Hablar de educación y política es referirse, de manera directa o indirecta, a un campo en disputa en el cual múltiples intereses y proyectos de país convergen para contraponerse, luchar y, en última instancia, usufructuar lo mejor que se ajuste a dichos intereses. En consecuencia, y en contravía de lo que muchas propuestas académicas plantean, la educación debe ser entendida como una expresión fundamental del espectro de la superestructura de una sociedad, particularmente de la dimensión ideológica de la misma, en la cual las tensiones son manifestaciones expresas de proyectos económicos y políticos para un determinado país, en determinado periodo de tiempo.

El día de hoy en Colombia presenciamos, una vez más, el asenso de la movilización social por parte de distintos actores del sector educativo colombiano. En distintas regiones del país educadores, estudiantes, trabajadores administrativos y egresados, disputan con distintas administraciones de instituciones educativas de carácter nacional o regional, o con el gobierno central, distintos tipos de reivindicaciones que van desde el aumento salarial de trabajadores del sector (ya sean docentes o personal administrativo de las instituciones), pasando por la pugna respecto a la democratización de los claustros educativos y los procesos mediante los cuales alcanzar la tan anhelada calidad; hasta llegar a la disputa por un sistema de seguridad social que garantice el acceso a distintos tipos de actores de la educación del país que históricamente han asistido al incumplimiento de garantías de sus más básicos derechos, como el derecho a la salud.

Este contexto demanda de la sociedad colombiana asumir con madurez esta nueva coyuntura de convulsiones sociales en las cuales el sector educativo ubica como debate central la necesaria dignificación de la vida educativa a todas sus escalas, exigiendo de manera categórica que se asuma responsablemente la puesta en marcha de un proyecto nacional que abandone de manera efectiva el camino de la guerra para abrir paso a la edificación de la justicia social, en donde la democracia y la soberanía se constituyan como pilares fundamentales y como consecuencia se alcance la edificación de una nueva sociedad, de una Colombia en paz.

Para dar trámite al análisis propuesto sobre la disputa contemporánea del sector educativo y sus demandas, paso a señalar uno de los llamados hechos por Paulo Freire a la sociedad brasileña de inicios de la década del 90, hoy más que nunca pertinente para entender las dimensiones y compromisos que como sociedad se tienen con el asenso de la movilización social. Al respecto, el autor plantea en su libro Pedagogía de la Autonomía que:

Enseñar exige lucha en defensa de los derechos de los educadores. (…) Si hay algo que los brasileños necesitan saber, desde la más tierna edad, es que la lucha en favor del respeto a los educadores y a la educación significa que la pelea por salarios menos inmorales es un deber irrecusable y no sólo es un derecho. La lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente, en cuanto práctica ética. No es algo externo a la actividad docente, sino algo intrínseco a ella. El combate en favor de la dignidad de la práctica docente es tan parte de ella misma como el respeto que el profesor debe tener a la entidad del educando, a su persona, a su derecho de ser. Uno de los peores males que el poder público nos ha venido en Brasil, históricamente, desde que la sociedad brasileña se creó, es el de hacer que muchos de nosotros, existencialmente cansados a fuerza de tanta desatención hacia la educación pública, corramos el riesgo de caer en la indiferencia fatalistamente cínica que lleva a cruzar los brazos. “No hay nada que hacer” es el discurso acomodaticio que no podemos aceptar” (2005, p.55).

De la anterior frase magistral se pueden derivar algunos elementos analíticos, que si bien parecieran referirse exclusivamente a los derechos de los educadores, perfectamente pueden extenderse en el caso colombiano a estudiantes, trabajadores, egresados y a la sociedad en general.

El campo educativo es expresión de contradicciones de intereses de distintos actores sociales y políticos.

Tal y como lo manifiesta Freire, la educación no es más que un escenario en el cual la permanente contradicción de proyectos políticos y económicos se encuentran como consecuencia lógica de las tensiones de la vida misma. De esta manera, a lo que asiste hoy el país no es más que al choque entre el proyecto hegemónico (viabilizado por familias de no más de siete apellidos) que por décadas ha perpetuado sus prácticas de despojo, injusticia, guerra y absoluto desinterés por el campo educativo, con el proyecto que sueña con un país en el que la sociedad, los subalternos, las gentes del común, sean los protagonistas tanto en el campo de la educación como en todas las esferas de la vida pública.

Lo claramente evidenciado por las declaraciones de la jefe de la cartera de educación en el país, es que sus altos niveles de arrogancia, mezquindad y manipulación serán sus herramientas de batalla para las próximas semanas, tal y como el gobierno nacional lo hizo, en años anteriores, en varios casos con manifestaciones sociales en donde intentó desconocer el legítimo derecho a la protesta social, (entiéndase Paro Nacional Universitario 2011 – Paro nacional Agrario y Popular 2012, entre otros), recibiendo una bofetada de los movimientos sociales. Desde todo punto de vista es inverosímil que supuestamente aceptando las demandas de su contradictor, la ministra Parody deslegitime de entrada la justa lucha y demandas del movimiento nacional profesoral, amenazando con el no pago de los días del salario de los docentes por la participación en la protesta social.

