La semana pasada las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP en la Mesa de La Habana, les anunciaron al país la determinación de acudir a las Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad se encargue de la verificación de los procesos de cese de fuegos bilateral y definitivo, hostilidades y de la dejación de las armas por parte de la guerrilla, una vez los acuerdos queden pactados y en firme.

Es una fórmula sin precedentes porque excluye cualquier posibilidad de la presencia de Cascos Azules de la ONU o de cualquier componente militar internacional. La misión le será encargada al Consejo de Seguridad, que integrará una comisión civil de países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, más en concreto de la Celac. En un principio se dijo que estarían excluidos los países fronterizos, pero voceros de las dos partes aclararon que si el Consejo de Seguridad incluye en la misión a países vecinos de Colombia, no serán vetados u objetados.

Es un acuerdo trascendental, según los entendidos, porque las funciones de la comisión de verificación serán monitorear y verificar que se cumplan los acuerdos pactados.

Verificación simétrica

El tiempo de la misión es de 12 meses pero podrá ser prorrogado por las partes. No quiere decir esto que la misión del Consejo de Seguridad recibirá las armas que deje la guerrilla, sino que verificará que se cumplan los acuerdos de dejación de armas convenidos por las dos partes en la mesa. Es lo contrario a lo que dijo la canciller María Ángela Holguín en el diario El Tiempo (Domingo 24 de enero de 2016, página 2): “Desarme de las FARC se hará ante componente internacional”. Es la manida costumbre de los altos voceros gubernamentales de opinar por fuera de los acuerdos de la mesa que son de consenso y que no admiten ningún tipo de unilateralidad.

El mecanismo de verificación, vale la pena precisarlo, es tripartito: Gobierno Nacional, FARC-EP y el componente internacional, representado en una misión política especial de la ONU, integrada por países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“La verificación, como lo explica la Revista Semana en circulación, es simétrica, es decir, se ocupará de los actos tanto de la guerrilla como del Gobierno en relación al cese del fuego y la dejación de armas”. La comisión podrá estar integrada antes de los acuerdos definitivos, pero solo entrará en función cuando estos se den y sean conocidos.

Dinamizar el diálogo

De otra parte, las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, divulgaron en el Comunicado Conjunto No. 66 del 22 de enero del año en curso, la “voluntad y el compromiso de concluir estas conversaciones, para lo cual hemos tomado unas decisiones que facilitan la creación de un escenario de cierre”.

Decidieron conformar una Comisión Ejecutiva, integrada por miembros de las delegaciones de paz, “con el fin de facilitar las aproximaciones en el nivel estratégico, tomar las decisiones a que haya lugar para agilizar la redacción de acuerdos y supervisar el trabajo de las delegaciones”.

También acordaron fijar un plan de trabajo y un cronograma para abordar los temas restantes como los pendientes de los acuerdos ya logrados. Si es necesario crearán nuevas comisiones de trabajo para debatir y aprobar los pendientes. De estos hay en todos los temas aprobados (cuatro puntos), que deben abordarse para buscar los acuerdos, además que la mesa tendrá que llegar al consenso sobre el cese bilateral de fuegos y hostilidades y la dejación de las armas; así como sobre implementación, verificación y refrendación. En casi todos hay contradicciones y diferencias entre las partes. En el punto 3 “Fin del conflicto” está incluida la discusión sobre el paramilitarismo. Las FARC-EP han dicho, en reiteradas ocasiones, que mientras este exista será imposible la paz. No puede continuar el gobierno sin darse por aludido cada vez que se trata este asunto que es de su estricta responsabilidad. El paramilitarismo es criatura del Estado.

Un nuevo foro

Las subcomisiones que vienen trabajando por más de un semestre sobre el fin de conflicto entregaron las conclusiones de trabajo el pasado sábado 23 de enero. En el mismo sentido la Subcomisión de Género deberá entregar sus conclusiones a la mayor brevedad posible.

Según el comunicado, “las delegaciones trabajarán en adelante de manera continua, extendiendo los tiempos de permanencia de la delegación del Gobierno en La Habana, y que los días de reunión se podrán planificar de una manera que facilite el intercambio de propuestas concretas sobre los temas restantes, que están todos interrelacionados. Por ejemplo, las delegaciones podrán trabajar varios días por separado y reunir la Comisión Ejecutiva cada vez que sea necesario en el Palacio de Convenciones o en otro lugar”.

Ambas partes le solicitaron a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, la realización de foros sobre los dos temas que están en discusión; Fin del Conflicto e Implementación, verificación y refrendación.

El objetivo es cumplir la meta del 23 de marzo, aunque no es seguro que puedan lograrlo. Quedan muchos pendientes y dos temas complejos, no serán fáciles los acuerdos en un tiempo tan cercano (dos meses).

“Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia”, dice el comunicado, pero esto último debe extenderse no solo al silencio de las armas sino a la necesidad de generar un ambiente de confianza en el país sobre la base de mejorar las condiciones de vida y sociales de la población colombiana. La venta de Isagén y la anunciada reforma tributaria colmó la paciencia de los trabajadores y de los sectores más explotados e ignorados por el régimen; la gente del común está por la protesta popular y apoya la realización de un paro nacional contra el gobierno de Santos.

Ambiente para la paz

Los anuncios recientes estuvieron enmarcados en la concreción, por fin, del indulto de 30 guerrilleros, promesa gubernamental que se estaba dilatando. Al tiempo, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerec), reconoció que el último semestre fue el más pacífico en 51 años de conflicto interno.

Los ojos del país y del mundo están en La Habana. Llegó el momento de cerrar el conflicto mediante el acuerdo de paz estable y duradera. Existe la voluntad de las partes y en esa dirección están trabajando. Pero en Colombia se espera mucho más del Gobierno, no puede seguir cerrado a las reformas sociales y políticas, aferrado a la política neoliberal a favor de los monopolios, las transnacionales, los grupos económicos y el capital financiero. de justicia social. El fin del conflicto debe crear condiciones para un nuevo país.