Asociación Campesina del Catatumbo
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Seguridad democrática,bandas emergentes y ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo
Freddy Ordóñez / Martes 4 de noviembre de 2008
 

“Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”

Álvaro Uribe Vélez

Universidad Santo Tomás, Bogotá, julio 25 de 2007

Las Ejecuciones extrajudiciales [1] en los cimientos de la Seguridad Democrática

Los casos de jóvenes habitantes de Soacha (Cundinamarca) y de Ciudad Bolívar, en Bogotá, que han sido asesinados por las Fuerzas Militares y reportados como “bajas en combate” por las tropas en Ocaña (Norte de Santander), han permitido que salga a la luz pública en primer lugar, el accionar de las FFMM que de tiempo atrás, y especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, han venido ejerciendo prácticas violatorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de infracción al DIH, como lo es la violación del Derecho a la Vida y el Homicidio en Persona Protegida, mediante el terrible sistema conocido como “falsos positivos”, lo cual es considerado por el Derecho internacional de los DDHH como un Crimen de Lesa Humanidad [2]. Y en segundo lugar, con este caso se evidencia la forma en como en Norte de Santander, y especialmente en la convulsionada zona del catatumbo, se ha venido desarrollando la guerra contra el terrorismo, también llamada Política de Seguridad Democrática.

A nivel nacional las cifras sobre ejecuciones extrajudiciales a pesar de tener algunas diferencias, demuestran que éstas se están volviendo comunes en diferentes zonas del país: La Fiscalía investiga 1137 asesinatos, denunciados entre enero de 2003 y septiembre de 2008, reunidos en 820 casos de ejecuciones extrajudiciales, en los cuales se sindica a 763 miembros de las fuerzas armadas; La Procuraduría maneja 929 procesos disciplinarios contra 2866 uniformados por ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 2002 y el 2008; La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, señala que entre el primero de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008, se presentaron por lo menos 535 ejecuciones extrajudiciales, es decir en año y medio diariamente una persona perdió la vida de esta forma [3].

La magnitud de los hechos evidencia una práctica sistemática al interior de la Fuerza Pública, específicamente de las Fuerzas Militares, que ya había sido advertido, no sólo por ONG defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales, sino por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en informe correspondiente al año 2007 señaló:

La oficina en Colombia continuó recibiendo quejas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. Algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la Justicia Penal Militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de esos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por resultados y el interés de algunos miembros de la Fuerza Pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos […] Las quejas también incluyen entre las víctimas a personas que pudieron estar vinculadas a nuevos grupos armados ilegales [4]

La Alta Comisionada describe patrones de conducta similares en los casos conocidos por su oficina, tendencia a la impunidad, y móviles delincuenciales por parte de los victimarios, entre los cuales se hallarían aparte del enriquecimiento ilícito, la presión por resultados, tan común en nuestro presidente, Álvaro Uribe Vélez, y de aquellos mandos militares llamados “troperos”, como lo es el General Mario Montoya.

Como resultado parcial del caso de los jóvenes de Soacha el Gobierno optó por llamar a calificar servicios (es decir destituyó) a tres generales, cuatro coroneles, siete teniente coroneles, cuatro mayores, un capitán y un teniente, para un total de 27 miembros de alto nivel del Ejército de Colombia. Pero esta decisión no corresponde propiamente a la “transparencia de la Seguridad Democrática” sino obedece a factores como la presión nacional (tanto de ONG como de los familiares de las víctimas, y de los medios de comunicación); la cada vez más cercana Corte Penal Internacional; el sometimiento de Colombia al examen periódico Universal en Derechos Humanos por parte de la ONU, el próximo 10 de diciembre; el inminente triunfo demócrata en EEUU; la visita de Navy Pillay (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos); y el querer mostrar un Gobierno distante del crimen, entre otros, fueron los móviles que obligaron a Uribe, al Ministro Santos, al General Montoya a la destitución. No de otra forma se explica el cambio de aptitud del Presidente al pasar de señalar: “los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”, a decir: “puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos”. Como siempre el presidente no pidió perdón, ni se retracto por lo dicho, sino salió con su acostumbrado: “me mintieron”. Además en la alocución presidencial del pasado 27 de octubre hubo un señalamiento que fue fundamental para la verdad, la justicia y la reparación: el reconocer que existen militares asociados con grupos delincuenciales paramilitares.

