El departamento de La guajira ha sido uno de las más golpeados por el problema de sequía que ha sido en parte consecuencia de un complejo fenómeno climático mencionado reiteradamente por el gobierno nacional. Sin embargo, la situación que se presenta en este lugar del norte del país y sus consecuencias desastrosas, son producto de procesos históricos que pasan desde el profundo olvido estatal, las condiciones geográficas y climáticas del departamento, así como también por la corrupción de sus dirigentes a lo largo del tiempo y la irresponsabilidad en la extracción carbonífera y de gas en el territorio.

La negligencia de las administraciones, la falta de un plan de contingencia para poder mantener un nivel de vida digno para las comunidades que habitan las complejas condiciones geográficas de la región, la inequidad en el suministro de agua entre la población y la maquinaria de extracción carbonífera por parte de la empresa El Cerrejón, sumado alas consecuencias del cambio climático, generan un panorama devastador que obliga al gobierno nacional a volcar sus ojos sobre esta olvidada región del país, no por altruismo, sino por el proceso de movilización social que se viene gestando.

Las comunidades indígenas, campesinas y desplazadas llevan varios años denunciado estas irregularidades sin encontrar ningún eco en las instituciones del Estado. Los problemas de salud que se han generado por la extracción de carbón van desde graves enfermedades respiratorias por las partículas que quedan en el aire gracias a la minería a cielo abierto, hasta la contaminación de las pocas fuentes hídricas con las que cuenta el departamento, generando un fenomeno impensable para la actividad agrícola y ganadera.

Adicional a esto, los proyectos que el Estado colombiano propone para la solución de estas problemáticas, también han tenido consecuencias nefastas para la población. Ejemplo de esto fue la construcción de la represa del río Ranchería, tan nombrada hace algunos años atras, proyecto que se presenta como una alternativa para mejorar el suministro de agua a las comunidades que, no obstante ser rechazado vehementemente por los pueblos indígenas debido a la violación de su territorio ancestral, su ejecución siguió adelante y como resultado terminó por facilitar la extracción del agua por parte de la empresa minera El Cerrejón. Y, por el contrario a lo pensado inicialmente, pasó a un segundo plano el acceso de las comunidades al preciado líquido.

En el marco de esto, La Guajira se encontró en un proceso de paro que obligó a la instalación de una mesa de concertación entre el Gobierno Nacional y las comunidades. Se consolidó el pasado 11 de agosto de 2014 enmarcada por un pliego de exigencias que se viabiliza a través de la construcción de un programa mínimo por la salvación de LaGuajira. Un documento que gira entorno a 13 ejes centrales y dentro de los cuales se desarrollan más de 80 propuestas: protección de los resguardos indígenas, recuperación y construcción de pozos y jagüeyes, condonación de deudas y subsidios de alimento, conclusión del proyecto de la represa del río Rancheria, entre muchos otros, que terminan por expresar las paupérrimas condiciones a las que han sido sometidos los guajiros.

Si bien los problemas anteriormente nombrados generan una serie de consecuencias irreversibles, las dinámicas de movilización de la población obligan al gobierno nacional a escuchar y construir alternativas para la dignificación de la vida de los habitantes del departamento, adicional a la creación de escenarios de confluencia de la comunidad en torno a la construcción y apropiación de su territorio.

“El problema de la Guajira no es coyuntural, es histórico”,menciona José Lozano, vocero del Movimiento Político y Social Marcha Patriotica en el departamento. “No estamos frente a la ineficiencia de un gobierno de turno, estamos enfrentando la política minero-energética que viene desde más de dos décadas atrás. Necesitamos soluciones estructurales a la imposibilidad de vivir en nuestra tierra, no tenemos para comer y menos para hidratarnos”, continúa señalando el líder social.

Es cuestión de tiempo para evidenciar la falta de compromiso del Gobierno Nacional con la mesa de negociación y por tanto con las problemáticas de los pobladores que a gritos piden ayuda. Una oportunidad histórica que el gobierno nacional y departamental tienen para girar la balanza y empezar a construir de La Guajira un territorio de vida digna.

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