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Mirador
¡Y el responsable ahí!
Carlos A. Lozano Guillén / Miércoles 5 de noviembre de 2008
 

De manera apresurada y escandalosa, el presidente Álvaro Uribe Vélez, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, anunciaron el martes de la semana pasada la destitución de 3 generales, 11 coroneles y 13 oficiales y suboficiales, en total 27 uniformados, en lo que algunos calificaron de «purga general» y otros de «vergüenza nacional». La razón fue por el vínculo, sea por acción u omisión, con los «falsos positivos» de numerosos jóvenes del municipio de Soacha, desaparecidos y luego «aparecidos» muertos en combate con organizaciones irregulares.

Uribe Vélez, mago en los asuntos mediáticos, cogió al toro por los cachos y decidió la trascendental medida, acompañada del tradicional lavado de manos, porque todo fue a sus espaldas, como también del ministro de Defensa y los altos mandos militares, que salen incólumes de semejante embarrada. La decisión fue para la galería porque en el país se encontraba Navy Pillay, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, como también se estaban conociendo los informes adversos a la «seguridad democrática» de Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Como si fuera poco, a los voceros uribistas no les fue muy bien ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida días antes en Washington, que se declaró sorprendida y preocupada por el incremento de las ejecuciones extrajudiciales.

Si en realidad Uribe Vélez estaba tan consternado como se presentó, hubiera retirado al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y al general Mario Montoya, comandante del Ejército, por lo menos, como lo demanda la oposición. En Perú, por mucho menos, un acto de corrupción, el presidente Alan García, que no es ninguna joyita, destituyó a todo el gabinete ministerial. Aquí nunca se llega hasta las máximas consecuencias y los responsables se pavonean con cinismo como el ministro Santos. El general Montoya al final renunció al parecer porque no fue consultado.

La verdad es que este asunto viene de tiempo atrás. No es tan nuevo como lo presenta el gobierno. En las ejecuciones extrajudiciales hay contabilizadas más de mil víctimas y 800 militares están vinculados a investigaciones por falsos positivos. Lo cual demuestra que no es un caso tan aislado como lo presentan el presidente Uribe, el ministro Santos y los mandos militares. Es anterior a este gobierno pero se fortaleció con la «seguridad democrática», entendida como doctrina de guerra integral para exterminar al «enemigo terrorista». La responsabilidad política y directa recae en quienes promueven esa delirante política gubernamental. Pero los responsables continúan ahí.