Las Fuerzas Armadas y los Paramilitares en el Catatumbo: Una amistad de nunca acabar

En Norte de Santander, la dinámica del conflicto tuvo un cambio notorio con la desmovilización del Bloque Catatumbo de las AUC, en diciembre de 2004, a quienes se les sindica de haber cometido 5200 crímenes entre 1999 y 2004 en el área metropolitana de Cúcuta y 11200 en otras zonas del departamento, así como del desplazamiento forzado de cerca de 100000 personas [5].

Frente a estos crímenes se considera que el Estado, especialmente sus Fuerzas Militares y de Policía son responsables por acción y/u omisión. Además de las declaraciones de los ex Comandantes de las AUC [6], quienes señalan vínculos y/o alianzas con la Fiscalía regional, la Policía, el DAS, el Ejército, e integrantes de los gobiernos locales y regionales; diferentes investigaciones han dado cuenta de dichas alianzas: En noviembre de 1999 la Embajada de EEUU envió un informe secreto a Washington donde afirma el embajador de la época en Colombia, Curtis Kamman, que los mandos del Ejército departamental se negaron a combatir a los paramilitares, argumentando tener muchas misiones y pocos recursos [7]. El mismo informe señala una entrevista sostenida entre un emisario del gobierno de EEUU y el Comandante del Grupo Mecanizado No. 5 del Ejército, Coronel Víctor Hugo Matamoros, en la cual éste afirmó: “Mire, yo tengo 100 kilómetros de un viaducto petrolero por proteger, además de varios puentes… allí hay guerrilla que combatir… si usted tienen tantas tareas que hacer con tan pocos recursos, y usted tiene que enfrentarse con dos grupos armados ilegales, uno de los cuales (guerrilla) está disparándole a usted, y el otro (paramilitares) está disparándoles a ellos, obviamente usted pelea con la guerrilla primero, luego se preocupa por los paramilitares” [8].

Parecen reafirmarse las palabras de alias “El Iguano” al referirse a la relación Gobierno – AUC: “Hay que reconocerlo, sino hubiese sido por la complicidad del Estado, las AUC no hubiesen surgido en el país” [9].

Ahora la relación para delinquir, tras la desmovilización de las AUC, sería entre las FFMM y las Águilas Negras. Las cifras sobre enfrentamientos en el catatumbo entre estos grupos y las Fuerzas Armadas, siguen siendo menores con relación a los que se dan entre las tropas estatales y las guerrillas, lo mismo ocurre en relación con capturas de integrantes de estos grupos.

Bandas paramilitares emergentes en la región: Águilas Negras

Posterior a la desmovilización de las AUC, un nuevo grupo paramilitar empezó a actuar en Norte de Santander, las Águilas Negras. De este se tuvo noticia a nivel departamental entre marzo y abril de 2006, con una serie de panfletos intimidatorios que circularon de manera simultánea en Cúcuta y Ocaña, aunque también existen señalamientos de sus actividades en Norte de Santander desde finales del 2005 [10]. Este grupo esta estrechamente vinculado al narcotráfico y no abandona prácticas propias de las AUC, como la extorsión, el pillaje, el desplazamiento (y redesplazamiento) forzado de población, las muertes selectivas, el uso reiterado de métodos para generar terror y temor en la población, mediante llamadas telefónicas, grafittis, distribución de panfletos intimidatorios, entre otros. Se considera que las águilas negras tienen por lo menos 600 hombres, actuando en 11 municipios, que incluirían el área metropolitana de Cúcuta, la provincia de Ocaña, Tibú y El Tarra.

