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Entrevista
Emberas Chamí solicitan protección para defender a la madre tierra
Reiniciar / Viernes 17 de abril de 2015
 

Líderes Embera Chamí solicitaron un enfoque diferencial en la protección de sus líderes, lo cual incluye el fortalecimiento de la guardia indígena en el departamento de Caldas.

Dos importantes líderes y miembros de la comunidad Embera Chamí: Martha Isabel Hernández Díaz, coordinadora general del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y Carlos Eduardo Gómez Restrepo, Gobernador del Resguardo de Cañamomo-Lomaprieta estuvieron en las oficinas de Reiniciar.

El pasado 7 de abril la comunidad Embera Chamí perdió a uno de sus líderes [1], Fernando Salazar Calvo. El lunes 13 de abril algunos líderes de esta comunidad se reunieron con la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección para discutir su caso.

Reiniciar: ¿Qué impacto tuvo en la comunidad el asesinato de un líder como Fernando Salazar?

Líderes Embera Chamí: A nivel general, la muerte de un líder y comunero rompe la armonía y equilibrio natural de la comunidad. Desde noviembre de 2014 circulan informaciones en la comunidad diciendo que esos “hp” indios no quieren dejar trabajar. A Fernando le dijeron que: “le corren mucho a esos indios y van a tener problemas por eso”.

Se retorna a la zozobra del conflicto pues Fernando no era el único amenazado. Héctor Jaime, encargado de ese proceso, y Carlos Eduardo Gómez Restrepo, Gobernador del Resguardo Cañamomo Lomaprieta también están amenazados.

El asesinato de Fernando tiene dos mensajes: que hay gente inconforme con las regulaciones que hacemos y que se intenta desestabilizar el proceso y el ejercicio de la autonomía y gobierno propios de los indígenas.

R: ¿Qué rol cumplían en su comunidad los líderes Embera Chamí que han sido asesinados como Fabiola, Gabriel, Gilberto y Fernando?

LECH: Fernando Salazar Calvo tenía una tarea muy específica: verificaba el cumplimiento de compromisos en la zona minera, la reglamentación y los procesos de cierres temporales o definitivos de minería artesanal. (Fernando tenía una hija, que no pudo viajar a su entierro, y un nieto recién nacido que no conoció).

Fabiola Largo Cano [2] era gobernadora de resguardo y candidata a la Alcaldía Mde Riosucio por el Movimiento Indígena para Riosucio; Gabriel Ángel Cartagena [3] era gobernador del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Fernando Salazar fue primero fiscal de la Asociación de Mineros del Resguardo Indígena de Cañamomo y después elegido como vocal de los mineros artesanales.

Gilberto Motato fue gobernador del Resguardo de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña y candidato a la Alcaldía de Riosucio, Luis Ángel Chaurra, asesinado en la Masacre de la Rueda [4] en 2001, fue gobernador del Resguardo Cañamomo Lomaprieta y médico tradicional.

R: ¿Cómo debería ser el enfoque diferencial de protección para los Emberá Chamí, qué le piden a la Unidad Nacional de Protección?

LECH: Estamos hablando de este tema desde del otorgamiento de medidas cautelares, el 15 de marzo de 2002, y solicitando que estas medidas cautelares tengan un enfoque diferencial que nos permita no solamente proteger de forma individual a los líderes con estas medidas sino que sean medidas en las que podamos avanzar hacia una protección colectiva.
Por ello hemos planteado que es importante el fortalecimiento de la guardia indígena como ente de control propio social y territorial. Actualmente tenemos 300 personas en la guardia indígena.

Necesitamos recursos, capacitaciones en derechos humanos, apoyo logístico, dotación de elementos como camisetas, chalecos –para identificarlos-, botas, varas de mando o bastones para fortalecerse y aumentar la guardia a 500 personas.

En el tema de protección hemos venido solicitando ayuda para el fortalecimiento espiritual; eso implica que tengamos recursos para los médicos tradicionales, tienen guardianes del territorio y el monitoreo, atenderlos a ellos sería la aplicación del enfoque diferencial para nosotros.

R: ¿Cuántos de ustedes tienen medidas de protección y para cuántas personas están pidiendo protección?

LECH: Ocho líderes tienen escoltas, cuentan con esquemas duros de protección. Cinco de ellos tienen escoltas individualmente y los otros tres comparten un esquema.

El año pasado pedimos unos esquemas colectivos para cuatro gobernadores de Riosucio, que son los que más riesgo tienen. Ellos son Martha Luz Motato, gobernadora del Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña; Reynel García, gobernador del Resguardo Escopetera Pirza; el gobernador Normán Bañón, del Resguardo de San Lorenzo; para Carlos Eduardo Gómez, gobernador del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta –donde asesinaron a Fernando hace unos días– y para Martha Isabel como coordinadora general del Cridec.

