Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Dominación de clase y perspectivas del campo popular
José Honorio Martínez / Domingo 26 de octubre de 2014
 

En el presente artículo se esbozan algunos elementos sobre la coyuntura que afronta la lucha de clases en Colombia. En líneas generales se pretende argumentar que el ciclo de movilización popular iniciado en 2010 se configura como un proceso destituyente/constituyente, que, al poner en cuestión la continuidad de las estructuras de dominación vigentes, ha provocado el agenciamiento de una “revolución pasiva” por parte de la clase dominante.

Terrorismo de Estado y vigencia de la resistencia popular

En Colombia la dominación de clase ha tenido como fundamento el terrorismo de Estado. Un punto muy alto de dicha política fue colocado por el Estado en la primera década del siglo XXI con el desarrollo de la llamada “seguridad democrática” y la ejecución del Plan Colombia; ambas implicaron el fortalecimiento del militarismo y la ampliación de sus márgenes de acción para la perpetración de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. Sin terrorismo de Estado, Colombia no sería la atractiva plaza que es para la sobreexplotación de los trabajadores, el saqueo de los recursos naturales y la especulación capitalista.

En los años 1970/1980, en el Cono Sur de América Latina, el terrorismo de Estado dirigido por militares en el gobierno aniquiló las organizaciones sociales y políticas de izquierda. En Colombia, a pesar de la larga duración y sistematicidad con la que se han aplicado los métodos del terror, las organizaciones sociales y políticas adversas a la dominación oligárquica siguen oponiéndose y resistiendo. Es decir, el terrorismo de Estado ha fracasado en borrar de la escena política a la izquierda. Lo que muestran las movilizaciones que –con mayor intensidad- desde el Bicentenario de Independencia (20 de julio de 2010) han copado la plaza de Bolívar es que la capacidad de organización y movilización de los sectores populares es superior al terror y la intimidación impuesta por el Estado oligárquico [1].

En el transcurso de los últimos cuatro años, Colombia ha vivido un auge de la movilización popular lo que connota un gran revés para el proyecto militarista de dominación establecido. Las movilizaciones estudiantiles reversaron la reforma universitaria; las luchas campesinas e indígenas han contenido el avance del despojo territorial; los paros cafeteros obligaron al gobierno a subsidiar los precios del grano, las protestas de los pequeños mineros han planteado una férrea disputa frente a la política minera extractiva en favor de las transnacionales y el movimiento de derechos humanos ha dado grandes pasos en el desenmascaramiento del terrorismo de Estado como política del capital. En el contexto y la trayectoria de terror impuesta en el país, que este tipo de expresiones sociales logren manifestarse y alcancen algunos de sus objetivos debe interpretarse como una victoria para el campo popular.

Durante los últimos cuatro años los sectores populares han perdido el miedo introyectado en los años precedentes. La pérdida del temor no se debe a que la clase dominante haya abandonado su política terrorista, tampoco ha sido una cuestión meramente voluntarista, es más bien el resultado dialéctico de la consciencia social madurada ante la hondura que alcanza el “nuevo” imperialismo y la acumulación por desposesión en Colombia.

Acumulación por desposesión y estrategia de dominación

Rechazos populares contra proyectos hidroeléctricos como los del Quimbo, Ituango y Sogamoso; contra proyectos mineros como los de Santurbán, La Colosa y Marmato; contra el avance de proyectos energéticos que desecan los ríos y destruyen el territorio como los de la Guajira, Arauca, Casanare y Putumayo; contra proyectos inmobiliarios como el Cinturón Verde de Medellín, Ciudad Paraíso en Cali, Plan Centro en Bogotá y el Puerto marítimo de Buenaventura, entre otras expresiones, denotan la intensidad con la que el capital intenta sitiar al conjunto de la sociedad.

Un indicativo del acrecentamiento de la inconformidad fue evidenciado en las pasadas elecciones presidenciales con el repunte de los votos en blanco y la abstención. Ello a pesar de la existencia de un conjunto prebendas con las que el régimen político prácticamente soborna a los potenciales sufragantes.