Las Fuerzas Militares han sido en diferentes ocasiones presionadas por el Gobierno central para mostrar resultados efectivos contra este grupo, es así como se creó el Bloque de Búsqueda contra la banda criminal “águilas negras”, integrado por la Brigada 30, el CTI, el DAS y la Policía Nacional. En diferentes operaciones las tropas han dado cuenta de muertes en combate y de capturas de integrantes de estos grupos, lo curioso es que para el caso de las águilas negras las muertes en combate reportadas por el Ejército se han presentado principalmente en la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo, mientras que en zonas donde este grupo tiene mayor presencia como Cúcuta, Puerto Santander y Tibú se han realizado capturas y destrucción de campamentos. Como se reseñó anteriormente las cifras siguen siendo bajas con relación a las guerrillas, ¿será que hoy en día el Ejército en el departamento primero se ocupa de la guerrilla y después de los paramilitares, tal como afirmara el Coronel Matamoros?

Las Águilas Negras han adelantado reclutamientos forzados de jóvenes entre los 14 y 17 años en el área metropolitana de Cúcuta, y tanto en Cúcuta como en Ocaña reclutan desmovilizados de las AUC [11]. Por otra parte se tiene conocimiento de presencia de otros grupos post – AUC en el departamento, como las denominadas “Autodefensas Gaitanistas” y “Los Cachacos”.

Seguridad Democrática y Ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo

“La sostenibilidad de la seguridad democrática depende de su credibilidad, que a su vez se fundamenta en la eficacia y la transparencia. Esta última, la transparencia, es igual a la observancia de los Derechos Humanos, fundamentales entre nosotros. De ellos hacen parte nuestro respeto a las libertades en medio de la lucha contra el terrorismo; la apertura para la vigilancia, la crítica y el debate, en lo nacional e internacional; un esfuerzo formativo en Derechos Humanos, líder en el mundo, al interior de nuestras Fuerzas Armadas; el ajuste permanente de los protocolos operativos con medidas como la que obliga a los soldados a esperar la presencia de un delegado de la justicia antes de movilizar el cadáver de un integrante de las organizaciones criminales que haya sido dado de baja; la voluntad de investigar y facilitar”
Álvaro Uribe Vélez
Intervención ante la versión 63 de la Asamblea General de la ONU
Nueva York (EEUU), septiembre 24 de 2008

Posterior a la desmovilización de las AUC a nivel departamental durante los años 2005 y 2006 se mantienen los altos números de homicidios (786 y 823, respectivamente), concentrándose estos principalmente en Cúcuta, ocupando Norte de Santander el cuarto lugar a nivel nacional después de Valle, Antioquia y el Distrito Capital, en los cuales la cantidad de población es supremamente superior comparada con nuestro departamento.

En el periodo 2005 – 2007 diferentes denuncias dan cuenta de cómo las sistemáticas violaciones a los Derechos Fundamentales del campesinado han sido cometidas directamente por los integrantes de la Brigada Móvil No. 15 y la Brigada 30 en lo que se interpreta como, en primer lugar, la continuación de la persecución contra las comunidades campesinas, sus procesos organizativos, la población civil en general; y la interferencia en procesos de retorno poblacional. Esto se ve representado en el robo continuo a la población civil; amenazas, señalamientos y persecuciones; torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra el campesinado; restricciones al derecho de libre circulación; y, en segundo lugar, una necesidad por parte de las Fuerzas Militares de presentar resultados o “positivos” a los altos mandos del Ejército Nacional, para lo cual no ha importado implementar las capturas masivas de pobladores violando a los habitantes el derecho a la libertad y al debido proceso [12]; o el violar el derecho a la vida e infringir el DIH, asesinando a civiles que después son presentados como “subversivos dados de baja en combate”. De este último tipo de crimen la “Comisión de verificaciones sobre la situación de Derechos Humanos en el catatumbo” realizada del 9 al 12 de agosto de 2007, y convocada por la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, denuncia la violación del derecho a la vida por el Estado Colombiano, al presentarse entre septiembre de 2006 y agosto de 2007, 12 homicidios en persona protegida, campesinos de la población civil, asesinatos cometidos por el Ejército, la mayoría por la Brigada Móvil No. 15. En el mismo periodo la Asociación Campesina denunció la muerte de otros dos campesinos a manos de las FFMM [13].

