El 29 de octubre, la senadora comunista y del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez, dejó en el Senado de la República una constancia que aclara mentirosas afirmaciones oficiales, especialmente del presidente y el ministro de la Protección Social, sobre la Ley 1233 de 2008 que reglamenta las Cooperativas de Trabajo Asociado. La Ley 1233, expedida al calor de la presión de la huelga general de los corteros de caña del Valle del Cauca, no es lo que se afirma desde el gobierno.

La parlamentaria denuncia también que el 21 de octubre el Comité Intergremial y la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca enviaron una carta al presidente Uribe en la que destacan las pérdidas sufridas por los ingenios azucareros, relievan la crisis económica y solicitan al gobierno que en el marco de la conmoción interior «…se expidan medidas para conjurar la crisis económica, social y de orden público que logren los siguientes objetivos:

3. Establecimiento de condiciones especiales de crédito para que estas empresas azucareras y demás eslabones del clúster del azúcar puedan reiniciar sus operaciones y mitigar el impacto económico originado por su cierre».

Utilizar la fuerza

Sobre el conflicto, denuncia Gloria Inés, «escasamente dicen que son ‘conscientes del derecho que les asiste a los corteros de caña para llevar a cabo su protesta’, pero no hay ni una sola palabra acerca de las propuestas que tienen o de las medidas que estarían dispuestos a tomar para atender las justas peticiones de los trabajadores. Por el contrario, lo que piden es la utilización de la fuerza contra los corteros de caña, tal como ya ocurrió con el paro de Asonal Judicial, que fue tratado con la medida monstruosa y desproporcionada de la conmoción interior».

Capitalismo salvaje

La carta, señala la parlamentaria del Polo, «retrata de cuerpo entero la actitud de los empresarios de la industria azucarera, a quienes nada les importa la suerte de más de 12 mil seres humanos que, junto con sus familias, son sometidos a las más degradantes condiciones de vida y de trabajo. El ministro de la Protección Social, por su parte, se ha limitado a destacar las supuestas bondades de la Ley 1233 de 2008, que según él, resuelve los problemas originados por la proliferación de las cooperativas de trabajo asociado porque las obliga a pagar seguridad social y contribuciones parafiscales y prohíbe que tales organizaciones actúen como empresas de intermediación laboral».

Trabajadores se pagan la seguridad social

La verdad, aclara la senadora en su constancia «es que la seguridad social y las contribuciones parafiscales, según la misma ley, son ‘asumidas y pagadas en su totalidad por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado’, es decir, son de cuenta de los trabajadores que son los que integran tales organizaciones, y que los empresarios, que es para quienes trabajan los corteros, están exentos de cualquier pago por esos conceptos.

«Toda esta literatura significa que las cooperativas pueden ser intermediarias laborales, que es lo que viene ocurriendo en la práctica. Y si esto no pudiera ser así desde el punto de vista legal, entonces ¿por qué el gobierno no interviene para disolverlas y liquidarlas, como lo dispone la Ley?».

Justa oposición a una ley negativa

Precisamente por eso, afirma Gloria Inés, «cuando la citada ley se tramitó en el Congreso de la República, nos opusimos a ella advirtiendo que no resolvería los problemas que hoy afectan a miles de trabajadores obligados por los empresarios a hacer parte de las cooperativas para abaratar la mano de obra y evadir sus responsabilidades como patronos. Algo similar puede decirse de la actitud del Presidente de la República, que reconoce de palabra la justeza de las demandas de los trabajadores y llama a los empresarios a pagarles aunque sea el salario mínimo, pero que no toman ninguna medida concreta para ponerle fin a la injusticia de que son víctimas los corteros de caña».

Condiciones de esclavitud

«Las condiciones en que trabajan los corteros de caña son violatorias de los convenios de la OIT, de la Constitución, las leyes laborales colombianas y de los derechos humanos», denuncia Gloria Inés. «La Ley determina que la jornada de trabajo es de ocho horas diarias y hasta dos horas extras, para un total máximo de diez horas. El salario de los corteros depende de las toneladas de caña cortadas, por lo que deben trabajar extenuantes jornadas por encima del máximo legal y, sin embargo, sus ingresos son miserables porque, aparte de las bajas tarifas que les pagan por la caña cortada ($5.713 por tonelada), no tienen ningún control sobre el pesaje de la misma.