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Plan Nacional de Desarrollo: ¿contra la equidad y la paz?
Lectura cuidadosa e inquietante del proyecto de ley que favorece la concentración en vez de la redistribución de la tierra, y en especial de los baldíos de propiedad de la Nación que deberían destinarse a desplazados, campesinos y etnias discriminadas.
Jhenifer Mojica / Martes 7 de abril de 2015
 

Una consigna hueca

El proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014- 2018, que el Congreso acaba de aprobar en primer debate, tiene un capítulo sobre “Mecanismos para la transformación del campo” que incluye disposiciones contrarias a la meta supuesta del gobierno Santos, “Todos por nuevo país: paz, equidad, educación”.

A continuación analizo algunas de estas contradicciones, así como el retroceso que ellas significan frente al logro de la paz y a la mejoría de la equidad en el sector agrario.

La tierra ¿para quién?

El proyecto de ley se concentra en promover un desarrollo minero-energético y de infraestructura, y en el sector rural apunta a la agroindustria, para la cual ofrece muchas ventajas a estas inversiones, y en especial el declararlas “de utilidad pública” o “interés social”, que les da prioridad sobre otras actividades. Pero esta disposición contradice los derechos a las tierras y a los territorios por parte de las poblaciones campesinas y étnicas.

Tanto el artículo 49 como el 146 del PND establecen que en las áreas seleccionadas para proyectos de utilidad pública e interés social (como la infraestructura) se aplica un saneamiento automático de todas las ilegalidades en la cadena de propiedad, y que deberá considerarse la imposibilidad jurídica y material de restituir los predios a las víctimas de despojo. Estas normas desconocen el carácter fundamental del derecho a la restitución de tierras y la obligación internacional del Estado de darle prioridad a la protección de este derecho.

Por otro lado, el artículo 19 del proyecto de ley crea las “áreas de reserva para el desarrollo minero”, que serán determinadas por la Agencia Nacional de Minería, encargada de señalar cuáles son minerales de interés “estratégico” para Colombia y “podrá delimitar indefinidamente áreas especiales que se encuentren libres”. En estas áreas se prohíben tanto la titulación de tierras a los campesinos como la restitución a las víctimas que fueron despojadas.

Agroindustria en vez de reforma agraria

La Ley 160 de 1994 establece que: “(…) No podrá hacerse adjudicación de baldíos sino por ocupación previa, en tierras con aptitud agropecuaria que se estén explotando conforme a las normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales renovables, en favor de personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas, en las extensiones y condiciones que para cada municipio o región del país señale la Junta Directiva”.

Según las leyes vigentes, los baldíos que pertenecen a la Nación (porque nunca han salido de su dominio) están destinados a procesos de adjudicación de tierras a favor de sujetos de reforma agraria que cumplan los requisitos de ocupación previa y explotación económica, y que no superen en extensión la Unidad Agrícola Familiar definida para cada zona.

Pero el modelo de desarrollo rural que impulsa el PND es todo lo contrario, es la agroindustria de grandes extensiones, para lo cual crea las “Reservas sobre baldíos” (artículo 97), una reforma sustantiva al régimen vigente, que cambiaría tanto los beneficiarios como la destinación, el uso y el aprovechamiento de los baldíos propiedad de la Nación.

En el PND:

