En la madrugada del lunes 22 de febrero de 2016, sobre la 1:00 de la mañana, un grupo de extrema derecha al servicio del gran capital incendió las carpas de los trabajadores del Consorcio Minero del Cesar –CMC– contratista de Colombian National Resources –CNR I–, de propiedad de la empresa norteamericana Murray Energy, quien compró esa empresa a la firma Goldman Sachs el año pasado, los asalariados están afiliados a Sintramienergetica Seccional Becerril –Funtramiexco–.

Los trabajadores están ubicados en las instalaciones de la empresa a la salida de la Finca El Tocore, en medio de las localidades de Plan Bonito y Boquerón, jurisdicción del municipio La Jagua en Cesar, cuidan 127 equipos pesados de minería de CMC. Quienes pretenden enajenar y despojar los salarios, prestaciones y demás derechos de los trabajadores; están en contra de quienes resisten y protegen el derecho al trabajo desde hace 6 meses. El conflicto laboral cumplió 3 años por la suspensión de las operaciones de la minas La Francia y desde entonces les adeuda sus acreencias laborales, quedando sólo 110 trabajadores de un total de 700 que había en el 2013.

Hay que tener en cuenta que el Estado colombiano ha aplicado todas las formas de violencia contra los trabajadores y contra sus derechos económicos y políticos en esa y otras zonas del país, desde la ilegalización de las huelgas legales y legítimas (9 en total en los últimos 5 años), el cercenamiento de las convenciones colectivas a través de los tribunales de arbitramento, la aplicación del terrorismo de Estado en el asesinato de dirigentes y activistas sindicales, el destierro y encarcelamiento de una parte de ellos, los despidos masivos y el cierre de empresas para burlar dichos derechos; todo esto hace parte de una ofensiva patronal y gubernamental en marcha para exterminar la organización sindical y dejar manos libres al gran capital para que haga y deshaga con sus trabajadores.

Se condenan estos hechos de agresión patronal y gubernamental camuflados que utilizan grupos armados encapuchados quienes, después de intimidar a los trabajadores, quemaron las carpas con sus pertenencias personales y les dieron 24 horas para abandonar la zona y quitar el obstáculo para que la empresa pueda desaparecer la maquinaria.

Se solicita a las organizaciones sindicales, populares y a los partidos y personalidades progresistas sus pronunciamiento de condena a estos hechos y solidaridad tanto moral como económica con estos compañeros agredidos y se exige al Estado que haga cumplir las leyes que protegen el derecho al trabajo y los derechos económicos y sociales de los trabajadores.

Mayores informes: funtramiexco@gmail.com