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Retención y tortura a campesinos en el Urabá Antioqueño
 

El pasado domingo 3 de mayo, en horas de la mañana, en la vereda La Hoz, jurisdicción del corregimiento de San José de Apartadó en el Urabá antioqueño, fueron detenidos injustificadamente cuatro campesinos por efectivos de la Policía Nacional, quienes los torturaron, los insultaron, les golpearon la cara y su cuerpo mientras permanecian amarrados a unos árboles, después un helicóptero de la Policía los recogió y se los llevó con rumbo desconocido. Los civiles retenidos responden a los nombres de Wilson David Mora de 27 años, Deiver Antonio Mendez Berrío de 29 años, Orlando de 31 años y un menor de edad, este último fue puesto en libertad horas más tarde. Son muchos los pobladores de la región que dan fé de los constantes maltratos a los que son sometidos por parte de las autoridades. Se exige respeto por la vida, la integridad y la dignidad de los campesinos y que se investiguen a los responsables al interior de la fuerza pública que no cumplen con las funciones constitucionales para las cuales fueron elegidos.

Son múltiples los atropellos y el abuso de poder de parte de la fuerza pública, ya que a pesar de las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud en las que se demuestra las afectaciones producidas en la salud humana por las aspersiones con químicos como el glifosato; ya son varias las familias afectadas por estas fumigaciones en las veredas La Hoz, Rodoxali, La Resbalosa, El Porvenir, La Esperanza y Naim en operaciones adelantadas por la Dirección de Estupefacientes desde el pasado 27 de abril.

Se le recuerda al Estado colombiano las recomendaciones hechas por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en las que argumentan que las causas del crecimiento de los cultivos de uso ilícito:

“están estrechamente ligados a las problemáticas de las áreas rurales (tenencia de la tierra, políticas económicas y violencia generalizada, entre otras), por lo que las estrategias para combatir las drogas deben partir de revisar las causas estructurales, para así adoptar soluciones integrales, sistemáticas y sostenibles, que incluyan las variables ambientales, culturales, étnicas, sociales, políticas y económicas. Acudimos ante la solidaridad nacional e internacional, para que insten al gobierno Nacional a ponerle fin a estas prácticas de crímenes de Estado.”

Los daños ocasionados al medio ambiente, a la salud humana y a cultivos de pancoger siguen siendo un crimen contra las comunidades. Se exige al Gobierno Nacional, al Ministerio de Agricultura y a la Secretaría de Agricultura Municipal, la verificación e inspección de esta zona para tratar de conocer las afectaciones y asumir las responsabilidades a las que tenga lugar, que protejan el medio ambiente como mandato acérrimo que les corresponde, que sean reparados integralmente todos los afectados y que acaten las recomendaciones científicas hechas en esta materia para acabar con la utilización del glifosato y las causas que originan esta problemática.

Se rechaza categóricamente cualquier forma en la sea involucrada la población civil en el conflicto: el reclutamiento forzado, las jornadas cívico-militares, las acciones de soldados en las cabeceras municipales y en los predios de los campesinos, las acciones de guerra contra la población civil ejercidas por los diferentes grupos armados legales o ilegales y se le exige al Estado colombiano asumir las recomendaciones en materia de prevención al reclutamiento de menores realizando inversiones en educación, cultura y deporte que ayuden a que los jóvenes se vinculen a hechos de paz, haciendo de Colombia un país diferente en donde se le dé una mejor oportunidad a la juventud.

Se le exige a los actores armados legales e ilegales que cesen los ataques y estigmatizaciones contra los campesinos, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que sólo reclaman para su territorio vida en vez de guerra. Además que se inicien las investigaciones de carácter disciplinario interno contra los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario con ocasión de los hechos anteriormente narrados.

Se le exige a la Personería Municipal de Apartadó que, basados en las funciones constitucionales de las personerías en Colombia, brinde y defienda las garantías pertinentes para que se respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, aunque esas violaciones provengan incluso de instituciones del mismo Estado como la fuerza pública. Además que no permita los señalamientos y las estigmatizaciones en contra de la pobladores, pues estás lamentables e ilegales prácticas no deben ser realizadas por funcionarios públicos ya que van en contravía de las leyes del país y contra las obligaciones adquiridas mediante los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos.