En el año 2010 la Corporación Jurídica Yira Castro, presentó una denuncia contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la ejecución extrajudicial en la modalidad de "falsos positivos" de 5 campesinos, miembros de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana).

Estas ejecuciones se dieron dentro del marco de la política de “Seguridad Democrática”, en la que el Ejército Nacional buscaba reclamar los incentivos económicos y profesionales, que el Estado había ofrecido con el objetivo de que las fuerzas militares dieran resultados positivos en la lucha contra los grupos insurgentes. Ante esta violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares, las víctimas aseguraron que no existió una investigación diligente sobre los hechos ni una reparación integral para las víctimas.

La petición realizada por la Corporación en nombre de las víctimas, fue recibida por la CIDH el 30 de marzo de 2010, y transmitida al Estado el 27 de julio de 2010. La admisión de esta denuncia y su acumulación con otras 36 peticiones relacionadas con hechos de ejecuciones extrajudiciales, se convierte en un gran logro en la lucha contra la impunidad que ha cobijado estos crímenes y a sus máximos responsables.