Los integrantes de Ascamcat no son los únicos que presentan las denuncias por “falsos positivos” a manos del Ejército en Norte de Santander: El Sargento Alexander Rodríguez, señaló recientemente [14], como la Brigada Móvil No. 15 durante el 2007 asesinó a varios civiles en la región del catatumbo, los cuales después eran presentados como “guerrilleros dados de baja en combate”. Por estas acusaciones el sargento Rodríguez fue retirado del servicio activo. Así mismo “las ONG de derechos humanos han registrado 19 casos de posibles ejecuciones cometidas por esta Brigada en 2007. La Procuraduría finalizó el año [2007] con casi 40 quejas por estos hechos” [15].

La Asociación Minga, ONG que acompaña los procesos organizativos del campesinado en la región, relaciona 55 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en la región del catatumbo, entre junio de 2006 y julio de 2008 [16].

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses investiga si 71 muertes en combate producidas durante el 2007 en la provincia de Ocaña, por el Ejército, son en realidad falsos positivos y están relacionados con los casos de los jóvenes de Soacha [17]. Adicionalmente la Procuraduría General de la Nación investiga si las 111 muertes en combate reportadas por el Ejército en Ocaña son en realidad ejecuciones extrajudiciales, esto debido a que la Procuraduría considera que las cifras son inusualmente altas, comparadas con las reportadas en otras zonas del país [18].

Hasta las estructuras de las FARC-EP y del ELN presentes en la región, igualmente han manifestado que las bajas y capturas presentadas por los comandos de las Brigadas Móvil 15 y la Brigada 30 son falsas, y que los muertos y capturados son humildes campesinos de la región [19]. Este tipo de declaraciones, así como partes de guerra favorables a la insurgencia fueron objeto de una polémica en los medios regionales, en los cuales se vio obligado a declarar el Coronel Paulino Coronado Gámez, ex Comandante de la Trigesima Brigada del Ejército para desvirtuar las cifras entregadas por “Rubén Zamora”, Comandante del 33 frente de las FARC – EP [20].

Por otra parte el incremento en el pie de fuerza para restarle territorios a la subversión, elemento fundamental de la política de seguridad democrática, no ha representado ningún beneficio para el campesinado de la zona, pues su principal característica ha sido el impedir el ejercicio y goce pleno de los derechos fundamentales del campesinado, mediante la militarización de la vida campesina, militarización en la cual los asesinatos, las capturas masivas y los empadronamientos han estado presentes en esta nueva etapa del desarrollo del conflicto en el catatumbo. Se puede decir, de acuerdo con las denuncias de Ascamcat, el Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA, de ASOCBARÍ y de las Ong’s que trabajan en la región, que posterior a la desmovilización de las AUC la Fuerza Pública ha sido el actor del conflicto armado que mas ha golpeado a la población civil, ya que los grupos insurgentes se han desplazado a las zonas fronterizas del departamento, en la lógica manejada a nivel nacional por la insurgencia de repliegue hacia las retaguardias.

Las fumigaciones de cultivos de uso ilícito y la erradicación de los mismos, han sido un logro para las FFMM en términos de disminución de grandes áreas cultivadas con coca, sin embargo la falta de soluciones y alternativas reales para el campesinado cultivador de la hoja de coca, ha hecho que bajen aun más las precarias condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales de los municipios del catatumbo.

La militarización en el marco de la Seguridad democrática por otra parte, ha beneficiado exclusivamente a los propietarios de cultivos agroindustriales de palma aceitera y de caucho, quienes por el contrario no han sido objeto de abusos por parte de la Fuerza Pública, también la militarización intenta demostrar la presencia y control estatal del catatumbo para la puesta en marcha y ejecución de megaproyectos, relacionados directa o indirectamente con el desplazamiento de la población y el abandono de predios en la región.