Antes de Semana Santa les hicieron estudios de riesgo para ellos y para el Cridec. Ahora hay amenazas contra Fabio Moreno, presidente de la Asociación de Mineros del Resguardo Cañamomo Lomaprieta y solicitamos la protección para él.

Pero queremos que esos esquemas sean colectivos pues los actuales son muy cerrados para nuestro actuar como comunidad y no permiten transportar a otras personas, nosotros hemos pedido que comprendan que actuamos como comunidad.

Pedimos que los carros puedan ser usados por otras personas de la comunidad mientras el gobernador, por ejemplo, esté en la oficina. Otra dificultad es que no se autorizan desplazamientos fuera del lugar donde vive el protegido. La semana pasada un desplazamiento no fue autorizado y el protegido tuvo que transportarse en bus, el permiso llegó después.

R: ¿Por qué creen que la Fiscalía dice que sus denuncias son solo “rumores” [5] y las desestima?

LECH: Ha habido una intención del gobierno de decir que en el departamento de Caldas hay “posconflicto”. En febrero de este año tuvimos una reunión en Manizales donde un fiscal dijo que podía dar fe de que en Riosucio no pasaba nada y no había ningún grupo armado.

Uno lo que puede decir es que hay un rezago de la seguridad democrática de que tenían control sobre todo los actores armados. Hay la necesidad de mantener el interés de la inversión extranjera y megaproyectos como Conexión Pacífico 3 [6] y el Puerto Seco de la Felisa [7] y entre otros, en esos megaproyectos hay inversionistas extranjeros. Por eso, el tema también es ocultar la violación de derechos humanos porque el gobierno tiene que mostrarle a los inversionistas que no hay violación de derechos humanos.

R: ¿Qué relación hay entre la muerte de Fernando y otros líderes y la defensa de su territorio?

LECH: Esa es, básicamente, la razón principal. Hay factores nuevos como un interés de la Anglo Gold Ashanti en esa zona, en Marmato y Supía y viejos factores como nuestra participación política, la presencia de grupos armados en la zona [8], la discriminación hacia nosotros [9], y nuestra exigencia de consulta previa, son una molestia para todos ellos.

Representantes de la clase política de Riosucio dijeron recientemente en una conferencia: “nosotros vivíamos muy bien hasta 1991 cuando la Constitución le dio tantos derechos a los indígenas y ya hoy quieren reclamar el pueblo para ellos”. En ese argumento se estigmatiza a la población indígena.

R: ¿Cuál es el resultado de su reunión con la Fiscalía?

ECH: El compromiso de establecer una comisión especial para estudiar el caso de los Embera Chamí.

R: ¿Cuál fue el resultado de la reunión con la Comisión Interamericana, en Estados Unidos, el 21 de marzo de 2015?

ECH: En la reunión hablamos de la ruta de prevención, atención y protección colectiva para lo cual se convocó una reunión para la primera semana de mayo en Bogotá con representantes de la Cancillería, el Ministerio del Interior, Defensoría del pueblo y otras autoridades, además de nosotros.

R: Finalmente, ¿Qué elementos comunes hay entre sus luchas y las luchas indígenas en el departamento del Cauca?

ECH: Ambos somos filiales de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y estamos comprometidos con principios rectores como la unidad, cultura, la autonomía y el territorio que establecen una política de defensa del territorio [10]. Tenemos en común la exigencia de la consulta previa, el conocimiento previo, la libre información y la liberación de la madre tierra.

[5Este hecho ocurre días después de que la Corporación Reiniciar, que acompaña jurídicamente a la comunidad Embera Chamí, recibiera el 31 de marzo un oficio de la Fiscalía Segunda Seccional comunicando su opinión sobre los hechos denunciados –presencia de personas armadas, amenazas y panfletos– en octubre del 2014: “Las amenazas, el desplazamiento forzado y la permanencia de grupos armados ilegales en las comunidades indígenas son rumores (…)”. Fiscalía Seccional Segunda, Riosucio Caldas. Oficio ds-16-21-SSFSC-147

[10La Resolución 031, regula la actividad minera ancestral; la Resolución No. 046, por medio de la cual se declara el territorio del Resguardo como una zona de exclusión para la mediana y gran minería, y la Resolución No. 048 por medio de la cual se establecen y reglamentan los protocolos propios de consulta y consentimiento previos, libres e informados. Estrategias y mecanismos de protección de pueblos indígenas frente a proyectos mineros y energéticos: “La experiencia del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta”. Páginas 193-225.