  • Las reservas sobre baldíos se hacen justamente para evitar adjudicarlos, porque las tierras no se destinan a la reforma agraria sino al desarrollo agroindustrial.
  • Se deja en manos del gobierno nacional la reglamentación de esta mini reforma agraria, desconociendo el principio democrático de la reserva legal (esto es, de los asuntos que según la Constitución competen exclusivamente al poder legislativo), porque el cambio de la destinación de los baldíos es un asunto de competencia del Congreso a través de reformas legales o aun constitucionales.
  • Se asigna al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), o a quien cumpla sus funciones, la facultad de crear las reservas sin ningún criterio o parámetro de selección. Esto afecta la función pública que desempeña este instituto, porque le está pidiendo que establezca arbitrariamente reservas para sustraerse de cumplir con su deber de adjudicar tierras a población campesina o a grupos étnicos.
  • Se amplía la posibilidad de constituir reservas sobre todo tipo de baldíos, sin importar si están o no ocupados. Ahora podrían reservarse todos los baldíos, incluso aquellos sobre los cuales las poblaciones campesinas y étnicas tienen una expectativa de reconocimiento de derechos.
  • Se eliminan los requisitos para la adjudicación en los baldíos reservados. Ya no aplicará la Unidad Agrícola Familiar como límite a la concentración de tierras y no se exigirá ocupación previa de los baldíos. Tampoco se beneficiará única y exclusivamente a las familias campesinas o étnicas sujetos de reforma agraria.
  • Una vez se constituyan las reservas sobre baldíos, quienes ejerzan ocupación sobre ellos perderán el derecho a ser adjudicatarios si su uso u ocupación no corresponden a lo que ordenen los reglamentos del gobierno nacional. De manera que a través de un solo reglamento que cambie la destinación de los baldíos, los campesinos y pueblos étnicos ocupantes de los mismos podrán perder sus derechos al reconocimiento de sus tierras y territorios.
  • Reiterando la propuesta del gobierno nacional en el proyecto de ley 133 de 2014 de la Cámara de Representantes, el PND elimina la noción de sujetos de reforma agraria o familias campesinas, para introducir el concepto de “trabajadores agrarios”. Bajo esta figura se quieren introducir todo tipo de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que trabajen en el sector agrario.

Este cambio de concepto implica un cambio de los beneficiarios de las tierras baldías de la Nación, en desmedro de la prioridad que deben tener las familias campesinas pobres sin tierra, los pueblos étnicos y las personas en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de despojo por causa del conflicto armado. Aunque en la ponencia presentada en primer debate se cambiaron los destinatarios, indicando que son los “trabajadores agrarios de escasos recursos de forma individual o asociativa”, esto vuelve a negar el concepto de campesinos sujetos de reforma agraria y deja abierta la posibilidad de las alianzas productivas.

  • Aunque no lo dice expresamente, el PND prohíbe la adjudicación y reconocimiento de territorios étnicos en los baldíos reservados. Por ende se elimina la posibilidad de restitución jurídica de tierras a las familias campesinas y grupos étnicos que hubieran padecido el despojo o abandono de tierras con motivo del conflicto armado.

Un subsidio ineficiente

La única disposición del PND dirigida a las familias campesinas es el Subsidio Integral de Reforma Agraria, una medida ideada por el gobierno Uribe para quitarle al Estado la obligación de hacer reforma agraria mediante compra directa de tierras que luego debían ser repartidas entre los campesinos, y en vez de eso transferir los costos y dificultades de buscar tierras para compra a los propios campesinos, con un subsidio que no puede superar los 18 millones de pesos (cifra de 2012), lo cual debe alcanzarle para pagar la tierra y el proyecto productivo.

La última convocatoria para el subsidio tuvo lugar en 2012, y desde entonces se dijo que no habría más convocatorias debido a la ineficiencia del programa. En efecto: entre 2008 y 2012 se invirtieron más de 110 mil millones de pesos que beneficiaron a menos de 4 mil familias con menos de 30 mil hectáreas: en cambio y sin ningún los baldíos beneficiaron a más de 120 mil familias con más de 1 millón y medio de hectáreas.

Sin tierras para la paz

Las reformas introducidas por el PND en materia agraria por el PND contradicen los acuerdos de paz de La Habana, que hablan de crear un fondo para la democratización de la tierra y el acceso a la propiedad por parte de campesinos y pueblos étnicos.

Con las reservas sobre baldíos se pondría en peligro la disponibilidad de la mayoría de los predios para alimentar dicho fondo, ya que las tierras que debían ser destinadas a la paz se destinarían primero a estas reservas para la agroindustria.

Además de incluir los baldíos en general, dentro de estas reservas se incluyen aquellos baldíos que son objeto de sustracción de las zonas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959. Esto atenta contra los derechos de los ocupantes históricos de estas tierras, y contra el ordenamiento social y ambiental de la propiedad, ya que la sustracción de reservas forestales no se hace mediante de un cheque en blanco que autoriza la sustracción sin condicionamientos, sino sobre la base de unos estudios de la ocupación actual y bajo unos planes de manejo que deben ser acatados para asegurar la sostenibilidad ambiental.

Tomado de La Razón Pública