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A propósito de la sequía
Pedro José Arenas García / Sábado 16 de agosto de 2014
 

Hace cuatro años se vivió el "fenómeno de la niña" en Colombia. Un inusitado periodo de alta pluviosidad en todo el país conllevó inundaciones en todos los ríos y cañadas, devastación en sus riveras y en los valles interandinos. Las partes bajas de los ríos Cauca y Magdalena fueron muy afectadas. En el sur del departamento del Atlántico, lo mismo que en Bolívar, se declaró emergencia invernal mientras que Útica en Cundinamarca fue arrasado por una avalancha, entre otros casos. 

Los cuerpos de Bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil se activaron, las alcaldías decretaron alertas desde amarilla hasta roja según la gravedad de las inundaciones y el sistema de gestión de riesgos operó para atender las consecuencias de dicho fenómeno. Cientos de personas perdieron la vida, millares fueron desalojados de sus viviendas por el clima y, según varios informes, millones más sufrieron perdidas materiales. Desde cultivos de pan coger, pastizales, especies menores y mayores, casas y enseres personales, hasta puentes, carreteras y otras infraestructuras se perdieron en medio de las lluvias. El gobierno nacional creó un programa llamado "Colombia Humanitaria" para ayudar a las comunidades a salir de la crisis que les dejó el invierno.

Ahora estamos en una situación parecida, solo que esta vez es la sequía la que azota ya a más de 15 departamentos. Casi en toda la Costa Caribe la gente reza pidiendo lluvias. Incendios forestales no han podido ser controlados por las autoridades; bocatomas de acueductos ya sufren la escasez del liquido y hay largas filas en ciudades importantes esperando a que carrotanques les suministren una ración para preparar sus alimentos. En medio de esta ola de calor ya se habla del peligro de vivir el "fenómeno del niño" tal como se recuerda ocurrió a principios de los años 90s. Mientras tanto las cámaras de televisión han enfocado la situación de la niñez de La Guajira donde, según denuncian los indígenas, decenas han muerto a causa del hambre, la sed y enfermedades prevenibles.

Este panorama hace evidente que la falta de previsión, planeación e improvisación del Estado que ha llevado a una débil institucionalidad de gestión de riesgos, ha debilitado la credibilidad de las comunidades en sus instituciones y no ha permitido el fortalecimiento de los organismos de socorro como lo haría un país en trance de desarrollo. Es doloroso saber que en Colombia si llueve es un tragedia pero si hace sol varios días es otra peor. A cambio de haber fortalecido el sistema de gestión de riesgos con todo su aparataje institucional el gobierno se la jugó por Colombia Humanitaria que hizo muchas cosas bien pero que se convirtió en una especie de banco de segundo piso que financiaba proyectos que no siempre llegaron a tiempo a su destino, y por los cuales en muchos casos los mandatarios locales tuvieron que pagar "peajes" para su aprobación. Apenas hace pocos meses arribó al Guaviare una maquinaria para aquel invierno, financiada con recursos de dicho programa.

El papel preventivo de las autoridades ambientales también ha pasado de agache en estas situaciones. Las CAR han permitido en muchos casos la realización de actividades que terminan ocasionando daños ambientales mientras que los planes de ordenamiento territorial no siempre son acatados por pobladores y sector privado a la hora de asentarse u ocupar áreas de riesgo. Y si bien es cierto que la falta de oportunidades ha movido a millares a instalarse en donde no se debe, también es verdad que hay una serie de hábitos de consumo de esta sociedad consumista en la que estamos que conlleva derroches y prácticas agropecuarias y extractivas que afectan los ecosistemas que sirven de colchón bien sea para contener inundaciones o almacenar agua para tiempos secos.

Ojalá en este periodo el gobierno nacional a cambio de seguir haciendo pomposos consejos de ministros ante cada tragedia, luego de los cuales se hacen pomposos anuncios que se quedan en los reflectores o en el papel, se dedique a fortalecer en serio el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo con la unidad administrativa creada para ello. El Congreso por su parte debe jugar un papel protagónico asignando presupuesto y motivando una eficaz coordinación interinstitucional para la prevención y gestión de los desastres. Las autoridades territoriales por su parte deben dejar de ser reactivas y ponerse al frente de este tema que aunque no da votos, sí implica salvar vidas y evitar perdidas económicas. Al tiempo que la comunidad está en la necesidad de revisar sus hábitos de consumo.