El despojo capitalista ha empujado a la gente a vencer el miedo y a tomar masivamente las calles, las carreteras y plazas. El ímpetu –y necesaria continuidad- de este impulso sitúa al país en un momento de quiebre político en el que la fuerza del cuestionamiento impide la reproducción de las estructuras opresión en los términos vigentes.

La movilización popular ha obligado a la clase dominante a variar su estrategia de dominación combinándole al militarismo una pequeña dosis de “apertura política”, expresada en el inicio de diálogos de paz y la firma de acuerdos parciales en tres puntos de la agenda convenida con las FARC-EP y en la continua integración de mesas de negociación con las organizaciones populares para “atender” sus demandas.

En gran medida, la clase dominante ha introducido estas modificaciones en su estrategia porque tendencialmente no tiene otra salida. La crisis del Estado norteamericano, el auge suramericano del progresismo, el desgaste y la tendencia a la insostenibilidad del militarismo y la digna insistencia con la que resiste el campo popular, le han obligado a hacerlo.

La clase dominante colombiana debería preocuparse de que su faro no resuelva en el corto plazo y favorablemente ninguna de las guerras que ha propiciado en el siglo XXI; el sostenimiento de los frentes de combate abiertos por los Estados Unidos (Afganistán, Pakistán, Irak, Libia, Yemen, Siria) ha implicado un “sobredimensionamiento estratégico” llevando al Estado a un abismal endeudamiento (100% del PIB) que empuja al colapso de su hegemonía financiera. Simultáneamente, Suramérica ha ido poblándose de gobiernos que no son afines al carácter y al proyecto reaccionario de la oligarquía colombiana. Para completar el cuadro, con un presupuesto nacional deficitario en 12,5 billones de pesos para el 2015, es imposible proseguir escalando la guerra y sufragando el sostenimiento de las fuerzas militares.

Ahora bien, ¿puede el gobierno Santos seguir consolidando el capitalismo dependiente en un contexto de acrecentamiento de la inconformidad social y política y de radicalización del campo popular? Ello no es posible a menos que haya un remozamiento de las estructuras de dominación que relegitimen el Estado: es decir, el gobierno Santos se encuentra abocado a -por lo menos- ensayar una revolución pasiva. Entendiendo por esta una “revolución-restauración”, “o sea una transformación desde arriba por la cual los poderosos modifican lentamente las relaciones de fuerza para neutralizar a sus enemigos de abajo. Mediante la revolución pasiva los segmentos políticamente más lúcidos de la clase dominante y dirigente intentan meterse “en el bolsillo” a sus adversarios y opositores políticos incorporando parte de sus reclamos, pero despojados de toda radicalidad y todo peligro revolucionario. Las demandas populares se resignifican y terminan trituradas en la maquinaria de la dominación” [2].

“Unidad Nacional”, neoliberalismo y panoplia demagógica

Durante su reelección y hasta el presente, el gobierno Santos ha sido hábil en capitalizar la memoria social ante el terror agenciado por militares y paramilitares, fue este dispositivo el que le captó miles de votos, incluso desde una parte de la izquierda. Actualmente algunas de sus políticas tienden a presentarse y a ser leídas como “progresistas”, sobre todo cuando sus antiguos compinches de partido, liderados por el expresidente Uribe, le son adversos o parecen serlo. Las reacciones del uribismo vienen sirviendo al gobierno Santos de burladero en la lidia con la oposición de izquierda. Sin embargo, no es dable que este “método” le garantice el respaldo que necesita durante los años de su gestión.

El gobierno Santos representa el interés de la clase dominante por eternizar el proyecto neoliberal. La liberalización comercial y financiera, la flexibilización y precarización laboral, las privatizaciones, el asistencialismo social, el militarismo (que aspira a tener más fuero y se recarga de pistolas taser) y el paramilitarismo (vigente en las mal llamadas bacrim), el extractivismo minero-energético y el apego a la hegemonía norteamericana (Alianza del Pacifico, TLC, OTAN), son pruebas manifiestas de dicha continuidad.

