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Actos de guerra y fumigaciones contra los campesinos en San José de Apartadó
 

El Comité de y para los Derechos Humanos de San José insiste nuevamente en rechazar todos los actos de guerra que ponen en peligro a la población y que constituyen una sistemática violación contra las más elementales normas como los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Nuestra labor como defensores de derechos humanos no sólo consiste en la denuncia de las violaciones a estos derechos primigenios, sino además en la exigencia a los entes responsables de acatarlos, garantizarlos y protegerlos cuando omiten tal responsabilidad. Labor esta que hemos asumido ante las evidencias que nos ofrecen los datos de la violencia en nuestra región.

Rechazamos los hechos del pasado 22 de agosto, en los cuales nuevamente somos los campesinos escudos de esta lamentable guerra. Ese día, en medio de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla en la vereda Bellavista, los miembros de la Fuerza Pública dispararon indiscriminadamente contra varias viviendas y otros bienes como una vaca que hacía parte del pequeño patrimonio de una familia del sector. Además de esto fue muy evidente el intento de asesinato de un campesino que al momento de trasladarse en una mula fue impactada por artefactos explosivos claramente arrojados por la Fuerza Pública y que casi cobran la vida de un reconocido habitante del sector.

Como si esto fuera poco fueron retenidos ilegalmente y en contra de su voluntad un menor de edad y seis campesinos adultos que hacían tránsito hacia labores netamente agrícolas. Éstos campesinos, además de su retención ilegal, fueron señalados, insultados y maltratados por los militares que esconden sus insignias y sus identificaciones para no ser identificados. Además es muy continuo, y estamos cansados de denunciarlo sin que hasta el momento los operadores de justicia realicen acciones para proteger a la comunidad, que los militares usan los bienes públicos y civiles para actividades militares, clara violación a lo que rezan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, un riesgo para los pobladores.

En este mes se han presentado unos supuestos combates en lo que también es expuesta la población civil a peligros por la cercanía de la base militar del batallón Voltígeros y de las operaciones militares que se realizan muy cerca o dentro de bienes públicos como escuelas, viviendas de civiles elaboradas por el Ejército Nacional y que pueden traducirse en asesinatos de pobladores como Deimer Guaca, Carlos Torres, Yerit Magali Muñoz (falso positivo. Agosto 2-2014) y muchos otros asesinados por el Ejército y los demás actores del conflicto.

Sea este el momento para solicitarle al alcalde la revisión y la reactivación de sus compromisos constitucionales y de las promesas hechas a nuestra población, por ejemplo el traslado de la base militar lejos de la población civil y otros de inversión que al parecer ha olvidado, compromiso que sustentan las leyes pero que por la omisión de funcionarios se continúa violando el derecho de distinción de toda la comunidad campesina.

Así mismo en la vereda la Oz, Rodoxali, Mulatos Cabecera, El Porvenir y La Esperanza la Dirección Nacional de Antinarcóticos viene realizando una serie de fumigaciones que han afectado cultivos de pancoger, cultivos de la despensa de seguridad alimentaria de familias, cultivos sembrados con el sudor del campo, con el alma, sembradas con la finalidad de no dejar morir a por lo menos 300 familias de hambre, pero que la miserableza de las omisiones de algunos funcionarios y por la falta de legalidad y consciencia humana suman más injusticias hacia el más débil, lo ya desposeídos de fe en el Estado.

Es necesario recordar a la opinión pública que en enero del año 2013 fueron fumigadas estas mismas zonas y fue evidente la afectación a cultivos del pancoger que ahondaron la pobreza. Se buscaron por vías legales que los responsables de estas graves afectaciones del derecho a la alimentación y al cultivo de pancoger pagaran los daños ocasionados, pero gracias al trato ineficiente y negligente de la Secretaría de Agricultura de Apartadó y a la irresponsabilidad de los adeudados que nunca indemnizaron a las familias y que violaron tratados internacionales como el firmado por el Estado colombiano en Kioto (Japón).