La financiación de la educación no puede entenderse como un acto caritativo del gobierno, exige un rediseño institucional, una Asamblea Nacional Constituyente

Colombia ha asistido en las últimas décadas a la presencia del argumento desgastado de la ausencia de recurso público para la educación y sus demandas. Este argumento ha sido utilizado por muchos ministros de educación y presidentes de la república, quienes han recalcado de manera reiterada que la distribución de las prioridades nacionales llevan a la triste conclusión de la ausencia de dineros para el funcionamiento óptimo del sistema educativo en su conjunto.

En este contexto, el gobierno actual pretende utilizar el sofisma del supuesto histórico balance que ha propuesto y está ejecutando entre el rubro nacional de la guerra y el de la educación. Este argumento es insuficiente y claramente es resultado de las demandas sociales. En el 2011 precisamente una de las principales reivindicaciones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil fue aquel que propugnó por “Menos presupuesto para la guerra, más para la educación”. Ahora bien, lo que en la actualidad pareciera ofrecerse como una dadivosa expresión de un gobierno que tiene manchadas de sangre sus manos e historia (el caso de los mal llamados Falsos Positivos es solo un ejemplo de la gestión que como ministro de defensa ejecutó Juan Manuel Santos), en realidad debe ser entendido como un discurso falaz y mal fundamentado que a todas luces es insuficiente. Por supuesto hay que acabar la guerra y disponer de todo su presupuesto para la paz y la justicia social. Esto no es un acto bondadoso de un gobierno del país.

Al respecto, la ministra Parody en entrevista con Yamid Amad del miércoles 22 de abril de 2015, manifestó que el actual diseño institucional es insuficiente para aumentar en un irrisorio 10 % el salario de los docentes del país. Dijo claramente que la propuesta del gobierno tiene una limitación constitucional y es posible inferir que asume que el 10 % es irrisorio no por su valor porcentual, sino por el monto que en la actualidad los docentes reciben como ingresos mensuales, que (en promedio) según cifras del Ministerio de Educación nacional no logra ascender del pírrico monto de $ 1´600.000.

Como resultado de esta mirada panorámica queda una propuesta que en la actualidad viene tomando fuerza como producto mismo de la dinámica política y social del país, necesario de analizar y discutir: la Asamblea Nacional Constituyente como punto de llegada no solo de los esfuerzos entre insurgencias y gobiernos por alcanzar la paz con justicia social, sino como escenario derivado de una dinámica cotidiana de movilización social y popular en aumento que demanda, como en el caso de la educación, la garantía de los derechos a una vida digna que como ciudadanos los colombianos tenemos.

Luchar por la defensa de la educación no es simplemente un derecho que como ciudadanos hemos adquiridos, es esencialmente un deber que nos asiste

Otro de los puntos derivados de la frase de Freire es que la defensa por la educación no puede ser entendida exclusivamente como un derecho que se ha conquistado. Por el contrario, es un deber que nos convoca como miembros de una sociedad fragmentada por un modelo de país que ha sido impuesto a toda costa por los sectores detentores del poder económico y político en el país por siglos. En este sentido es imperativo asumir que en Colombia está todo por hacer en lo que a educación respecta. Los brazos no hay que cruzarlos, hay que levantarlos para la construcción de una nueva sociedad que se fundamente en el respeto y la valoración de la diferencia, del pensamiento crítico y de las garantías democráticas para que distintos grupos sociales sean poder y ejecuten lo que por la vía del debate conquisten.

De esta forma, este deber tiene que extenderse y asumirse claramente por los educadores, quienes tienen el compromiso ético, inherente a su actividad, de defender la dignificación de su profesión para su historia y la de las generaciones futuras. Hoy más que nunca el campo en disputa de la educación requiere de niveles de organización social que garanticen la puesta en marcha de un proyecto político-pedagógico unitario en el que los intereses individuales se depongan en virtud de la estructuración y puesta en marcha de un proyecto emancipador estratégico que siga unificando al campo social y popular colombiano.

He aquí unas pequeñas reflexiones sobre el actual momento político del país respecto al debate que se abre nuevamente sobre la educación. Muchos puntos quedan pendientes y esperaremos seguir aportando todos los esfuerzos a esta importante dinámica de pensar y edificar una educación para paz que se edifique desde los cimientos constitucionales, legales y presupuestales de una nueva sociedad.

Referencia

 Freire, P. (2005). Pedagogía de la autonomía. Sao Paulo: Siglo XXI editores.