El pasado miércoles 18 de noviembre, desde las 2:30 a.m, en el sector Oasis de Moravia en Medellín, 500 integrantes del ESMAD desalojaron por la fuerza a 38 familias. Estas acciones se han vuelto constantes durante la actual administración de la ciudad. En el mes de mayo se denunció el intento de desalojo a esta misma comunidad, diligencia que fue suspendida por el fallo de un juez de primera instancia en el que quedaba claro que estas familias no podían ser desalojadas hasta tanto no se garantizara su derecho a una vivienda digna. En ese mismo mes se denunció también el desalojo forzado de más de 1500 personas en el asentamiento Villa Café.

A ninguna de estas familias la administración municipal les ha garantizado hasta el momento soluciones habitacionales dignas para su reubicación. De las 38 familias que fueron desalojadas en El Oasis sólo se está ofreciendo albergue temporal y subsidios de vivienda a aquellas que sean víctimas del conflicto armado y a adultos mayores, vulnerando así los derechos de las demás familias; de niños, niñas y mujeres a una vida y vivienda dignas, así como a la salud y al bienestar social.

Estas acciones violentas en contra de la población más pobre de las ciudades no sólo se cometen en Medellín. En Cali desde el pasado 12 de noviembre se adelantan acciones de desalojo en el Asentamiento Las Orquídeas, ubicado en la comuna 14 del Distrito de Aguablanca, sector oriental de la ciudad. Son ya 75 familias despojadas de sus viviendas y de su territorio por la fuerza policial sin tener acceso tampoco a reubicación y soluciones habitacionales dignas.

El Senador de la República Alberto Castilla, integrante del Polo Democrático Alternativo, como dirigente del Movimiento Social colombiano, recuerda al Ministro de Vivienda Luis Felipe Henao que los desalojos forzosos están prohibidos por pactos internacionales ratificados por Colombia, como lo ha dicho en varias ocasiones el Comité de Derechos Sociales de Naciones Unidas, que ha planteado que los desalojos se pueden llevar a cabo de forma legal, únicamente en circunstancias excepcionales y de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos.
Manifiesta también su rechazo y preocupación por estas acciones en contra de las familias más pobres de las ciudades colombianas. Los desalojos evidencian el fracaso de las políticas de vivienda nacionales y municipales, preocupadas más por la generación de riqueza de las grandes constructoras que por superar el déficit habitacional y garantizar los derechos de las familias a la vivienda digna.

Por todo lo anterior se exige al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en cabeza de Luis Felipe Henao tener en cuenta la normativa internacional en materia de desalojos forzados en el país y garantizar a las familias desalojadas en estos hechos sus derechos a vivienda digna, salud y seguridad social.