Asociación Campesina del Catatumbo
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Teorama, Norte de Santander
Acamcat verifica infracciones al DIH en el corregimiento El Aserrío
Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat / Domingo 12 de julio de 2015
 

El 10 de julio de 2015, ante las constantes denuncias de la comunidad frente a la actuación arbitraria e ilegal de la fuerza pública en el corregimiento el Aserrío y tras la militarización de la zona desde el pasado día 2 de julio que solo contribuye al escalonamiento del conflicto, Ascamcat adelantó comisión de verificación.

Durante la visita a la zona, Ascamcat pudo recoger evidencias fotográficas y video de las múltiples Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de la fuerza pública. De la misma manera, pudimos evidenciar los grandes impactos ambientales perpetuados al río Catatumbo y a varias quebradas afluentes, vegetación y viviendas debidas a los ataques contra el oleoducto perpetrados por la insurgencia, con el derrame del crudo.

La comisión de verificación pudo constatar que soldados del Ejército Nacional se encuentran apostados dentro de las casas de los campesinos de manera permanente al interior del caserío, donde prestan guardia, descansan y se atrincheran durante los hostigamientos y combates que se producen contra la insurgencia. De la misma manera hemos podido constar que los soldados se cobijan del sol y la lluvia debajo de los planchones de algunas casas altas, donde también guardan sus dotaciones y cocinan.

En la calle principal del corregimiento, en cada esquina, hacen presencia entre 2 y 4 uniformados, fuertemente armados, convirtiéndose en un inminente peligro para la población civil y usándolos como escudo humano.

En la comisión de verificación se confirmó que el Ejército Nacional tiene ubicados dos retenes a la entrada y salida del caserío, donde requisan a los campesinos y revisan sus pertenencias y mercados. Estos retenes están impidiendo la libre movilidad de los civiles y generan zozobra entre los campesinos de las 14 veredas que componen el corregimiento, que no pueden a hacer mercado ni vender sus productos, por miedo a señalamientos y a posibles montajes judiciales. Este tipo de atropellos constituyen una violación a la libre movilidad de los civiles y bloqueo económico contra la población civil por motivos propios del conflicto armado del cual no forman parte.

La comunidad afirma que el Ejército no deja circular a los campesinos porque asumen que forman parte de la guerrilla y que se mueven con la intención de dar información a los grupos insurgentes, estigmatizando gravemente al campesinado. Esta situación es una grave infracción al principio de distinción recogido en el Derecho Internacional Humanitario.

Toda esta crisis humanitaria provocó que aproximadamente el 60% de los 1200 habitantes del corregimiento optara por desplazarse de manera forzada hacia otros lugares con el fin de proteger sus vidas ante un posible ataque de la insurgencia que los deje en medio del fuego cruzado, tal y como vino sucediendo en días anteriores.

Otro de los hechos ilegales y de gran preocupación para las comunidades es que denuncian la presencia de encapuchados junto a miembros de ejército, CTI y policía que, al parecer, estarían haciendo señalamientos contra los pobladores, lo cual está generando gran temor ya que de esta misma manera ingresó hace más de 10 años la incursión paramilitar en el Catatumbo y ahora tras la orden gubernamental de exigir resultados en bajas y capturas utilizan este tipo de mecanismos que solo pueden terminar en falsos positivos judiciales.

Desde el día que inició la militarización varias casas fueron violentadas o allanadas con órdenes de captura que finalmente nunca se produjeron. En las casas donde no había nadie entraron a la fuerza, destrozando varias chapas y hurtando dinero y objetos personales como computadores.

Al parecer, en las órdenes de captura solo se describían las casas y no aparecía el nombre de la persona a la que debían detener, según testimonio de los campesinos.
Los comerciantes denuncian que los soldados entran en los establecimientos con sus armas de dotación en posición de ataque y con una actitud hostil hacia los civiles.

Las comunidades cercanas al corregimiento denuncian que no hay garantías para enviar a los niños y niñas a la escuela del vecino corregimiento San Pablo ya que por la presencia de la fuerza pública en las vías y dentro del corregimiento, queda expuesta excesivamente la vía y es el escenario de los continuos enfrentamientos entre la fuerza pública y los diferentes grupos insurgentes. A causa de esto, las clases se encuentran suspendidas en el Aserrío ya que el ejército se encuentra acantonado en la cancha contigua al centro educativo rural, donde también hay un parque de juegos infantiles. Más de 800 escolares tienen suspendida la actividad educativa debido a la situación de orden público en la zona. En el parque central del corregimiento, donde se encuentra la iglesia y el centro de salud, hay varios soldados de manera permanente fuertemente armados, aun cuando es de conocimiento de la fuerza pública y de sus mandos que todos estos bienes son protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y por lo tanto ningún actor armado debe ingresar, atacar o atrincherarse en estos lugares.

Este accionar de la fuerza pública involucra claramente a la población en el conflicto armado e infringe nuevamente el principio de distinción recogido en el DIH, una situación especialmente grave debido a la coyuntura especialmente complicada debido a la escalada en el conflicto armado de las últimas semanas.

La Junta de Acción comunal del Aserrío asegura que la comunidad se siente secuestrada en su propio territorio y que la presencia del Ejército significa un gran peligro para las comunidades y para la propia fuerza pública debido a los enfrentamientos que se puedan producir.

Ascamcat exige al gobierno nacional que abandone su táctica de guerra que involucra a la población civil y viola sistemáticamente el DIH. De la misma manera, exigimos a la insurgencia cese los atentados que causan gran impacto ambiental a las fuentes hídricas, vegetación y biodiversidad en el Catatumbo.

Es una necesidad inaplazable generar las condiciones de des escalamiento del conflicto que nos lleven a un escenario de cese al fuego bilateral permanente irreversible y verificable por la organizaciones sociales y la comunidad internacional.