Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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Los procesos por las ejecuciones extrajudiciales del Batallón Calibio
Corporación Jurídica Yira Castro / Jueves 4 de diciembre de 2008
 

Entre el 25 y el 27 de noviembre de 2008 en las veredas Puerto Nuevo Ité y Campo Bijao del municipio de Remedios - Antioquia, se llevaron a cabo diligencias judiciales por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), en el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía en contra de miembros del Batallón Calibio por las ejecuciones extrajudiciales de Migel Ángel Gonzalez y Luis Horacio Ladino a comienzos del 2008.

Las ejecuciones extrajudiciales de Miguel Ángel y Luis Horacio fueron denunciadas en su momento por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) y por la Corporación Jurídica Yira Castro junto con una larga lista de delitos, violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, cometidos por las tropas del Batallón Calibio y la Brigada 14 en contra de la población campesina del nordeste antioqueño.

Como consecuencia de los atropellos y los crímenes de la fuerza pública los campesinos del nordeste antioqueño se han visto sometidos a desplazamientos forzados masivos en dos ocasiones en los dos últimos años. Durante estos desplazamientos a la ciudad de Barrancabermeja se realizaron acuerdos con el gobierno nacional los cuales hasta ahora han sido incumplidos.

Exigimos a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría, al Programa Vicepresidencial de Derechos Humanos y a todas las autoridades y entidades regionales y nacionales, que se tomen las medidas necesarias para la protección de las comunidades campesinas del nordeste antioqueño que han colaborado con la realización de las denuncias y de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Invitamos a las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales a acompañar y hacer seguimiento para que se reconozcan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de los crímenes cometidos y para que se garantice que no se cometan nuevos crimenes en contra de dichas comunidades.