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Los generales también lloran
Debate General: Una instantánea de la guerra y la paz
Francisco Javier Tolosa / Sábado 6 de diciembre de 2014
 

El episodio de la retención y liberación del brigadier general Rubén Darío Alzate, -despojado de sus rasgos macondianos, que harían ruborizar a nuestro desaparecido Nóbel- bien puede ser una síntesis del momento exacto del desarrollo de la guerra en nuestro país y de la dura lucha por la conquista de una salida incruenta a más de medio siglo de confrontación. Digamos que todas las situaciones acaecidas alrededor de este hecho configuran una excelente fotografía del conflicto social armado, solo opacada por la elocuente imagen del comandante guerrillero Pastor Alape junto al general oficial liberado en el marco de la misión humanitaria.

Más allá de la foto que irritó al fascismo, el retrato de fondo que revela la retención del general es inocultable. La falacia de la “post-victoria” y el “postconflicto militar” que llegaron a pregonar control territorial de las FFAA oficiales sobre la totalidad del territorio nacional, es una mentira catedralicia, con el agravante que las exigencias de la nueva espacialidad capitalista de la reprimarización financiarizada, hacen precisamente énfasis en estas zonas de gran operatividad armada del conflicto. Lo peculiar -y si se quiere fortuito- del caso, no puede eclipsar la continuidad -no precisamente azarosa- de la realidad histórica estructural del accionar insurgente. El debate para un estado que se abroga el ejercicio del monopolio de la coerción y pelea una guerra asimétrica, no puede ser el esfuerzo militar de su contraparte en clara inferioridad técnica y cuantitativa: el problema no es si el general fue capturado en combate o en chancletas, sino que no puede maniobrar plenamente en su teatro de operaciones, precisamente por el accionar de la insurgencia.

El general Alzate y sus acompañantes fueron hechos prisioneros no en la tupida selva, sino en un poblado ubicado a 15 minutos por el río Atrato, -la principal vía de comunicación de la región- de Quibdó, la capital de un departamento al que se le ha destinado una Fuerza de Tarea con más de 2500 hombres, y numerosas lanchas y aviones. Durante casi una semana de operativos de rescate con bombardeos incluidos y dos semanas de militarización de la zona con más de 5000 nuevos efectivos de refuerzo, las FFAA oficiales no solo no encontraron al general, sino tampoco emboscaron mayores fuerzas guerrilleras. Si bien las paupérrimas condiciones de vida de los habitantes del Chocó no tienen parangón, estamos hablando de una zona que hace parte de las prioridades políticas y económicas de la acumulación por despojo del gran capital en Colombia, teniendo en cuenta los numerosos megaproyectos de explotación forestal, títulos mineros y transporte fluvial existentes. El mismo Superintendente de Notariado y Registro lo ubica como una de las regiones de implementación de las llamadas ZIDRES, que impulsa el proyecto de ley 133 para permitir la acumulación de baldíos a los grandes consorcios transnacionales. En los hechos de captura en combate de los 2 soldados profesionales de la Fuerza de Tarea Quirón en el departamento fronterizo de Arauca, el tercer productor de petróleo del país, se nos presentan más evidentes aun las farsas mediáticas de la victoria militar sobre la insurgencia y del pleno dominio del territorio nacional por parte de la fuerza pública.