Le recordamos a las instituciones del medio ambiente del municipio, a las departamentales y nacionales sus compromisos se extienden hacia el cumplimiento de los tratados firmados por el estado colombiano. Hacemos un llamado a las instituciones para nos sientan como ciudadanos que tenemos derechos, que nos escuchen pero también que cumplan con sus funciones. Este cumplimiento puede evitar acciones de hecho a las cuales nos están obligando cada vez más.

Exigencias

Exigencias a las partes del conflicto

Una vez más exigimos de los actores armados (FARC-EP, Estado colombiano - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional), para que acaten de una vez, los principios básicos, requerimientos y prohibiciones expresas contenidas en las Normas Internacionales del Derecho de Guerra (DIH), especialmente las concernientes al respeto y protección de las personas civiles, tales como el principio de distinción, respeto y reconocimiento de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional.

Exigencias a los operadores de justicia y organismos de protección

· A que activen las nuevas disposiciones en materia legal y de protección de los DDHH en las zonas de conflicto, según las cuales las operaciones militares no sigan de espalda al control judicial, de protección y control público (Fiscalía, Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación). Así mismo que se inicien desde ya las respectivas investigaciones de orden penal y disciplinario a que haya lugar con motivo de los hechos presentados en esta denuncia.

· Que los operadores de justicia se acerquen a la región para verificar la situación de presión, malos tratos y claras violaciones a los derechos humanos a los que ha estado sometida la población civil, tales como intimidación y tratos degradantes, y que esto conlleve a tomar las medidas necesarias.

· Se exige al Estado colombiano en cabeza del Presidente de la República Juan Manuel Santos, al gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, al alcalde de Apartadó Gonzalo Giraldo y la institucionalidad en sí, a que rechacen todos los hechos que ponen en peligro a la población, pero también a que presten el apoyo y las garantías para con la población.

· Que se continúe desde las organizaciones de defensa de los DDHH el monitoreo permanente de la situación de los DDHH en San José de Apartadó y que el resultado de este seguimiento sea puesto a consideración de las autoridades estatales, en el ámbito local y nacional (Presidencia, Ministerio de Defensa, Defensoría, Personería, Gobernación, Alcaldía, Fiscalía, Procuraduría, entre otras). Se desconocen acciones concretas para investigar, judicializar y sancionar a los responsables, cuestión que dan paso a formas de impunidad que deterioran nuestra democracia.

· Que activen las comisiones de verificación de las afectaciones desatadas por la irresponsable fumigación y que se endilguen las responsabilidades por los daños ocasionados que se amplían hasta las propias afectaciones ambientales que en la Administración de Apartadó a nadie parece interesarle.

· Le exigimos a la Presidencia de la República, a la Gobernación de Antioquia, a la Administración pública, a la Secretaría de Gobierno, al Ministerio del Medio Ambiente, y demás entes para que reparen, responsabilicen, rechacen los daños económicos, ambientales, a la salud que vienen acaeciendo por las irresponsables fumigaciones de cultivos de pancoger.

Solicitud

Solicitamos la presencia de los órganos humanitarios del orden internacional (Cruz Roja Internacional, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Acnur y demás) en la zona, a fin de verificar la situación humanitaria que padece la población de San José de Apartadó con ocasión del conflicto armado.

Llamamiento a la opinión pública nacional e internacional

Continuamos llamando a todas la personas y organizaciones democráticas del mundo y del país que, sensibles al dolor humano y decididos frente a las injusticias que sufren los más débiles, han tomado la bandera de la defensa de los derechos humanos, para que acompañen y vigilen a una comunidad que hoy padece las más retrogradas y horrorosas consecuencia de una guerra que se les ha impuesto a fuerza de atrocidades.

Nota: Aún estamos esperando las ayudas a las que tenemos derecho y que fueron prometidas por la Administración luego del lamentable vendaval del pasado mes de julio que afectó viviendas y cultivos en San José de Apartadó. Es necesario recordar que a agroempresas del banano fueron muy diligentes, pero con el campesino de a pie no han tenido el gesto de buena voluntad. Esperamos que la comunidad no tenga que verse obligada a vías de hecho que agudicen la situación. Señor alcalde, cumpla con sus compromisos.