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Columna de opinión
Isagén, el negocio del año: un acto de malgobierno y corrupción
“Pierde el pueblo colombiano y se benefician unos pocos”
Judith Maldonado Mojica / Jueves 21 de enero de 2016
 

¿Qué perdimos? [1]

El 57,6% de Isagén. Es una empresa de generación y comercialización de energía nacida el primero de mayo de 1995, es la tercera más grande en generación energética en el país. Las centrales hidroeléctricas que hacen parte de esta empresa son las de Sogamoso, del Río Amoyá, Miel I, Termocentro, Calderas, Jaguas y San Carlos.

Perdimos y ponemos en riesgo lo que algunos han llamado la soberanía energética, y por supuesto estamos perdiendo los activos de nuestro patrimonio público, para cualquiera con sentido común es apenas lógico que si vendemos lo que tenemos y lo que genera ingresos para el país, ¿Cómo vamos a cubrir los gastos y los préstamos? La respuesta ya viene en camino: desmonte de garantías sociales (salud, educación, deporte, cultura, etc.), aumento de impuestos y de tasas, y por supuesto más y más deudas.

¿Dónde está la participación política del pueblo colombiano?

Pareciera ya común que las decisiones que más afectan al pueblo colombiano en asuntos que resultan de interés nacional se toman precisamente en las fechas de fin y de comienzo de año, haciendo uso de los momentos en que las personas, las familias y las organizaciones disfrutan de algunos espacios de merecido descanso. Como ocurrió en su momento con la reglamentación de la ley de víctimas y de la ley de justicia y paz; contando además por supuesto con el apoyo, ocultamiento y distracción de los medios de comunicación, donde por supuesto es mucho más grave la pérdida de una corona de Miss Universo que la pérdida del patrimonio público. Y donde no importa precisamente la crisis ambiental, la sequía y la escasez de agua que vive el país. Quienes mal gobiernan este país seguirán tomando decisiones en contra del clamor, de los deseos, de los mandatos populares y de la voluntad del pueblo.

Venimos de un año en el que se convocó en todo el país a elecciones populares de autoridades locales, situación que muestra que la verdadera y única participación del pueblo es a través del voto, pero resulta curioso que en esta supuesta y antigua democracia y soberanía popular el pueblo no tenga la mínima participación en las decisiones administrativas, económicas y legislativas que son al final las que terminan afectando directamente nuestras vidas, la de nuestras familias y comunidades. Terminamos únicamente depositando un voto cada cuatro años, mientras la clase politiquera (mal llamada gobernantes) y corrupta hace en ese mismo tiempo lo que quiere con nuestro territorio, repartiendo a diestra y siniestra lo que nos pertenece a todos.

¿Qué participación tenemos para definir el monto del salario mínimo?, ¿por qué no podemos por ejemplo definir un salario máximo?, con lo que claramente se reduce la carga fiscal del Estado atendiendo a los exagerados ingresos de los malos gobernantes: Presidente (24 millones 700 mil pesos), Vicepresidente (19 millones 435 mil pesos), congresistas (24 millones de pesos), ministros (13 millones 800 mil pesos), generales (sólo uno le cuestan al país cerca de 1.800 millones, en el presupuesto de 2014 para el pasivo pensional del sector defensa es de $5,1 billones, o sea una cifra cercana a la venta de Isagén) gobernadores (17 millones), presidente de Ecopetrol (66 millones de pesos al mes).

¿Por qué no podemos intervenir en la definición del Presupuesto Nacional en el que claramente se destinan considerables recursos para el gasto militar y la guerra? Se estima que este presupuesto es de 220 billones de pesos, lo que significaría 3 millones de casas por valor de 70 millones de pesos), y casi nada para educación, cultura, deporte, arte, recreación e investigación, entre muchos otros.

¿Por qué el gobierno decidió que Colombia debía ser un país minero y no defender el país mega diverso ambiental y cultural que tenemos? Y ¿por qué no podemos participar en la defensa y protección de lo público que finalmente significa lo que es de todos y que por eso se llama patrimonio nacional?

Definitivamente tenemos muy malos gobernantes, quienes llevan vendiendo todo lo que tenemos para pagar las muchas y altas deudas que suscriben, y sin embargo vemos como se siguen aumentando los impuestos directos y las tasas; los que tenemos gobernando el país y las regiones son definitivamente la representación de la clase más criminal y corrupta que se ha especializado, profesionalizado y burocratizado para beneficiarse de manera particular de lo público.

