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Plan Colombia o cómo justificar el asesinato y la persecución política
Adelaida Nikolayeva / Domingo 7 de febrero de 2016
 

El Plan Colombia se diseñó como una estrategia, por un lado, para fortalecer militarmente y mediáticamente las Fuerzas Armadas del país, y continuar, por el otro, la política antinarcóticos de los Estados Unidos que ha sido un fracaso.

El plan también fue un fracaso ya que causó una gran tragedia humanitaria durante los 15 años de su ejecución (2000-2015). Las cifras sobre las víctimas del conflicto armado de diferentes organizaciones e instituciones, como la del Centro Nacional de la Memoria Histórica, que elaboró el informe Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad; lo comprueban. Entre 1958 y 2012 fueron asesinadas 220.000 personas, de las cuales 180.000 eran civiles. Se cometieron 1.982 masacres, hubo 25.000 desaparecidos, más de 5.000 falsos positivos y más de 6 millones de desplazados.

Las consecuencias ambientales tras 15 años de guerra antinarcóticos, a partir de la fumigación con glifosato sobre millones de hectáreas de bosques, animales, ríos y comunidades campesinas, aun no se conocen, salvo estudios y denuncias puntuales sobre el contenido cancerígeno del glifosato y la afectación a la salud de las personas.

El Plan tuvo además un enfoque geopolítico, creando uno de los ejércitos más bien armados y poderosos en la región andina, para disuadir las naciones que se rigen bajo un modelo político y económico diferente al colombiano, como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, que han escogido distanciarse del modelo neoliberal y privatizador, que han construido una política de relacionamiento internacional independiente y soberano. Tal es el caso de la base militar de Manta de Estados Unidos en Ecuador, la cual salió del país bajo el gobierno de Rafael Correa en el 2009, luego de que se supo que desde allí se llevó a cabo el bombardeo al campamento donde murió el comandante de las FARC Raúl Reyes, el 1 de marzo del 2008.

El Plan Colombia también tuvo un importante componente ideológico. Estuvo acompañado de una incisiva campaña de publicidad en donde la construcción de un relato unilateral sobre la guerra, sus orígenes y responsables, fue determinante para justificarla ante el país y la llamada opinión pública. Esta dura matriz de opinión diseñada por especialistas en propaganda justificó la estrategia paramilitar, en ese entonces en un proceso de consolidación y expansión, sin que hubiese ningún impedimento real del Estado, por la responsabilidad del paramilitarismo en el asesinato de miles de civiles.

Si bien es cierto que muchos sectores aceptaron la implementación de la estrategia contrainsurgente, no solo la paramilitar sino también la mediática, también lo es que varias generaciones fueron testigos de cómo se proclamaba héroe a un ejército implicado en miles de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Así como se aceptó el señalamiento, la persecución y el exterminio de organizaciones sociales y políticas que hacían parte de la oposición.

El resultado de este peligroso discurso mediático y propagandístico puso al país presa de una mentira donde el Estado negoció fácilmente con los paramilitares. Pero también hizo que una mayoría de ciudadanos desconozca los orígenes del conflicto, las causas y las responsabilidades históricas de un Estado profundamente injusto, antidemocrático y desigual.

Hoy, en medio de las negociaciones de La Habana, es evidente el retroceso político de quienes ayudaron a construir irresponsablemente un relato simple sobre la guerra. Por eso han tenido que aceptar que se creara la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, donde se plantea la importancia de la memoria, la verdad y la historia para que las generaciones presentes y futuras conozcan la verdad de lo que pasó durante más de cinco décadas de conflicto armado.

A 15 años del Plan Colombia y cuando se habla del nuevo Plan Paz desde Washignton, habría que reclamarle a los Estados Unidos que reconozca su responsabilidad en la gigantesca tragedia humanitaria que se perpetró durante la implementación del Plan; en el diseño unilateral del relato sobre la guerra y en la reconstrucción de la verdad, condición fundamental para la reconciliación del país. Sin este compromiso será imposible la independencia y soberanía de Colombia.

El fin de la guerra debe abrir las puertas hacia la construcción de una sociedad justa y democrática, que culmine con un Estado que solo ha sido funcional a los intereses de una potencia extranjera y una minoría política.