La veeduría del Frente Amplio por la Paz hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a estar alerta ante las acciones militares que ponen en grave riesgo a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes.

En un mes la ofensiva militar en la zona de San Pablo, sur de Bolívar, se ha intensificado, generando temor y zozobra en los campesinos que residen en las zonas afectadas.

Durante esa ofensiva militar contrainsurgente tropas del Ejército Nacional arribaron a las veredas Monte Carmelo y Caño Frío y a través de presuntas órdenes de allanamiento ingresaron a las viviendas de los campesinos. Se ha puesto en peligro a la población civil, ya que el Ejército ha ofrecido dádivas y dinero a quienes de manera eficaz suministren información para dar con el paradero de unidades guerrilleras en el sector. Mientras eso transcurrió dos helicópteros sobrevolaron la zona.

El pasado 10 de octubre de 2015, a las 06:30 pm aproximadamente, helicópteros del Ejército Nacional sobrevolaron caseríos y a través de altavoces realizaron advertencias directas sobre una presunta desmovilización de insurgentes del ELN o de lo contrario el caserío iba ser bombardeado.

El 11 de octubre de 2015, en la vereda Monte Carmelo, perteneciente al corregimiento Villanueva, jurisdicción del municipio de San Pablo, Bolívar, tropas del Ejército Nacional pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, retuvieron a tres jóvenes argumentando que eran integrantes de la insurgencia del ELN, intimidándolos y estigmatizándolos por su vestimenta, posteriormente fueron trasladados en helicóptero al municipio de Barrancabermeja, al cabo de unas horas se logró precisar que se trataban de tres jóvenes campesinos sin ninguna relación con la insurgencia.

El pasado 8 de noviembre dos jóvenes de la vereda El Paraíso fueron retenidos por tropas del Ejército Nacional del Batallón Aéreo número 2 Nueva Granada adscritos a la Quinta Brigada, con el argumento de que dichos jóvenes eran miembro activos de la insurgencia del ELN, sin ninguna verificación de dicha información. Ante esta situación la comunidad decidió generar las garantías necesarias para que dichos jóvenes pudiesen comprobar su inocencia mediante los libros de afiliación a la Junta de Acción Comunal, demostrando así que el Ejército Nacional sin verificación y sin pruebas calificaba y estigmatizaba a los campesinos de ser guerrilleros.

Este tipo de accionares militares, en flagrante violación a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario, son una clara persecución a la población campesina, quienes se encuentran en medio de las disputas territoriales producidas por el conflicto sociopolítico y armado que acaece en la zona del sur de Bolívar, ya que en dicho territorio se encuentran los frentes 24 de las FARC y del bloque Héroes Mártires de Santa Rosa del ELN. Por lo tanto en la zona se viene agudizando los hechos de violencia.

Esto demuestra la reiterada acción del Ejercito Nacional que por medio de las armas intimidan a la población campesina, condenando o señalando a la población civil y manipulando las tipificaciones de delito según su objetivo militar, acciones de uso perverso del poder, que incluso no son de competencia de la fuerza pública. Con el agravante de que se incurre también en una posible manipulación de testigos para inculpar a inocentes, se realizan allanamientos sin autorización y se pone en peligro a las comunidades.

La situación se hace más dramática debido a la persecución que se viene generando contra el campesinado que vive de la siembra de la hoja de coca, compleja dinámica de producción de capitales de la que se sostiene la abandonada población campesina del sur de Bolívar. Así mismo la actividad de explotación minera de forma artesanal y de minería comunitaria es claramente declarada objetivo militar, evidenciando el comportamiento represivo e intimidante de la fuerza pública. Esto ha venido agudizando las rupturas del tejido social, desencadenando desplazamientos y complejizando otros escenarios de violencia en la cotidianidad de los pobladores de la región del sur de Bolívar como consecuencia de las condiciones materiales de vida y las precarias atenciones integrales a los derechos fundamentales que es responsabilidad del Estado.

Se evidencia también con preocupación que se pone en peligro el cese unilateral decretado por las FARC el pasado 20 de julio, pues de continuar los operativos en la región podría efectuarse eventualmente algún enfrentamiento con esta guerrilla colocando en peligro no sólo a las comunidades de la región, sino también los diálogos que se vienen desarrollando en La Habana.