El caso de los jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar: Desaparición Forzada con fines de Homicidio

La Defensoría del Pueblo en una Nota de Seguimiento hecha al Informe de Riesgo No. 006-08 A.I., de abril 30 de 2008, informa a la oficina de la MAPP/OEA “sobre el posible reclutamiento de jóvenes en el interior del país para ser incorporados a grupos emergentes en la región del Catatumbo y solicita que en el marco de su misión verifique el cumplimiento de acuerdos pactados entre las AUC y el Gobierno Nacional” [21], pero las fechas de la desaparición y de la presunta muerte en combate, indican que en el caso de los 11 jóvenes de Soacha no hubo reclutamiento, y menos enfrentamientos con el Ejército, cobrando fuerza la tesis de desaparición forzada con fines de homicidio, delitos en los que estarían vinculados militares e integrantes de las águilas negras.

La magnitud del asesinato de los jóvenes tuvo como consecuencia la destitución a nivel regional de los integrantes del Ejército:

 Brigadier general José Joaquín Cortes Franco, Comandante de la II División.

 Brigadier general Paulino Coronado Gámez, Comandante de la Brigada 30.

 Coronel Santiago Herrera Fajardo, ex comandante de la Brigada Móvil 15.

 Coronel Rubén Darío Castro Gámez, Comandante de la Brigada Móvil 15.

 Teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Comandante del Batallón de Infantería 15 General Francisco de Paula Santander.

 Teniente coronel Gabriel Rincón Amado, oficial de operaciones de la Brigada Móvil Número 15.

 Mayor Carlos Gilberto Rodríguez Mora, oficial de Inteligencia de la Brigada Móvil número 15.

 Mayor José Simón Baquero Ramos, Comandante del Batallón de Contraguerrilla número 96 de la Brigada Móvil Número 15.

 Sargento viceprimero Fredy Perdomo Bonilla, almacenista del Batallón de Infantería General Francisco de Paula Santander.

 Sargento segundo Sandro Pérez Contreras, suboficial de Inteligencia del Batallón de Infantería General Francisco de Paula Santander.

Antes de su destitución el Comandante Paulino Coronado, al preguntársele sobre los asesinatos reiteró que estas personas murieron en medio de combates con las tropas y que estaban vinculados a las bandas criminales que manejan actividades del narcotráfico en la zona y que los jóvenes “murieron en cinco eventos sucedidos en los municipios de Villacaro, Ábrego y Ocaña. El resto cayeron abatidos en otros dos departamentos del país […] Aquí no estamos ante unos falsos positivos, estamos frente a personas que se enfrentan al Ejército” [22]. Las investigaciones administrativas, disciplinarias y penales determinaran claramente lo sucedido y el grado de participación y conocimiento de los militares destituidos y de los altos mandos militares, incluido el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Al Presidente Álvaro Uribe, después de señalar a los jóvenes como delincuentes dados de baja en combate y de sindicar como corifeos de la guerrilla a quienes denunciaban las ejecuciones extrajudiciales, y de pregonar que la transparencia de la Seguridad Democrática se basa en su observancia de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, le tocó reconocer que: “La Comisión para investigar desde el punto de vista administrativo ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia […] en algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes. Crímenes, resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército. Crímenes que en algunas regiones tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales en esas regiones, cuando son los verdaderos criminales los asociados con integrantes del Ejército para cometer estos crímenes, para desorientar y para mantener esos criminales intacto el teatro de acción de su actividad delictiva” [23]. Como ya se señalo el Presidente no se retractó de sus anteriores sindicaciones a los jóvenes asesinados, ni pidió perdón por los señalamientos a sus familiares que todavía no han podido completar el duelo, y esperan alcanzar Verdad, Justicia y Reparación en su calidad de víctimas de crímenes de Estado.

A manera de conclusiones

Las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el Catatumbo se incrementaron exponencialmente con la llegada de los grupos paramilitares, a su vez los homicidios en la región fueron disminuyendo a medida que éstos expandieron su dominio territorial, lo que “en términos de responsabilidad también establece compromisos directos de distintas autoridades estatales y, en particular, de la fuerza pública y los organismos de seguridad” [24] es decir connivencia entre las AUC y las Fuerzas Armadas.

