“Lo que denunciamos es que sean utilizadas desde fuera y desde dentro, las fuerzas armadas, para cumplir una función desestabilizadora, anti democrática y de iniciación, contra el derecho político que tenemos todos los colombianos de expresar nuestra opinión.” Jaime Pardo Leal (víctima genocidio UP)

En una entrevista realizada al comandante de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional Coronel Marcos Pinto, por el periódico regional “La Opinión” y que fue publicada el sábado 8 de agosto del año 2015, la cual fue titulada “El oficial que dirige al ejército en el Catatumbo se confesó”, el militar arremete con graves acusaciones a la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT- con las siguientes afirmaciones:

1. Pregunta el periódico La Opinión: “Cree usted que este incremento desmesurado de hectáreas cultivadas con coca, así como la aparición de cultivos de marihuana, se dio después del paro del Catatumbo del 2013?”

Contestó el coronel Pinto: “Después de ese paro, el Gobierno y los manifestantes llegaron a unos acuerdos que no se han cumplido. Lo único que hasta hoy, se ha cumplido de esos acuerdos, ha sido la no erradicación y la no aspersión de estos cultivos en el Catatumbo, así como la entrega de aproximadamente 1.200 millones de pesos en algunos apoyos. La sustitución de cultivos y la disminución de los mismos, no se ha cumplido”

Afirma que el incumplimiento se ha dado por parte de los campesinos del Catatumbo, pero ha sido el campesinado, que a pesar de las precarias condiciones económicas que padece el Catatumbo, son quienes han cumplido los acuerdos y lo han hecho de una manera responsable y digna. Familias campesinas, en un número de 400, quienes fueron víctimas de la erradicación forzada cumplieron con el acuerdo de no volver a sembrar cultivos de uso ilícito y se sometieron a esperar y soportar las dilaciones injustificadas y el incumplimiento del Gobierno Nacional.

Los campesinos del Catatumbo y Ascamcat fuimos quienes en la mesa de negociación presentamos al Gobierno una propuesta alternativa de sustitución de cultivos de uso ilícito para que se realizara de manera gradual y concertada. A la fecha no ha habido respuesta por parte del Gobierno Nacional. Se ofrecieron 56 familias campesinas de la vereda la Angalia, municipio de Tibú, para que con ellas se iniciara el plan piloto de sustitución, de una manera gradual y concertada, lo que evidencia que son los campesinos y la ASCAMCAT los que le apuestan a un Catatumbo en paz, con justicia social, sin cultivos ilícitos, con inversión real y soluciones de fondo para el campesinado y demás habitantes del Catatumbo.

2. Pregunta el periódico La Opinión: “¿Sabe si algunas organizaciones que dicen adelantar trabajo social en el Catatumbo están ejerciendo algún tipo de presión para las próximas elecciones?

Contestó el coronel Pinto: “Eso se viene haciendo desde hace tiempo, no solo para estas elecciones. Hay lugares donde es difícil, por la presencia de las redes de apoyo al terrorismo, ya sea de las Farc o del Eln, que todos los partidos políticos puedan llegar a hacer campaña. Hay lugares donde organizaciones que supuestamente están orientadas al apoyo de los campesinos del Catatumbo, se han dedicado a hacer campañas políticas con la ventaja de ser los únicos que pueden desplazarse por esta zona.”

El comandante de la trigésima brigada del Ejército Nacional afirma que las organizaciones sociales del Catatumbo que dan apoyo de los campesinos del de la región son redes de apoyo de las FARC o ELN, poniendo en grave riesgo la integridad personal, familiar y buen nombre de los miembros de la ASCAMCAT y los demás procesos de organización social, continuando con el hostigamientos y persecución por parte de miembros de las fuerzas armadas.

Respecto a que los partidos políticos no pueden llegar a hacer política en la región del Catatumbo, se da porque los campesinos no admiten en sus territorios a los políticos tradicionales o empresas de avales electorales, ya que como víctimas del conflicto armado saben que estos partidos fueron cómplices y creadores de normas y leyes que afectaron al campesinado, que son estos partidos los que apoyaron y financiaron el paramilitarismo, la corrupción y varios de sus miembros se encuentran investigados o condenados por hechos y actos violatorios de los derechos humanos, por infracciones a normas penales y disciplinarias es que los miembros de estos partidos se expusieron al veto social.