Es aquí donde palidecen todos los analistas cuantitativos del conflicto, los asesores de seguridad y vendedores de humo que intentan explicar la guerra para justificar sus contratos y no para comprenderla en su complejidad, produciendo estudios para deleitar oídos oficiales y de la gran prensa. Realidades tan elocuentes pero difícilmente cuantificables como el episodio de las 2 retenciones en Chocó y Arauca, debería obligar a miradas más integrales sobre el desarrollo real del conflicto, partiendo de lecturas cualitativas sobre las regiones, construidas in situ y no desde la parcializada estadística oficial, prefabricada en pos del mito de la victoria contrainsurgente. Episodios como los de Arauca y Chocó son la muestra fehaciente de la bancarrota de los objetivos estratégicos de los casi 15 años de reestructuración de las FFMM, patrocinada por el Plan Colombia y asesorada por ONG como la Fundación Seguridad y Democracia del senador uribista Alfredo Rangel. Si no existe control territorial, de un ejército cuadruplicado y amamantado con dineros imperiales por 3 lustros, en 2 departamentos enclaves fundamentales de la nueva formación socio-económica donde se condensan hoy las ambiciones del gran capital, la carrera armamentista colombiana ha fracasado junto con la quimera de la salida militar al conflicto armado. Se entiende pues porqué los 50 mil ricachos que han pagado durante una década el llamado impuesto al patrimonio, bajo la promesa uribista de ganar la guerra, se quejan de su enésima e infructuosa prolongación.

El segundo gran aspecto desnudado con la retención del general Alzate, tiene que ver con los discursos y ropajes falsamente filantrópicos que mediante la llamada “Acción Integral” se han convertido en un componente vertebral de los llamados planes de consolidación. Militares desarrollando tareas civiles y sin uniforme, no es una excepcionalidad ni un capricho dominguero del general Alzate, sino un accionar permanente de la fuerza pública, que forma parte de su estrategia precisamente de control territorial. De entrada esto significa que la interceptación por parte de los guerrilleros del general y sus acompañantes, encarna la imposibilidad de la Fuerza de Tarea Titán de ejercer sus labores en su teatro de operaciones y el fracaso también de esta arista de sus tareas militares.

La cándida versión del “amor a los chocoanos” con tiernos militares peluqueando niños y generosamente regalando turbinas en el marco de una mesiánica “Agenda Estratégica Integral Chocó 2038”, queda para la galería de los turiferarios con micrófono. Se develan en cambio interesantes aristas alrededor de esta vieja táctica de acciones cívico-militares. La presencia de la contratista del Mindefensa Gloria Urrego no es casual: muestra el evidente contubernio de sectores civiles y económicos con los planes de guerra oficiales, dado el papel jugado por el complejo militar industrial en la economía colombiana. Bien ameritaría una discusión sobre si este tipo de funcionarios mantienen su categoría de persona protegida por el DIH, dada su clara participación en el desarrollo de la guerra, en labores que las mismas FFAA han convertido en capitel de su apuesta fallida para el control territorial.

Rompiendo con cualquier definición misional de las FFAA y cualquier diseño institucional lógico, alrededor de la Acción Integral, presenciamos el desarrollo de redes clientelares asistencialistas, paralelas a las autoridades civiles y manejadas a discreción por el chafarote al mando de las divisiones militares. Sobra decir que si el Plan Nacional de Desarrollo de Simoncito Gaviria y su kínder del DNP no logra atender realmente los problemas del Chocó, mucho menos estos programas que por su insignificante calado más parecen populismo armado de las FFMM, que auténticas medidas en pos del bienestar social de la población. No obstante, a través de ellos y en franco desconocimiento de las instituciones locales que cuentan con menguados presupuestos, los altos oficiales aprovechan para crear una “base social” civil afín a sus planes de guerra. Digamos que la Acción Integral es una “mermelada camuflada” dirigida a incorporar en el conflicto a capas pauperizadas y jóvenes profesionales, mediante el asistencialismo vulgar y la contratación con nuestros recursos públicos. Supone uno que con el fin de la guerra que se lucha en La Habana y la necesaria desmilitarización de la vida social, será una nueva institucionalidad civil y democrática la que impulse los verdaderos programas requeridos para la satisfacción de las necesidades básicas de todos los colombianos.

