Los escándalos del aparato judicial en Colombia van desde absoluciones a bandidos hasta el cobro de coimas. A esto se suma el desprestigio de las altas cortes y sus diablos que allí viven, como el caso de la joyita de Pretelt, recientemente acusado por el caso de FIDUPETROL. A esos monstruos de la injusticia a diario nos enfrentamos.

Para nadie es un secreto que jueces, fiscales y abogados, aclaro, no todos, algunos, se venden al mejor postor, eso es de voz populi. Lo curioso de todo es que las investigaciones no avanzan, los procesos son engorrosos, personas soportando largas filas para que sean atendidas. Ese es el flagelo que a diario los colombianos deben aguantar.

A esto se suma las concesiones vergonzosas a peligrosos criminales, que evidentemente son un peligro para nuestra sociedad y sin embargo se dan el lujo de delinquir y pagar sus condenas un sus lujosas mansiones. Pongo los casos de Silvia Gette, condenada a más de 6 años por el caso del ganadero asesinado Fernando Cepeda, recibió el beneficio de casa por cárcel. Bernardo Moreno, exsecretario de la presidencia del entonces presidente Álvaro Uribe, fue condenado a 8 años por las chuzaDAS, también recibió el beneficio de casa por cárcel. Lo mismo sucedió con el primo del expresidente Uribe, Mario Uribe, fue condenado a más de 7 años de prisión por sus nexos con narco-paramilitares, a pesar de la gravedad de los hechos, recibió el beneficio de casa por cárcel. Pero no me quiero extender, la lista de criminales que están purgando sus condenas en sus domicilios es extensa.

Pero estas penosas decisiones tomadas por jueces corruptos uno no sabe si son premeditadas o por sapiencia, lo cierto es que una persona que roba un caramelo o un cubo de gallina en un supermercado está expuesta a que sea encarcelada por mucho tiempo. Los ejemplos más claros de decisiones infames de la justicia colombiana son los casos de estudiantes, líderes campesinos, líderes estudiantiles, periodistas y defensores de derechos humanos que son enjuiciados, señalados y estigmatizados infame e injuriosamente. O como el caso de Carolina Sabino, que fue expuesto a la opinión pública como si fuera un carnaval de pueblo. O el caso reciente del líder indígena Feliciano Valencia que fue ilegalmente capturado por aplicarle justicia indígena a un militar, ya que éste último se infiltró en sus mingas. Pero la justicia ancestral e indígena está amparada en la Sentencia de la Corte Constitucional T-523 de 1997, que ratificó el principio de diversidad étnica y cultural, los aborígenes podrán aplicar como castigo: el cepo o fuete. Consiste en la flagelación con “perrero de arriar ganado” o con plantas medicinales, que se ejecuta en la parte inferior de las piernas. Por lo que la captura del líder indígena Feliciano es una muestra de persecución a las luchas y conquistas de nuestros pueblos ancestrales.

Esos son algunos casos que ponen a pensar a la ciudadanía si en realidad quienes administran justicia están haciendo su labor o están siendo influenciados por terceros, preocupa mucho que el aparato judicial se esté desangrando con sus decisiones malévolas y muy apegadas a la injusticia. La pregunta del millón que muchos se hacen ¿por qué para unos si hay justicia y para otros no? Es tanto el desprestigio que la Fiscalía General de la Nación tiene una imagen desfavorable del 52%, según una encuestadora, lo que deja en evidencia que la gente es escéptica de las decisiones judiciales.

Lo único que pedimos los colombianos y las colombianas es que el aparato judicial debe desprenderse de las viejas prácticas politiqueras y dejen de usar la justicia como botín político. Debe haber una restructuración inmediata de todo ese andamiaje perverso y corrupto que por años ha cooptado a jueces, fiscales, magistrados y abogados. Eso debe desaparecer.

Como decía un sabio, ‘’cuando el dinero habla, la justicia calla’’, ojalá algún día el dinero no fuera el que hablara sino las decisiones justas.