¿Quiénes intervinieron y quiénes se benefician con la venta de Isagén?

Es claro que este negocio no compromete sólo la responsabilidad del gobierno de Juan Manuel Santos, sino también la del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ya que fue precisamente en su mandato, y siendo Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, en abril de 2009 el momento en que se suscribió el contrato No. 2091312 entre Fonade y Credit Suisse-Inverlink, el cual contempla el pago $ 2.500 millones de honorarios y 0,35 % por una cláusula de éxito, por la venta de Isagén la cual se estima en 22.700 millones de pesos, así que acá claramente vemos el origen y el beneficio directo que recibirán los que favorecieron esta negociación [2]
. Por supuesto resulta no sólo cínica sino atrevida y mentirosa la supuesta oposición y crítica de la bancada del Centro Democrático liderada por quien es su ungida figura, ya que durante su mandato se promovieron la venta y privatización de activos oficiales como Granahorrar, Bancafé, Telecom y Ecogas y el 10 % de las acciones de Ecopetrol, así como las electrificadoras de Santander y Cundinamarca. Finalmente en el 2007, el gobierno de Álvaro Uribe vendió el 19,2 por ciento de la empresa Isagén.

Oscura hoja de vida representa para los intereses del país esta Alianza Credit Suisse-Inverlink, responsable de la venta de la privatización del Banco de Colombia, las hidroeléctricas de Betania y Chivor, la Termoeléctrica de Cartagena y de Transelca.

Como se ha anunciado en los medios, la oferta realizada Brookfield por Isagén y que el Gobierno aceptó por 6,49 billones de pesos, de los cuales aproximadamente el 22 de enero se tiene previsto para que el comprador le endose el cheque al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) otra nueva institución y estructura burocrática que se crea.

Por supuesto se permite y promueve la monopolización del manejo de la energía, lo que nos va llevar luego a que controlen la oferta y los precios, se pone de esta manera en riesgo la soberanía de los países y la posibilidad de autodeterminación de los pueblos, la firma que se quedó con la mayoría de acciones de Isagén Brookfield Asset Management (BAM) es una gestora de fondos de capital privado que posee activos de energía, infraestructura y bienes raíces por valor de 225.000 millones de dólares, con pequeñas hidroeléctricas, parques eólicos y plantas de generación de energía con biomasa, que además cuenta con 250 plantas de generación de energía, de las cuales 207 son de hidroelectricidad. Así mismo la compañía tiene 7.300 megavatios de capacidad instalada en los países donde opera y una capacidad de generación de 25.766 GWh.

Y la justificación más mentirosa para el país

Argumentos que sólo podrían justificarse en la forma de actuar de Simón el bobito (que pretende obtener leche tirando la cola de la vacas, y de comprar pasteles sin tener con que pagarlos, de pescar en un balde y de patinar en hielo casi descongelado), son los que expone el Departamento Nacional de Planeación diciendo que con la venta de Isagén se van a financiar obras de infraestructura como las vías 4G, razones que son de fábula, ya que por un lado estas vías no están pendientes de estructuración o adjudicación y la mayoría de ellas son proyectos que están listos para iniciar su construcción y que se encuentran en cierres financieros, además la inversión en estas vías se estima en 40 billones, así que no es suficiente lo que aporta esta venta a dicho propósito.

¿Qué debemos hacer?

Por supuesto que yo hago parte de la generación que no sólo está cansada de la corrupción, del mal gobierno y de que sean los intereses particulares los que se impongan por encima del beneficio común y del buen vivir de pueblo, ese que trabaja para salir adelante y que ha sido históricamente marginado, excluido y oprimido.

La reciente experiencia de participación política, a mí como a cientos y miles de nortesantandereanos, nos hizo volver a tener esperanza en que podemos cambiar las formas de hacer política, y eso es a través de los mandatos populares: que sea el pueblo el que decida qué debe pasar con la política energética y ambiental de este país y que los gobernantes sean quienes cumplan el mandato popular. En mi humilde opinión es urgente convocar una Constituyente Nacional para resolver este tema y hacer toda la incidencia política para que los gobernantes se sometan a la voluntad del pueblo que es como dice la Constitución, donde reside el poder y la soberanía, y la forma cómo debemos hacernos sentir es con la movilización, con la presión social, con la protesta en las calles y utilizando todas las acciones de hecho y de derecho para hacer cumplir de manera pacífica nuestra voluntad.

¡Por la defensa de lo nuestro construyamos poder popular!