El tercer aspecto puesto en evidencia por la coyuntura del general Alzate es el maniqueísmo ramplón del gobierno, que puso en riesgo el proceso de paz al levantarse unilateralmente de la mesa rompiendo los criterios acordados para los diálogos. Al parecer le cuesta al establecimiento asimilar la realidad y siguen atados a sus propias mentiras: las conversaciones de La Habana son un proceso de paz bilateral entre partes contendientes, no derrotadas en el campo de batalla, y no el añorado proceso de sometimiento unilateral a la justicia del actual régimen, tal cual lo fabulan funcionarios, empresarios y columnistas del statu quo. Por tozudez contumaz del estado colombiano que ha intentado aplicar la táctica sionista de dialogar en medio de ofensivas de exterminio a su interlocutor, no se han pactado ni cese bilateral de fuegos, ni acuerdos de regularización de la guerra, lo que propicia la continuidad y cotidianidad de actos del conflicto armado, en una confrontación imposible de resolverse por la vía belicista.

No se entiende porqué el presidente como si fuera un niño rico hace berrinche y patea la mesa, -y hasta llama a su hermano mayor-, cuando su contraparte se ciñe a las reglas del juego acordadas mutuamente. Al parecer Santos, sus militares y asesores, pensaban que dialogar en medio de la guerra implicaba inmunidad de sus fuerzas oficiales, a las que por demás creían revestidas por el manto invulnerable de su sofisticada tecnología y otras supercherías. Esta indelicadeza tal vez morigere momentáneamente el ruido de sables del generalato y el furor de la turba fascistoide del uribismo, pero no podrá nunca ser bien vista ante la comunidad internacional, los países garantes y facilitadores, testigos incólumes e imparciales del proceso de diálogo y las condiciones iniciales acordadas por las partes.

Es apenas entendible que al cumplirse dos años después de la instalación de la Mesa, la opinión pública exija dar pasos firmes hacia mitigar los efectos del conflicto armado con el necesario desescalamiento de la guerra, así como avanzar hacia un cese bilateral de fuegos que suspenda el derramamiento de sangre en una confrontación en que las partes y todos los colombianos hacemos brega para darle salida política. Está claro que los estruendos de la guerra solo alimentan a los enemigos del proceso, que aguardan cualquier drama propio del conflicto para azuzar los odios y desprestigiar los esfuerzos de reconciliación. Lastimosamente tuvo que ser retenido un general, porque no bastaron los sufrimientos de comunidades campesinas, prisioneros políticos o combatientes rasos con los rigores de la guerra, para que una parte del establecimiento entendiera la importancia cardinal de este debate, puesto hoy al orden del día y en el que la Mesa se apresta a abordar en su próxima reanudación. Nítidamente urgen hoy un acuerdo humanitario especial y un armisticio, como prolegómenos de la paz estable y duradera.

Un cuarto aspecto relevante, expresado en esta coyuntura alude a la vieja máxima que reza que en un conflicto la primera víctima es la verdad. La forma en que el Ministro de Guerra Juan Carlos Pinzón y su generalato acallaron a los soldados profesionales de la Fuerza de Tarea Quirón, al cabo Rodríguez y a la funcionaria del batallón Gloria Urrego, e impidieron declaraciones del general Alzate, hasta que el discurso -sin réplicas ni preguntas-, claramente prefabricado por los asesores de imagen de los uniformados fuese leído por éste en un auténtico show mediático, no deja ninguna duda que se oculta a la opinión pública el verdadero estado del conflicto y la real situación de las FFAA. Se pretenden presentar como viciadas las declaraciones de los soldados Rivera y Díaz a las FARC-EP, pero queda más que claro el constreñimiento de los prisioneros de guerra liberados para su retractación bajo los cuarteles y la jerarquía militar.

