Asociación Campesina del Catatumbo
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Policía infiltrado hostiga líderes de Juventud Rebelde
Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat / Viernes 17 de abril de 2015
 

“Lo que denunciamos es que sean utilizadas, desde afuera y desde dentro, las fuerzas armadas para cumplir una función desestabilizadora, anti democrática y de iniciación, contra el derecho político que tenemos todos los colombianos de expresar nuestra opinión”
Jaime pardo leal

La Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat- denuncia y rechaza los actos de hostigamiento por parte de la Fuerza Pública contra los militantes y dirigentes de la recién constituida Juventud Rebelde (JURE), hechos ocurridos en la ciudad de Bogotá en el marco de la realización de su Congreso constitutivo.

El pasado 9 de abril los dirigentes juveniles y campesinos Guillermo Quintero y Melkin Castrillón fueron víctimas de hostigamientos y de infracciones al DIH cuando el subintendente de la Policía Nacional, William Alexander Perez Parrado, identificado con cédula de ciudadanía 86.070.271 y que hace parte de la SIJIN, se encontraba dentro de las instalaciones del Coliseo el Campín realizando actos de inteligencia.

Subintendente William Alexander Perez Parrado

Guillermo Quintero ocupa el cargo de Coordinador del Movimiento juvenil del Catatumbo -Mojucat- y es miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT. Melkin Castrillón es tesorero y miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra -ACVC- y Coordinador de Juventud Rebelde Magdalena Medio.

Imagen extraída del celular del policía

En horas de la mañana el infiltrado fue aprendido por la delegación de Juventud Rebelde de la región del Magdalena Medio mientras tomaba fotografías y videos de los participantes del evento social y político, en especial del dirigente juvenil y campesino Guillermo Quintero, incumpliendo así lo ordenado por la Corte Constitucional en las sentencias C- 816 de 2004, C- 817 de 2004 y C- 818 de 2004 en las cuales se prohíbe los empadronamientos, toma de videos y fotografías en aras de cumplir y garantizar los tratados internacionales sobre derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario ratificados por Colombia. Así mismo actuaba en contravía de lo emitido por la directiva presidencial número 07 de 1999 en el cual se ordena:

A todos los servidores públicos abstenerse de (i) cuestionar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros, que actúan de acuerdo con la constitución y las leyes; (ii) realizar afirmaciones que descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento a las mismas organizaciones, y (iii) emitir declaraciones públicas o privadas que estigmaticen la labor propia de estas organizaciones.

A todos los servidores públicos abstenerse de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, así como la honra y el buen nombre de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros. En caso de conocimiento de algún hecho delictivo cometido por miembros de estas organizaciones, es un deber informar a la autoridad judicial competente.

Por lo anterior se hace un llamado al Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Juan Manuel santos, a que se respeten las garantías que otorga el Estado social de derecho promulgado en la Constitución política de Colombia. Se exige que sea consecuente con su propuesta y discurso de paz y que no persiga y hostigue a las organizaciones sociales y políticas de la izquierda democrática.

Imagen extraída del celular del policía

Se exige que se respete a la juventud colombiana organizada que día a día piensa y trabaja por un país distinto, por una paz que incluya educación gratuita y de calidad, por una salud pública y de calidad, por un trabajo digno, por la lucha y permanencia en el territorio para los campesinos, afro descendientes e indígenas. La Juventud Rebelde de Colombia está convencida que los cambios trascendentales para la sociedad colombiana se construyen desde una juventud que le apuesta a ser un sujeto político que, desde el debate de las ideas y el trabajo organizado, puede aportar a la realización del tan anhelado derecho a la paz con justicia social.

Se insta a la comunidad nacional e internacional y a organizaciones de defensoras de derechos humanos para que estén alerta ante este tipo de hostigamientos que se siguen presentando en el Estado colombiano contra las organizaciones sociales y populares de la izquierda democrática, para evitar que se repitan historias vergonzosas para la democracia colombiana, como los genocidios cometidos contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano

De igual forma, se solicita a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Defensa que se inicien las investigaciones pertinentes a este funcionario público y a los altos mandos de la Policía Nacional que ordenaron cometer el acto ilegal que se denuncia.

Se responsabiliza además al Presidente de la República, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por cualquier acto ilegal y arbitrario del cual sea víctima y que atente contra la vida de los integrantes de la JURE.