelarios del país (Ley 1709 de 2014).

2. Que se restablezca los servicios de salud que esta obligado la oficina de bienestar carcelario, la cual no se viene dando con oportunidad y continuidad vulnerando los derechos fundamentales de los internos.

3. Que se dé cumplimiento al fallo de tutela que ordenó el plan de mejoramiento en seis meses, sin que a la fecha haya resultados, ordenando el cierre del complejo penitenciario a fin de que no se desacate la decisión judicial.

4. Crear dos juzgados de ejecución de penas y medidas que funcionen en dicho establecimiento, conforme a lo establecido en la Ley 1709 de 2014, situación que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y se encuentra en mora.

5. Que se mejore en eficacia y funcionamiento la oficina jurídica de dicho establecimiento penitenciario y carcelario a fin de que se tramite las solicitudes de libertades extramurales, beneficios de 72 horas, y la posibilidad de brazalete electrónico y prisiones domiciliarias, ante los jueces de ejecución de penas.

6. Que se realicen convenios con instituciones públicas y privadas como el SENA para capacitar a los internos y mejorar la redención de penas a través del trabajo, en otras palabras, ampliar la cobertura existente, que permita la resocialización del personal recluido.

7. La renuncia irrevocable de la Dra. Claudia Liliana Duarte, Directora del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta.

8. Las organizaciones que suscribimos este documento, respaldamos las justas luchas de los internos del Complejo Carcelario de Cúcuta considerando que les asiste todo el derecho de la protesta debido a la vulneración de sus derechos sin que el gobierno responsable de su salud, de su integridad, resocialización, y del derecho a la vida no estén haciendo lo necesario para cumplir lo que le ordena la Ley.

San José de Cúcuta, Julio 25 de 2014.