Para alcanzar su propósito, el gobierno viene desenvolviendo dos maniobras. La primera, en el seno de la clase dominante orientada a mantenerla unida en torno a su gestión. La segunda, proyectada hacia el campo popular, orientada a debilitar la potencia del movimiento social y su capacidad de transformación.

Respecto a la primera maniobra el gobierno ha recurrido a la vieja fórmula oligárquica de fraguar una “Unidad Nacional”. Dicha “Unidad” por supuesto no tiene nada de nacional, ya que es un pacto burocrático entre las empresas electorales de los de arriba (La U de Santos, Cambio Radical de Vargas Lleras, Partido liberal de Gaviria y Samper y el Partido Conservador de Pastrana y los caciques regionales) simulando representar a los de abajo. Tal “Unidad” está, por tanto, vacía de nación y opera en contravía del interés nacional. La oligarquía liberal-conservadora abyecta a la postración y adicta a la venta del país “reivindica” una vez más un concepto que le es totalmente ajeno, que no comparte y con el que nunca ha sido ni podrá ser consecuente.

La “Unidad Nacional” ha solido ser un salvavidas oligárquico para las épocas complicadas. Por eso en esta ocasión el gobierno lanza promesas a diestra y siniestra: que regalará un millón de viviendas (muy probablemente con base al clientelismo electoral), que dará curso a una reforma política (que no reforma nada), que reformará la salud, la justicia, la estructura tributaria, que resarcirá a las víctimas e instalará el posconflicto, que será el gobierno de la educación. Cháchara y más cháchara para oídos ingenuos.

Al tiempo que hace tantas promesas vacuas mantiene en curso las operaciones de guerra, desenvuelve los planes de consolidación territorial, continúa fumigando las regiones cocaleras, prosigue desterrando poblaciones para adelantar megaproyectos y ante todo avanza en la entrega del territorio (licencias express y legalización de la apropiación de baldíos) a las transnacionales. La política represiva, desplegada en Urabá y Putumayo contra los reclamos populares, se mezcla con la de integración de mesas de concertación (Guajira, Pacífico nariñense) y el envío del emisarios ministeriales con promesas oficiales para desmovilizar los movimientos sociales.

Proceso constituyente alternativa al neoliberalismo

El campo popular enfrenta una coyuntura en la que la clase dominante intenta prosperar en la relegitimación del Estado y el orden general de la dominación. Ante tal búsqueda, la intensificación del proceso destituyente/constituyente, por parte de los movimientos sociales, emerge en el horizonte como la alternativa más plausible en la perspectiva de doblegar la continuidad del neoliberalismo.

El proceso constituyente exige la ampliación del espectro de las luchas sociales con miras a construir una correlación de fuerzas favorable. Ello impone grandes desafíos como la organización e incorporación a la movilización de “la clase que vive del trabajo” [3]; la cualificación del proyecto político alternativo dando mayor centralidad a la crítica anti-sistémica; el robustecimiento del imaginario instituyente que ánima a los movimientos sociales y la consolidación de la unidad de los diversos procesos orgánicos situados a la izquierda. La carta que se está jugando el gobierno Santos es la de poner freno al proceso destituyente y constituyente que recorre el país, la carta que juega el campo popular es la de avanzar en el logro de la paz con justicia social.

[1Al respecto: Cueva, Agustín, El desarrollo del capitalismo en América Latina, Siglo XXI, México 2007.

[2Kohan, Néstor, La gobernabilidad del capitalismo periférico y los desafíos de la izquierda revolucionaria, Ensayos críticos No.3, Bogotá, Octubre de 2007.

[3Al respecto: Antunes, Ricardo, Diez tesis sobre el trabajo del presente (y el futuro del trabajo), en Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales, Clacso, Buenos Aires, 2009.