Respecto a las campañas políticas que realizan algunas organizaciones sociales, son parte del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos quienes son libres de elegir y ser elegidos, quienes optaron por participar, decidir y ser veedores de todos las actuaciones políticas en sus territorios, quienes entendieron que sus decisiones afectan directamente a la comunidad y a la sociedad. Por lo anterior las organizaciones sociales tenemos el deber y la obligación social de participar, de utilizar todos los mecanismos consagrados en la Constitución Nacional, promovemos los derechos de los campesinos y propiciamos el empoderamiento de sus derechos y en desarrollo de esto decidimos intervenir en los mecanismos de participación y a ser veedoras de estas formas de intervención política.

Efectivamente ASCAMCAT es una organización social activa en la región en el marco constitucional y nuestra actuación está en el legítimo derecho de hacer política; por los que se ha decidido implementar el ejercicio de “nueva forma de hacer política", en el entendido de la participación democrática, activa y masiva de los campesinos y campesinas de la región del Catatumbo.

3. Pregunta el periódico la Opinión: “¿Qué organizaciones concretamente?

Contestó el coronel Pinto: “Estoy hablando específicamente de Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo), que ha hecho presencia en varios cascos urbanos para adelantar actividades políticas, para escoger candidatos. Obviamente que lo pueden hacer porque es una organización legal, pero pues con eso lo que están mostrando es su verdadera intención que es la de hacer política. Hace poco Ascamcat hizo un documento en el que afirmaba que la presencia militar en el Catatumbo amenazaba el cese unilateral decretado por la guerrilla de las Farc. Uno se pregunta, ¿qué tiene que ver Ascamcat con eso? ¿Por qué están hablando como si fueran voceros de las Farc, si se supone que no tienen ninguna relación? Pues, porque la verdad es otra, la verdad es que para moverse allá y poder transitar como transitan, algún tipo de relación deben tener”.

Nosotros como Ascamcat no estamos rechazando la presencia de la fuerza pública en la región, sino el aumento del pie de fuerza y la violación sistemática de los DDHH e infracción del DIH. Denunciábamos que el aumento del pie de fuerza amenazaba el cese unilateral decretado por las FARC y no lo hicimos porque tengamos relación con las FARC, como lo afirmó el oficial irresponsablemente, lo hacemos por que como ciudadanos colombianos y víctimas directas del conflicto tenemos el derecho de exigir el respeto y pedir garantía para nuestro derecho a la paz, a vivir dignamente, porque la población civil, los que decidimos no hacer parte de esta guerra, somos los que llevamos la peor parte, somos los que hemos puesto los muertos, los desplazados forzados, los desaparecidos, las mujeres violentadas. Además somos integrantes del proceso Constituyente por la Paz y del Frente Amplio por la Paz, por tanto hacemos parte al proceso de verificación al cumplimiento del cese unilateral decretado por las FARC – EP. Eso no nos hace integrantes, ni voceros de ninguna organización insurgente.

Corresponde a los agentes del Estado respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos, a obrar dentro del marco de la ley y esto le obliga a estos funcionarios no hacer señalamientos y hostigamientos como a los que hace el Coronel en la entrevista ya mencionada.

Pedimos el cumplimento de la directiva presidencial 07 de 1999 en la cual se ordena a todos los servidores públicos abstenerse de cuestionar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y de sus miembros que actúan de acuerdo con la constitución y las leyes. Se ordena no realizar afirmaciones que descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento a las mismas organizaciones y se les manda no emitir declaraciones públicas o privadas que estigmaticen la labor propia de estas organizaciones. Se les pidió a los servidores públicos abstenerse de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, así como la honra y el buen nombre de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros. En caso de conocimiento de algún hecho delictivo cometido por miembros de estas organizaciones, es un deber informar a la autoridad judicial competente.

Ascamcat rechaza contundentemente las falsas acusaciones hechas por el comandante de la Brigada 20, coronel Marcos Pinto.

Responsabilizamos al coronel Pinto y las fuerzas militares de lo que pueda sucederle a cualquier integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo, pues somos miles de campesinos y campesinas quienes hacemos parte de Ascamcat y estas acusaciones ponen en riesgo nuestra vida e integridad.

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional y extendemos a la CIDH, quienes están revisando el tema de las medidas cautelares para ASCAMCAT, este grave hecho como una vulneración a nuestro derecho a organizarnos y trabajar dignamente por el campesinado catatumbero.