Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
:: Magdalena Medio, Colombia ::
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A los 60 años de la declaración universal de los derechos humanos
El estado colombiano continúa violando los derechos humanos en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC / Miércoles 10 de diciembre de 2008
 

El estado colombiano y sus agentes, que constitucionalmente deberían garantizar la defensa y la vigencia de los derechos humanos, se constituyen en el violador sistemático de los derechos del campesinado de esta región.

Se priva planificadamente del derecho a la vida de los pobladores y sus líderes. Sólo en la subregión del nordeste antioqueño han sido asesinados por militares 11 campesinos durante los mandatos de Uribe.

En 12 años de existencia de la ACVC han sido asesinados los dirigentes campesinos Orlando Triana Moncada, Diomedes Playonero, Carlos Ramírez, Nelcy Cuesta, Carlos Mario García y Miguel González Gutiérrez. Son decenas los miembros de base de la ACVC y Cahucopana asesinados por militares y sicarios paramilitares en este periodo.

No tenemos el derecho a alimentarnos dignamente. Desde el 2001 cada año son fumigadas centenares de hectáreas de cultivos de coca, arroz, yuca, plátano, maíz, cacao, pastos, selvas y cuerpos de agua de este frágil ecosistema nuestro. Se han presentado abortos en las mujeres, y los niños sometidos a la aspersión con glifosato padecen de enfermedades cutáneas, visuales y respiratorias.

El derecho a la tierra y a la alimentación se limitó ostensiblemente al declararse la región como objeto de operaciones militares permanentes contra las FARC y el ELN, pero que afectan todo el tiempo a civiles, gracias al Plan Colombia y al suspenderse irregularmente, por parte del presidente Uribe, la figura de Zona de Reserva Campesina que engloba la exigibilidad de tierra del campesinado.

Los derechos civiles y políticos del campesinado son vulnerados al tener la ACVC que afrontar numerosos procesos judiciales basados en testimonios de informantes y paramilitares que han llevado a algunos de sus dirigentes a la cárcel. Miguel González Huepa y Andrés Gil todavía se encuentran tras las rejas bajo los mismos cargos de los cuales fueron absueltos otros cuatro dirigentes encarcelados durante este año.

Se dice y se nos sindica sin pruebas de ser de las FARC, de ser parte o brazo político de esta organización guerrillera, todo para burlar el principio de distinción que está obligado a observar cualquier estado firmante de los convenios y protocolos que reglamentan la guerra.

Los últimos tres gobiernos de Colombia han firmado acuerdos con la ACVC, que buscaban prevenir las violaciones de los de derechos humanos, defender y dignificar la vida de los hombres y las mujeres del Magdalena Medio. Nuestro modelo de defensa de los derechos humanos y de desarrollo regional es político, es de diálogo y de vida. Implica una necesaria interlocución con las partes del conflicto, interlocución para llegar acuerdos y hacer posible la vida en medio de la guerra.