Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
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Vereda Carrizal, Antioquia
Persecución y hostigamiento por parte del Ejército a talleristas de DDHH en Segovia
Marcha Patriótica Antioquia / Miércoles 24 de febrero de 2016
 

La Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Santander denuncia persecución y hostigamiento por parte del Ejército hacia los campesinos que hacían parte del taller de derechos humanos de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra en la vereda Carrizal, del municipio de Segovia en Antioquia.

Desde mediados del mes de enero del año en curso se venía adelantando un proceso de talleres de derechos humanos por parte de la ACVC en el Nordeste Antioqueño. A dichos talleres asistieron diferentes líderes sociales, populares y estudiantiles de los departamentos de Santander y Antioquia, quienes se han destacado por ser defensores de derechos humanos en sus respectivas regiones.

En pasado 23 de febrero de 2016 el bus en el que se desplazaban los asistentes al taller, en inmediaciones de la vereda Carrizal, fueron detenidos de manera ilegal en un retén militar donde fueron violentados por parte de los militares y violados sus derechos ya que fueron empadronados, fotografiados, humillados, señalados y estigmatizados.

Este procedimiento ilegal fue ejecutado por uniformados del Ejército y agentes de civil quienes, en complicidad con medios privados de comunicación, han intentado dañar el buen nombre de quienes hacen parte de la ACVC relacionándolos con la insurgencia, poniendo en riesgo la integridad y vida de estas personas, reviviendo los fatídicos episodios de los falsos positivos que han marcado al Ejército colombiano.

Este individuo, sin ningún tipo de distintivo, fotografió a los campesinos en Segovia con el Ejército.

Por todo lo anterior se exige el cese de las persecuciones, seguimientos, hostigamientos, las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho internacional humanitario en contra de los miembros de Marcha Patriótica tanto a nivel nacional como a nivel departamental y en general en contra de la población civil, principalmente en poblaciones rurales. Se exige también que los órganos de control investiguen, individualicen y sancionen a los responsables de los hechos denunciados y el debido respeto por los principios constitucionales a los defensores de derechos humanos que en todo el país, especialmente en los lugares en los que se vive de forma directa el conflicto político, social y armado que atraviesa Colombia.

Se exigen además garantías constitucionales en aras de mantener el respeto por el DIH y los demás acuerdos ratificados por Colombia en lo concerniente a los derechos humanos y el respeto por la población civil, entendiendo la situación de conflicto político social y armado por el que atraviesa el país. Se exige un pronunciamiento del Estado frente a los hechos que han sido denunciados en relación con las infracciones al DIH, las violaciones de DDHH por parte de la Fuerza Pública y en general el comportamiento de estos agentes del orden público que está por fuera de las normas nacionales e internacionales y que muestre compromisos y acciones reales de paz traducidas en verdaderas garantías a los partidos y movimientos de oposición política, como lo es el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Se solicita por último a las organizaciones sociales y defensoras de DDHH a nivel nacional e internacional que exijan al Estado Colombiano el cumplimiento de los tratados de derechos humanos que han sido ratificados y que se vienen vulnerando constantemente, que de verdaderamente garantías a los movimientos políticos y sociales en el país y realizar un permanente seguimiento y monitoreo con relación a las persecuciones y violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en contra del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y en general de los partidos de oposición.