La reparamilitarización departamental busca mantener el control de los negocios ilícitos dejados por las AUC, siendo notorio en las Águilas Negras el accionar idéntico al de sus antecesores, reeditándose el terror y la barbarie con que estos grupos operaron en la región.

El fortalecimiento de la presencia estatal en el catatumbo se ha limitado al incremento en el pie de fuerza, elemento fundamental de la política de seguridad democrática, el cual no ha representado ningún beneficio para el campesinado de la zona, pues su principal característica ha sido el impedir el ejercicio y goce pleno de los derechos fundamentales del campesinado, entre estos el Derecho a la Vida.

Es evidente la utilización en la región del Catatumbo de la práctica de “Falsos Positivos” por parte de las FFMM, crimen que ha desbordado los límites departamentales y ha extendido sus accionar hasta el centro del país, por medio de una alianza macabra entre el Ejército y las Águilas Negras para efectuar la desaparición forzada con fines de ejecución extrajudicial, lo que a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se constituye en Crimen de Lesa Humanidad.

[1Se entiende por Ejecución Extrajudicial aquel homicidio intencional perpetrado en forma deliberada y arbitraria por un agente estatal, por un particular que actúa con el apoyo, la anuencia, la aquiescencia o la tolerancia de un agente estatal, o por un particular que actúa gracias a la ausencia de garantías y de protección de la víctima por parte del Estado

[2El Estatuto de Roma en su artículo 7 literal A, consagra el Asesinato como un Crímenes de Lesa Humanidad, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

[3Datos tomados de: “Un fantasma que atormenta. El dolor de cabeza de las ejecuciones extrajudiciales”, El Espectador, jueves 30 de octubre de 2008. pág. 2; “El CTI advirtió sobre los macabros sucesos” entrevista al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, en Cambio, edición No. 800, 30 de octubre a 5 de noviembre de 2008. pág. 25; “Purga General” en Cambio, edición No. 800, 30 de octubre a 5 de noviembre de 2008. pág. 22.

[4Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 2007, A/HRC/7/039. 28 de febrero de 2008. párrafos 24 y 25.

[5La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en el año de 1998 en la región del Catatumbo (68,39) era superior a la tasa nacional (56,57) alcanzando una elevada magnitud a partir de 1999 (año de llegada de los paramilitares a la zona), una gran cantidad de estos crímenes tuvieron relación con el conflicto armado y las victimas fueron en su mayoría personas protegidas por el DIH, asesinadas por las AUC con responsabilidad directa o indirecta del Estado. Los homicidios en el Catatumbo fueron aumentando a partir de 1999, y se incrementan en aquellos municipios de la cordillera a medida que los paramilitares empiezan a incursionar desde Tibú hacia éstos (especialmente en el año 2002), un caso significativo fue el del municipio de El Tarra donde la tasa de homicidios se incremento desde el 2000 y especialmente en el 2001 (466,62) como parte de la confrontación armada entre paramilitares y fuerza pública contra las guerrillas.

[6Véase entre otros, “Militares siempre nos apoyaron: Mancuso”, en La Opinión, Cúcuta, enero 17 de 2007. p. 5A; “El canto de El Iguano”, en La Opinión, Cúcuta, diciembre 30 de 2007, pp. 4B, 5B; “Policías de El Tarra habrían estado en la nómina de las Auc”, en La opinión, Cúcuta, julio 23 de 2008. p. 6C.

[7“Los archivos secretos”, Semana, edición No. 1224, octubre 17 a 24 de 2005, p. 36.

[8Ibíd.

[9“El oficio de matar”, en Semana, No. 1336, diciembre 10 a 17 de 2007. p. 89. Sobre la complacencia por el papel de las AUC como una organización que reemplazaba al Estado en su función de brindar seguridad se puede ver: Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH. Dinámica reciente del conflicto armado en el Catatumbo. Bogotá: 2006.

