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Irregularidades en el proceso contra Húber Ballesteros
Próximo lunes 8 de febrero: audiencia de solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento
Campaña Yo Te Nombro Libertad / Viernes 5 de febrero de 2016
 

La Campaña Nacional e Internacional “Yo te nombro libertad” denuncia y hace públicas situaciones que violentan los derechos fundamentales de Huber Ballesteros Gómez quien, en calidad de prisionero político de conciencia, se encuentra recluido en la cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá.

El 25 de agosto del año 2013 la Fiscalía General de la Nación profirió orden de captura por los presuntos delitos de rebelión y financiación al terrorismo contra Huber de Jesús Ballesteros Gómez, quien al momento de su detención integraba la Comisión de Negociación del Paro Nacional Agrario y Popular, habiéndose reunido tres días antes de su detención, el 22 de agosto de 2013, con el presidente del Senado y varios representantes a la cámara con el propósito de generar escenarios de diálogo entre los campesinos y el Gobierno Nacional. El paro agrario de ese año se convertiría en la movilización agraria más importante y con mayor contundencia en los últimos 30 años de la historia colombiana.

Huber es un destacado defensor de los derechos humanos y un dirigente agrario, sindical y político de oposición; dicho liderazgo se remonta a década de los 80’s como integrante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y a partir de allí como líder agrario del Sindicato de Pequeños Agricultores del Departamento del Cauca –Simpeagric– y de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-CUT) donde ocupó diversos cargos directivos desde 1994. En 1997, tras el asesinato del dirigente agrario Víctor Julio Garzón, asumió la secretaría general de esta organización social y con posterioridad ocupó otros cargos como Vicepresidente y responsable de relaciones internacionales del Comité Ejecutivo Nacional , siendo a su vez integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT–, vocero de la Mesa Nacional y Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos –MIA– y de la Junta Patriótica Nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Desde que Huber fue privado de la libertad han pasado 29 meses y su situación jurídica sigue sin resolverse. Son múltiples las circunstancias en las que se ha develado la intencionalidad política que hay detrás de un juicio que pretende adelantarse sobre la base de evidencias manipuladas, falsos testimonios y la complicidad de jueces y fiscales.

A partir de la acusación en la que la Fiscalía señala que el dirigente supuestamente promovía y divulgaba el ideario de las FARC-EP, y que mantenía relación con altos mandos de dicha guerrilla, las supuestas pruebas bajo las cuales se ha realizado la imputación no hacen referencia a hechos concretos, lo que pone en evidencia cómo los señalamientos y la persecución contra los dirigentes agrarios y sociales sindicándolos del delito de rebelión, son características del procesamiento de defensores de Derechos Humanos en Colombia.

Las irregularidades en torno al debido proceso han estado presentes durante el tránsito de la acusación. En múltiples ocasiones el derecho fundamental a ejercer una defensa adecuada a su favor ha sido violentado pues, ante la insistencia de tener tiempo suficiente para contar con los elementos debidos, el Juez de conocimiento no ha dudado en reprochar y señalar ésta como una conducta dilatoria y tramposa por parte del acusado. Antecedidos por una acusación ambigua, los testimonios de Raúl Agudelo Medina alias “Olivo Saldaña” y de Jorge Didier Polanía Sánchez, ambos desmovilizados de la insurgencia, son presentados como las “pruebas reina” de la Fiscalía pese a que dichos testimonios carecen de veracidad. Sobre este aspecto es importante señalar que en la actualidad se adelanta un proceso penal contra alias “Olivo Saldaña” por haber organizado junto con Luis Carlos Restrepo, ex Alto Comisionado de Paz del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la entrega de una supuesta estructura guerrillera de las FARC-EP y luego de años de litigio se comprobó que en realidad nunca existió tal estructura y que por el contrario fue otro de los tantos montajes mediáticos que ocurrieron en ese oscuro periodo: el supuesto frente “Cacica La Gaitana”. Los dos hombres que acusan a Huber han estado involucrados en varios procesos contra otros dirigentes de Fensuagro en los que se ha comprobado la falsedad de sus testimonios, llevando finalmente a la absolución de los cargos imputados.