Allende el morbo farandulero que el episodio ha generado, lo cierto es que las sucesivas versiones oficiales sobre la cadena de hechos de retención, liberación y baja del general Alzate no son convincentes del todo para nadie distinto al general Lasprilla y por primera vez en muchos años, el tradicional tufillo de la mentira que destilan las voces militares, es percibido incluso por los grandes mass media. Más allá de la casuística propia del suceso, se evidencian turbios manejos informativos en las fuerzas oficiales y graves problemas de comunicación-coordinación entre las diferentes instancias de la cadena de mando que incluyen a Santos y su ministro Pinzón. Preocupa más aún, que alrededor del mito del honor militar supuestamente mancillado en esta coyuntura, se agudicen las ya notorias inconformidades del generalato con el proceso de paz, situación ésta que debería ser prontamente atendida y transparentemente presentada al país. Los amantes de la paz no defenestramos la esperanza que en el marco de la solución política se instale la necesaria Comisión de la Verdad y Memoria Histórica, que permita dilucidar las intrincadas intrigas que se entretejen contra la reconciliación de los colombianos, por una facción de la cúpula militar forjada en la Doctrina de Seguridad Nacional en la mismísima Escuela de las Américas.

Llegamos pues a un quinto elemento, de esta fotografía de la guerra y de la paz que suscitó el general Alzate: los mandos militares no están listos para la paz. Los mismos que se fotografían solazados con cadáveres de insurgentes, consideran trato indigno y reaccionan virulentamente ante la foto de un saludo de un prisionero de guerra presto a su liberación, con el comandante guerrillero que la propicia. Hasta la televisión pública británica BBC reseña esta insania como síntoma de lejanía con la necesaria reconciliación nacional. Detrás de la superestructura ideológica del supuesto “honor militar” y su humillación, hay una raíz más profana: el negocio de la guerra. Digamos que a las fuerzas oficiales les retumba la frase del viejo Marx en el Manifiesto cuando describe que el capital ha despojado de su aureola a todas las profesiones que se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. La “fe en la causa” de los generales tiene signo pesos y su vesánico aferramiento a la eternización del conflicto estriba en el lucrativo complejo militar industrial que controlan. En una malformación nefasta de “keynesianismo militar”, los oficiales de alto rango se han decantado en una verdadera facción de clase con siderales presupuestos directos y de contratación que consumirán en 2015 más de 28 billones de pesos; poseen auténticos monopolios como el del mercado de explosivos para usos civiles que hoy representa el 80% del medio billón de ingresos de INDUMIL, amén de la consabida producción de municiones e importación de armas y una abultada nómina de más de 480 mil hombres más 226 mil en retiro con ingentes y onerosos privilegios, acrisolado todo esto al fragor de la doctrina de seguridad nacional en la que fueron amaestrados y las resonancias del discurso fascista durante más de una década.

Razón tenemos los sectores democráticos en señalar que no hay acuerdo de paz posible que garantice la participación política y la apertura democrática en Colombia, sin incluir una reforma estructural a las FFMM, su doctrina y su cadena de mando, que aun delira con una imposible victoria militar y su anacrónico discurso de la amenaza terrorista. Esperemos que la Comisión Técnica Militar, con su par el Comando Guerrillero de Normalización ya instalados en la mesa de La Habana, encaucen prontamente el compromiso de la alta oficialidad con la solución política y posibiliten el abandono de ésta de las ambiciones, orgullos y prejuicios de la guerra que hoy enceguecen al generalato.

Al que se le quiebra la voz obligado a pedir la baja por sus superiores es al ex general Alzate, pero los que también lloran, son todos los generales que se niegan a aceptar la realidad de la guerra y de la paz. Lloran porque se llevaron a su colega en su teatro de operaciones; lloran porque no lo liberaron ellos con sus operativos, sino un gesto humanitario unilateral de la insurgencia; lloran porque los diálogos continúan y el conflicto bélico se agota. Generales de la patria: ¡No lloren mas¡ No ganaron la guerra, pero aún pueden ayudar a conquistar la paz.

Sin duda los militares como seres pensantes son mucho lo que tienen que opinar y aportar para la nueva Colombia de la paz estable y duradera, si logran dejar atrás sus ataduras a esta guerra fratricida. En el gran pacto de reconciliación que será la nueva constitución para la paz, debemos estar representados todos los sectores y expresiones políticas, incluidos ustedes los militares, que aunque lo nieguen siempre han sido y serán deliberantes.

¡Nos vemos en la Constituyente!