Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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A un año del asesinato de Miguel Ángel: nos resistimos al olvido y a la impunidad
Cahucopana / Martes 27 de enero de 2009
 

Hace un año, el 27 de enero de 2008, fue asesinado nuestro compañero, amigo y líder campesino Miguel Ángel Gonzáles Gutiérrez, Galo, como le decían de cariño sus familiares y amigos. Su muerte ocurrió en la vereda Puerto Nuevo Ité, en la región del Nordeste Antioqueño, cuando soldados del Batallón Calibio de la 14 Brigada del Ejército Nacional lo ejecutaron extrajudicialmente.

Miguel Ángel era un reconocido líder campesino. Hacia parte del equipo de trabajo de la Corporación Cahucopana, y era afiliado a la junta de acción comunal de la vereda Puerto Nuevo Ité, desde donde luchaba por la defensa y el respeto de los derechos de los campesinos, tarea en la que denunciaba los atropellos cometidos por los organismos del Estado en la región.

Miguel Ángel era hijo del también líder y dirigente de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) Miguel Ángel Gonzáles Huepa, quien en días anteriores al asesinato de su hijo había sido detenido por los miembros del mismo batallón, y quienes no conformes con su detención procedieron a cometer este acto criminal del cual esperamos se haga justicia.

Este luctuoso hecho es uno de los tantos crímenes cometidos por las Fuerzas Militares, que desde la implantación de la política de “Seguridad Democrática” se han incrementado, creando un ambiente de impunidad justificado desde la lucha contra el “terrorismo” y la supuesta pacificación del país.

La destitución de 27 militares de altos rangos en octubre de 2008, de los cuales seis hacían parte del Batallón Calibio, que opera en el Nordeste Antioqueño, ha sido la única respuesta que el gobierno ha dado ante estos atropellos. Ha sido evidente la falta de disposición de establecer investigaciones legales que permitan el esclarecimiento de los hechos, de los autores materiales e intelectuales y de los beneficiarios.

Esto demuestra que no son sólo hechos aislados y que no es falta de ética y afán de resultados de las Fuerzas Militares. Hacen parte de una política de extermino de las organizaciones populares y campesinas, y la pretensión de imponer un modelo socioeconómico excluyente, a toda costa, sobre nuestro país.

Con ello se sigue victimizando a la población campesina que históricamente ha sido excluida de la construcción del proyecto de nación, generando así miseria y desplazamiento dentro de estas comunidades, presentándolas como un obstáculo para el desarrollo y modernización de nuestro país, como si los campesinos fueran llamados a ser los sacrificados para que todo esté bien.

Hoy, un año después del asesinato de Miguel, nuevamente exigimos justicia y castigo para los responsables de su muerte. Reiteramos nuestro apoyo y enviamos una voz de aliento a su familia. Exigimos la libertad de Miguel padre, y alentamos a los campesinos del Nordeste Antioqueño a seguir en pie de lucha.