[10En el alto catatumbo el accionar de este nuevo grupo paramilitar es idéntico al del antiguo Bloque Norte de las AUC, principalmente en la confluencia entre el sur de Cesar y los Santanderes, a tal punto que una masacre ocurrida en Curumaní, en estribaciones de la Serranía del Perijá, en diciembre de 2005 se atribuyó en un primer momento al Bloque Norte, posteriormente aparecieron en la zona letreros alusivos a las águilas negras. Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, Dinámica de la confrontación armada en la confluencia entre los Santanderes y el sur del Cesar, Bogotá, 2006, p. 24.

[11Según Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, “los sectores donde más se presenta este alistamiento son Navarro Wolf, Montevideo, Antonio Nariño, Gramalote y La Grancolombia, en Villa del Rosario; Nuevo Horizonte, Divina Pastora, Carmen de Tonchalá, Olga Teresa, Camilo Daza, Antonia Santos y Belisario, en Cúcuta, y también en seis barrios de Los Patios”. “Cada semana denuncian dos casos de reclutamiento por ilegales”, en La Opinión, http://www.laopinion.com.co/informe.php?option=com_content&task=view&id=18421&Itemid=26. Fecha de Consulta: octubre 18 de 2008. Igualmente sobre los reclutamientos se puede consultar: Defensoría del Pueblo – Sistema de Alertas Tempranas, Nota de Seguimiento No. 020 – 08 al Informe de Riesgo Nº 034 – 07 de noviembre 23 de 2007; Informe de Riesgo Nº 036 – 07 A.I. de diciembre de 2007.

[12"Capturados nueve presuntos milicianos del Eln y las Farc", en La Opinion,en http://www.laopinion.com.co Fecha de consulta: 29 de agosto de 2006. Al igual que en otras detenciones estas personas fueron declaradas inocentes al final del proceso judicial.

[13El 2007 inició con nuevas violaciones a los derechos humanos del campesinado por parte de las Fuerzas Militares en el Catatumbo, http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article214. Fecha de consulta: 20 de febrero de 2008.

[14“Nos daban cinco días de descanso por cada muerto” en Semana. Número 1343, enero 28 a febrero 4 de 2008. p. 42.

[15Ibíd. p. 42.

[16Asociación para la promoción social alternativa Minga, Ejecuciones extrajudiciales de la Brigada Móvil No. 15: ¿Sólo vergüenza militar?, Bogotá, octubre de 2008.

[17“Investigan 71 muertes en combate, de 2007” en La Opinión, http://www.laopinion.com.co/cucuta.php?option=com_content&task=view&id=17623&itemid=2 Fecha de consulta: 3 de octubre de 2008.

[18“Bajo sospecha” en Cambio, edición No. 798, 16 al 22 de octubre de 2008. pp. 21 – 22.

[19Frente de guerra nororiental ELN y Columna móvil resistencia Barí FARC-EP, Comunicado conjunto, 10 de julio de 2007, http://www.macondoonline.com/ Fecha de Consulta: 11 de julio de 2007.

[20“Militares y guerrilla discrepan sobre cifras de muertos y heridos”, en La Opinión, Cúcuta, julio 26 de 2007, p. 6C.

[21Defensoría del Pueblo – Sistema de Alertas Tempranas, Nota de Seguimiento No. 024-08; primera Nota al Informe de Riesgo No. 006-08 A.I., julio 28 de 2008.

[22“Madre cuenta el drama de su hijo aparecido muerto en Ocaña”, en La Opinión, en http://www.laopinion.com.co/regional.php?option=com_content&task=view&id=17121&Itemid=3. Fecha de consulta: Septiembre 25 de 2008.

[23Álvaro Uribe Vélez, Rueda de prensa en la que el Gobierno anunció que 27 miembros del Ejército fueron llamados a calificar servicios, Bogotá, octubre 29 de 2008.

[24Villarraga Sarmiento, Álvaro. Paz, te han vestido de negro. Estudio sobre los Derechos Humanos en Cúcuta, en el contexto de la violencia y el conflicto armado en Norte de Santander, Bogotá, Fucude y Progresar, 2005, p. 18.