Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
:: Antioquia, Colombia ::
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Asesinatos y amenazas en el nordeste antioqueño
Cahucopana / Miércoles 17 de junio de 2015
 

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño -Cahucopana- emite una acción ante la grave situación de asesinatos, desplazamiento y distribución de panfletos intimidatorios que vienen circulando en el casco urbano del municipio de Segovia, departamento Antioquia.

Contexto de la región frente a las violaciones a los DDHH

Cahucopana es una organización campesina que ha venido trabajando en los municipios de Remedios y Segovia desde el 2004 en torno a la defensa de los derechos humanos, la exigibilidad a una vida digna y el derecho a la tierra y el territorio; en el marco de estas actividades ha denunciado la grave situación humanitaria que atraviesan los municipios de Remedios y Segovia, las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se presentan en el casco urbano y las zonas rurales. Se ha alertado a las instituciones frente a la vulnerabilidad en la que se encuentran los campesinos, los mineros y las organizaciones sociales y sus líderes.

En el 2012 el Sistema de Alertas Tempranas –SAT- de la Defensoría del Pueblo emitió el informe 002-12 A.I. en el cual identificaba la presencia de diversos grupos paramilitares que se disputaban el control territorial, bajo la denominación de Bacrim según el Estado colombiano, estos grupos ponen en riesgo a los pobladores en medio de sus disputas ante la búsqueda de un control económico y político de los municipios. Así lo denunció Cahucopana exponiendo que las violaciones a los derechos humanos en Segovia y Remedios a lo largo del 2012 fueron perpetradas por los grupos armados pertenecientes a los “Urabeños”, “Rastrojos”, “Águilas Negras” y “Héroes del Nordeste”, grupos que se disputaban el control económico y político de la zona.

En noviembre de 2012 fue capturado Jairo Hugo Escobar Cataño, conocido como el “zar del oro en Segovia”, acusado de tener nexos con paramilitares, así como por la financiación y conformación de grupos ilegales, específicamente de los Rastrojos, y por su participación en homicidios y desplazamientos entre otras violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Remedios. Según versiones de los pobladores, la disputa por el control de la zona culminó en un acuerdo entre los Rastrojos y los Urabeños.
Por los nexos que históricamente han tenido las instituciones con los grupos ilegales los niveles de impunidad frente a los hechos acaecidos en los municipios del nordeste antioqueño son altos y por esto los pobladores han tomado la decisión de dejar de denunciar por miedo a represalias contra su integridad por parte de los grupos paramilitares.

Las más recientes violaciones a los DDHH

El pasado 6 de junio se distribuyó en el casco urbano de Segovia un “Comunicado a la opinión pública” en el cual se le declara “la guerra” “a las personas que vendan o consuman todo tipo de vicio, ladrones, tramposos, enredadores, a la comunidad LGTBI del municipio y vendedores de oro que se han aprovechado de la situación para comprar oro a precios que no son justos”. Adicional a esto se declara como objetivo militar a la Mesa de Trabajo y se amenaza a integrantes de la misma. Finalmente en el comunicado se pone un toque de queda a las 6 de la tarde al decir: “no se responde por ninguna persona después de las 6 pm en la calle”. Este comunicado fue firmado por un grupo autodenominado “Grupo revolucionario que lucha por la equidad social”.

En lo que va corrido del mes de junio Cahucopana ha tenido conocimiento del asesinato de 6 personas en el municipio de Segovia y otras 6 en el municipio de Remedios y del desplazamiento de 16 integrantes de la comunidad LGTBI de la comunidad de Remedios frente a las amenazas.

Las comunidades informaron que dicha situación puede ser producto de los hechos de la expansión de redes de microtráfico, el aumento de consumo de estupefacientes que ha percibido y la mercantilización de mujeres por parte de proxenetas que las drogan y ofrecen a cambio de dinero.

La crisis humanitaria y de derechos humanos que se produce en Segovia es también resultado de la presencia de la empresa minera “Gran Colombia Gold” quienes, a través del nombre Zandor Capital, realizaron el masivo despido de trabajadores. Mantienen además una relación directa con grupos paramilitares de la zona, los cuales le prestan seguridad a dicha empresa y a la gran mayoría de las minas que están ubicadas en Segovia. El impacto socio- ambiental producido por la empresa se ve reflejado en la realidad de Segovia con la alta contaminación de residuos de cianuro en las fuentes de agua y la desarticulación del tejido social.

Las amenazas recientes y los asesinatos producidos en Segovia deben llamar la atención de manera oportuna de las instituciones, las autoridades civiles, policiales y judiciales y de los organismos encargados de velar por la prevalencia y garantía de los derechos humanos; no se puede pasar por alto la estigmatización y las amenazas hacia la población LGBTI, a los sindicalistas y hacia los procesos organizativos que se viene gestando en este municipio. Es imperante erradicar la violencia que se da en estos municipios con el objetivo de detener a los actores armados ilegales que pretenden el control del microtráfico y de la producción minera de la zona.

Cabe anotar también la necesidad de que los organismos correspondientes tomen medidas urgentes frente al recrudecimiento de amenazas y homicidios de cara a las próximas elecciones y con respecto a las garantías que se deben dar frente a la participación política.

¿Qué se debería hacer frente a las violaciones a los DDHH?

Se reitera que ante los hechos que historicamente se han presentado en los municipios del nordeste antioqueño, Cahucopana ha exigido al Estado colombiano la atención pertinente sobre la situación de violación de Derechos Humanos, situación que se ha agudizado ad portas de las elecciones locales. Así mismo Cahucopana ha insistido ante la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Alertas Tempranas sobre la necesidad de actualizar el informe de riesgo junto con las medidas coordinadas de las instituciones responsables de atender la situación de derechos humanos de las comunidades de esta región.

Se exige a las autoridades y a los gobiernos locales, regionales y de orden nacional, al Programa para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa y a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, actuar de manera inmediata con el fin de que se tomen las medidas necesarias para que se garantice el absoluto respeto de los derechos a la vida, la integridad personal y psicológica, el trabajo, la libertad y la permanencia en el territorio de los pobladores del Nordeste Antioqueño.

A la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia que realice un monitoreo de la crítica situación de derechos humanos en la región y que emita recomendaciones al Estado colombiano en consecuencia. Al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo que apoye a las organizaciones sociales y campesinas representativas de los intereses de las comunidades de base del Nordeste Antiqueño para que se cumplan las recomendaciones emitidas en el marco del Informe de Riesgo No. 002-12A.I. emitido para la región en lo relacionado con los hechos denunciados.

Se responsabiliza al Estado Colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, de la agudización del conflicto social que vive la región, en donde la población civil queda en medio de las disputas de los grupos paramilitares que plantean “hacer justicia por sus propias manos” poniendo en grave riesgo la vida e integridad de personas ajenas al conflicto social y armado.

Se solicita a la comunidad nacional e internacional acompañar en el seguimiento y monitoreo permanente a la grave situación de derechos humanos por la que atraviesan los pobladores de la región ante los últimos hechos denunciados. Y exigir el cese al fuego bilateral para evitar la agudización de la crisis humanitaria por la que pasan las comunidades de los territorios donde se da la confrontación armada.