Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

DHOC: “La guerra solo nos ha dejado dolor”
Entrevista con con Camilo Fagua, asesor jurídico de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (DHOC)
Carolina Tejada / Viernes 27 de marzo de 2015
 
Camilo Fagua.

El pasado 5 de marzo, fue presentada en la ciudad de Bogotá la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (DHOC). Esta iniciativa, que surge en el seno del oriente colombiano, cumple tres años y hoy se presenta a nivel nacional como una propuesta más amplia en términos de los sectores sociales a los que tiene incidencia, y se configura como una de las organizaciones defensoras de derechos humanos de base con mayor respuesta e iniciativa frente a la protección de las comunidades agrarias en estas zonas del país.

La fundación DHOC nace como proyecto de las organizaciones agrarias de esta región del país. Ha desempeñado un sinnúmero de acciones para la conformación de comités veredales, sectoriales, para la defensa, promoción, protección y materialización de todas las condiciones necesarias para alcanzar niveles de vida digna. En este momento, la Fundación inició su proyección en lo barrial y a la fecha cuentan con más de 500 comités distribuidos en cada uno de los municipios y ciudades donde desarrollan su labor.

El semanario VOZ tuvo la oportunidad de reunirse con Camilo Fagua, asesor jurídico, quien por cerca de tres años viene acompañando y asesorando la Fundación.

–¿Cuáles son las razones que llevan a crear la fundación DHOC?

–Se crea debido a la grave situación que viven las comunidades campesinas en el oriente colombiano. Por un lado teníamos el abandono del Estado: no se cubrían a cabalidad las necesidades más urgidas como salud, educación, agua potable, entre otras; lo contradictorio era la presencia militar acompañada de bombardeos en los llamados ataques estratégicos contra la guerrilla. Esta situación es muy grave, porque lo que se evidenciaba era un gran abuso de poder y violación a los DDHH y el DIH. Los bombardeos estaban acabando con cultivos, viviendas, animales y afectando la humanidad de los campesinos pobres y humildes de la zona.

Los campesinos de los municipios de Vistahermosa y Puerto Rico fueron la semilla. Se constituyeron los comités de derechos humanos. Allí se trabajaba con dificultades por la lógica del conflicto, es decir: cuando se presentaban violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, las comunidades denunciaban, pero después venían las represalias, con amenazas y terror hacia la gente.

Entonces se vieron en la obligación de agruparse y crear la Comisión Fundación Bajo Ariari, con el acompañamiento de diferentes organizaciones del orden nacional y departamental. Estas organizaciones fueron: Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la comunidad claretiana, Asodemu, Fensuagro y Sintagrim; posteriormente se sumaron otras organizaciones como el CPDH y Justicia y Paz.

–¿Cómo se dio esa creación y cómo la recibió la comunidad?

–La gente recibió bien la Fundación y sus objetivos. La creación como tal fue en el centro poblado de Puerto Toledo, municipio de Puerto Rico (Meta), con la participación de 15 juntas de acción comunal de Puerto Rico y 20 del municipio de Vistahermosa, con un total de 250 personas. La gente de las comunidades se alegró.

¿La razón? Se explicó detenidamente en cada comunidad los derechos de los habitantes allí, además se dictaron talleres de DIH, hablamos de los derechos constitucionales que tenían los pobladores y cómo se desconocían estos derechos. Ellos no sabían que muchas de las acciones que realiza el Ejército eran ilegales. También realizamos talleres para saber a dónde deberían ir dirigidas las denuncias. Por ejemplo: a quién dirigirse cuando el Ejército hace bombardeos y como consecuencia de ello afectan las viviendas y mueren animales.

–En estas zonas se desarrolló el Plan Patriota. ¿Cómo asumió la población este plan militar?

–La situación que se vivía para esta época, estamos hablando desde el año 2002, en toda la región del Bajo Ariari se mantenía una represión, una militarización emprendida por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta situación dejó muchos muertos, desplazamientos forzados, desapariciones y centenares de personas privadas de su libertad por los montajes judiciales. De ahí el temor de la gente para denunciar. Entonces la organización de DDHH que existía en el momento solo cubría su región, en el departamento del Meta. Un trabajo reconocido y muy importante que los propios pobladores decidieron replicar, y se crea la Fundación por la Defensa de los Derechos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia.

–¿Cómo desarrollan su trabajo de veeduría y protección de derechos humanos?

–La dirección de DHOC es la junta directiva, compuesta por 18 integrantes, y el comité ejecutivo compuesto por cuatro personas: presidencia, vicepresidencia, secretaría general y tesorería. Y nos encontramos en todos departamentos del Oriente y Centro del país. También estamos organizados en comités veredales y barriales, de sectores sociales. Las juntas de acción comunal que existen en las zonas rurales y urbanas de los departamentos donde hacemos presencia pueden delegar cinco integrantes para la Fundación, y así para las demás organizaciones sociales. También existen núcleos municipales, conformados por los comités en cada uno de los municipios, y finalmente las seccionales departamentales.

–¿Qué casos importantes para la población puede decir DHOC que ha representado?

–En estos tres años hemos acompañando a las organizaciones agrarias y populares en los procesos de movilización, marchas, protestas y paros, en especial los sonados paros agrarios. Hemos documentado más de un centenar de violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de autoría oficial, entre los que tenemos cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales, entre ellos el asesinato del campesino Ever López, ocurrido el pasado 5 de marzo en el municipio de El Castillo (Meta).

Hemos asesorado acciones en defensa de lo público, particularmente en el departamento de Cundinamarca, y por supuesto, representamos jurídicamente a líderes sociales víctimas de montajes judiciales, como es el caso de la defensora de derechos humanos Doris Rivera, quien hace parte de la Fundación y fue detenida de manera ilegal hace algunos días y liberada gracias a la defensa de DHOC.

–¿Se hace necesario el trabajo de ustedes en la región, a pesar de los diálogos o las aspiraciones de paz en Colombia?

–Para nosotros DHOC es la apuesta por un nuevo país, por la paz con cambios y por la defensa de los derechos de los desprotegidos de Colombia. La guerra solo nos deja dolor y exigir una vida digna es una batalla monumental en nuestro país. Cambiar eso hace parte de nuestros objetivos como fundación. El paro agrario pasado demostró que los campesinos tienen una visión de país, en el campo de la dirección del Estado y antes de ser escuchados fueron reprimidos por exigir sus derechos. Nosotros los acompañamos en esa pelea no solo para que su voz se escuchara sino para que se le respetaran sus derechos.