Con preocupación observamos el retorno del desplazamiento forzado, provocado por terratenientes y el apoyo de la Fuerza Pública, en las comunidades de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Es evidente que estos hechos de terror están relacionados directamente con la promoción que adelanta el Gobierno Nacional del megaproyecto hidroeléctrico Urrá 2, tal como sucedió en el pasado cuando se inició la promoción y posterior construcción de la central hidroeléctrica Urrá 1.

El pasado 28 de agosto, a partir de las nueve de la mañana se presentó a la comunidad de Las Arepas, corregimiento del municipio de Cotorra, al norte del departamento de Córdoba, en pleno corazón del humedal Ciénaga Grande del Bajo Sinú, un contingente de aproximadamente cien policías fuertemente armados, apoyados por dos tanquetas antimotines.

Estaban con la jueza promiscua de San Pelayo, Patricia Sejin Ruiz,. Sin mediar palabra alguna con los habitantes de la comunidad procedieron a sembrar el terror, lanzando gases lacrimógenos y chorros de agua a presión pretendiendo sacar a las familias de las casas sin importarles la presencia de niños, ancianos y mujeres.

La comunidad de Las Arepas está sobre un terreno de tres mil hectáreas que hacen parte de la zona de amortiguamiento del humedal Ciénaga Grande del Bajo Sinú, zona que la legislación colombiana define como bien de uso público.

Esta comunidad ha vivido ancestralmente en esta zona realizando actividades como agricultura a pequeña escala, así como pesca artesanal y de subsistencia.

Con la posible construcción de la hidroeléctrica Urrá 2 toda esta zona dejaría de hacer parte del humedal, por lo que grandes conglomerados económicos que tienen intereses en la región, a través de testaferros, vienen pretendiendo desalojar por la fuerza a esta comunidad argumentando la supuesta propiedad legal de la tierra.

Esto es absurdo porque la comunidad cuenta con documentos legales que le reconocen el derecho al uso de dicha tierra y han estado trabajando en ella generación tras generación.

Ante la valerosa resistencia que realizó la comunidad de Las Arepas, a las tres de la tarde del mismo día, la Fuerza Pública, la jueza y los refuerzos que posteriormente llegaron, salieron con la promesa de volver con un mayor pie de fuerza para cumplir su objetivo: desalojar a la comunidad y entregarle la tierra a los latifundistas que caprichosamente la pretenden.

Los damnificados de esta situación hacen un llamado a divulgar este atropello, así como el envío de correspondencias a las autoridades solicitando una investigación de los hechos y la inmediata suspensión de las agresiones contra la comunidad de Las Arepas.