A partir de la información encontrada en los supuestos computadores pertenecientes a comandantes de la guerrilla como Alias Raúl Reyes e Iván Ríos, obtenidos en operaciones militares y cuyo acceso ha sido denegado en repetidas ocasiones a la defensa argumentando para ello razones de seguridad nacional, se pretende sustentar las acusaciones que la misma Fiscalía ubica en presuntas conversaciones que abarcan hasta octubre de 2011; dos años antes de producirse la detención. Este material probatorio (computadores) ha sido cuestionado por la Corte Suprema de Justicia y algunos Tribunales Superiores.

Resulta más que reprochable que el juez de conocimiento del proceso, Guillermo Sanabria Cruz, Juez Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, haya validado las anteriores vulneraciones al principio de igualdad de armas y de legalidad de la prueba a cargo de la Fiscalía, sentando además con ello nuevas violaciones a los derechos de defensa y a un debido proceso.

Por otra parte el papel de instituciones del Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, ha dejado huella de actuaciones negligentes y mal intencionadas en desmedro de las garantías del dirigente político, quien al no contar con la posibilidad de ser asistido por un abogado de confianza acudió desde finales de 2014 a la posibilidad constitucional y legal de solicitar un defensor público. Hecho a partir del cual debió asumir la desidia y el desinterés de quien fue designado al interior de la entidad para atender su caso, ocasionando así un detrimento significativo a su derecho de contar con una defensa técnica y material adecuada.

Pese al vencimiento de términos procesales y habiéndose realizado audiencia el 4 de diciembre de 2015, la juez 4 con funciones de control de garantías negó la solicitud de libertad cargando en contra de Huber el tiempo en el que fue representado por la Defensoría, decisión que fue confirmada el pasado 25 de enero por el Tribunal Superior del Distrito Judicial. Y es que han sido múltiples las acciones adelantadas en el proceso penal ordinario, además del empleo de acciones constitucionales, siendo los resultados negativos en todas las oportunidades, tanto para obtener la recuperación de su libertad, como para intentar un procedimiento acorde con las garantías propias de un debido proceso. En fecha reciente se instauró un recurso de Habeas Corpus que fue nuevamente negado por el Tribunal.

Con todas y cada una de las precisiones que pueden hacerse resulta evidente que nos encontramos frente a un auténtico caso de discriminación y persecución en virtud de una elección legítima y legal por el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos y la oposición política en Colombia. Huber Ballesteros ha sido sometido, al igual que cientos de líderes de diversos sectores sociales, a un proceso reiterado de negación de su libertad y de sus derechos fundamentales por el hecho mismo de adelantar una lucha frontal contra la injusticia de un sistema que condena a las mayorías a la miseria y al desarraigo.

Por ello se exige al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, la libertad inmediata de Huber Ballesteros Gómez como gesto sincero de la decisión de poner fin a la persecución a los luchadores sociales en la intención de transitar hacia condiciones distintas que permitan cimentar las bases de una sociedad que renuncie a la represión violenta de las diferencias.

De igual manera se insta con urgencia a todas las instituciones y organismos encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a las organizaciones sociales en Colombia a realizar una especial vigilancia a la audiencia de solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento programada para el próximo lunes 8 de febrero, a mantener un constante acompañamiento al proceso penal que se adelanta en la actualidad en medio de notorias irregularidades y con el fundado interés de negarle a los sectores populares la oportunidad de contar con la libertad de uno de los dirigentes con mayor trayectoria y reconocimiento en el país.

Huber ha sido y seguirá siendo el ejemplo de nuevas generaciones de luchadores del pueblo, los mismos que no descansaremos hasta verlo en libertad para continuar junto a él y junto a todos los prisioneros políticos haciendo realidad el sueño de una Colombia distinta.